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El futuro gobierno de la presidenta electa, Laura Fernández, enfrentará en el 2027 —su segundo año de gestión— un entorno fiscal más restrictivo, luego de que el 2025 cerrara con una relación de endeudamiento del gobierno y el producto interno bruto (PIB) de 60,4%, nivel que endurece la aplicación de la regla fiscal.
El Ministerio de Hacienda divulgó este martes el resultado de las finanzas del Gobierno Central. De acuerdo con el informe, el año pasado finalizó con una deuda externa equivalente al 15% del PIB y una interna del 45,4%, para un total de 60,4% del producto interno bruto.
En el 2024, la razón deuda/PIB se ubicó en 58,9%, lo que permitió al Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional del 2026 ingresar a un tramo menos restrictivo de la regla fiscal. Es decir, con un mayor margen para incrementar el gasto.
Lo anterior obedece a que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dispone que, cuando la deuda se mantiene por debajo del 60% del PIB, se aplican límites más flexibles al crecimiento del gasto, lo que permite que este aumente por encima del promedio del PIB nominal.
Sin embargo, al superar ese umbral, el Ejecutivo deberá volver al nivel más estricto de la regla en 2027, con topes más severos para el aumento del gasto público.
En la práctica, este escenario implica límites a los incrementos salariales en el sector público y un menor margen para la inversión de obra pública. En el caso de las pensiones, por ejemplo, únicamente se aplicarían ajustes por costo de vida.
Especialistas consultados por La Nación afirmaron que, aunque el panorama no supone una crisis fiscal, sí podría generar mayor dependencia del sector privado al reducirse el espacio para la inversión pública.
Además, descartaron que el resultado responda a un efecto cambiario y lo atribuyeron, más bien, a decisiones de captación poco prudentes.
Hacienda afirmó, mediante un comunicado, que el comportamiento de la razón deuda/PIB obedece a una “estrategia” para fortalecer la liquidez del Gobierno Central.
Hacienda captó 1.000 millones de euros en el mercado local en noviembre del año pasado, hizo subastas inversas y realizó canjes de deuda con el fin de “hacer un prefondeo” para enfrentar vencimientos de deuda y mitigar riesgos de refinanciamiento en un entorno de alta incertidumbre, confirmó el ministro Rudolf Lücke.
Dichas acciones llevaron al aumento en el saldo nominal de la deuda.
Lücke también indicó que el Banco Central actualizó el año base de las cuentas nacionales, al pasar del 2017 al 2022, y reconstruyó las series históricas con la nueva metodología, lo que altera la estimación del nivel de producción.
En consecuencia, los indicadores fiscales como porcentaje del PIB podrían diferir de los reportados anteriormente.
Impacto en salarios
El exministro de Hacienda, Elian Villegas, señaló a La Nación que uno de los efectos del endurecimiento de la regla fiscal será la ausencia de ajustes salariales para los empleados estatales, así como de incrementos en las pensiones con cargo al presupuesto nacional.
“El aumento de la deuda pública hasta 60,4% del PIB implica que en 2027 no habrá aumento salarial para el sector público ni para los pensionados (...). El Ministerio de Hacienda optó por acumular liquidez adicional, priorizando una caja sobredimensionada en lugar de preservar el espacio fiscal que permitía mantener los incrementos salariales”, resaltó Villegas.
La regla fiscal establece, en su título IV, que cuando la deuda pública sea igual o superior al 60% del PIB no se otorgarán alzas en el salario base ni en otros incentivos. La disposición comenzó a regir en el 2022, tras el repunte del endeudamiento en Costa Rica, lo que implicó casi cuatro años sin ajustes salariales ni en pensiones.
La razón deuda/PIB registrada en el 2024 permitió mayor flexibilidad en el Presupuesto del 2026 y proyectar un alza en remuneraciones. De hecho, el plan contempla un aumento del 5,6% en los sueldos, hasta ¢3,06 billones, frente a los ¢2,9 billones asignados en el 2025.
Tal posibilidad de realizar incrementos ya no estará disponible para el 2027.
Menor margen para obra pública y proyectos de capital
Daniel Ortiz, director ejecutivo de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), explicó que rebasar el umbral del 60% del PIB también impone un tope al crecimiento del gasto público total, que incluye tanto erogaciones corrientes como de capital.
Esto quiere decir, a nivel práctico, que el Gobierno enfrentará una contención en el gasto “del día a día”, como la adquisición de bienes y servicios, así como en inversión, que comprende construcción o compra de activos de larga duración —carreteras, puentes, escuelas, equipo e infraestructura tecnológica— y algunas transferencias para proyectos.
A nivel macroeconómico, afirmó Ortiz, se traduce en menor gasto discrecional, con limitada capacidad de estímulo y mayores restricciones para la inversión pública.
El economista José Luis Arce también advirtió de que a este panorama se suma el debilitamiento de los superávits primarios. A su criterio, “parece imposible” que vuelvan a superar el 1% del PIB o acercarse al 2%. Aunque registren variaciones positivas, estas no serían suficientes para rebasar ese umbral.
Añadió que el crecimiento económico es moderado, por lo que no anticipa una reducción sostenida de la razón deuda/PIB. Por el contrario, considera más probable un aumento.
El exministro Elian Villegas, por su parte, señaló que las cifras fiscales también muestran una disminución en los ingresos tributarios, que pasaron del 13,2% al 12,8% del PIB entre diciembre del 2024 y el 2025, lo que evidencia señales de fatiga en la recaudación.
Villegas advirtió de que esta tendencia representará un desafío en el 2026 para retomar el dinamismo de los ingresos fiscales y compensar otros indicadores.
Expertos desligan resultados de situación cambiaria
Tanto Elian Villegas como José Luis Arce indicaron que el comportamiento de la razón deuda/PIB no obedece directamente a la apreciación del colón registrada en Costa Rica durante los últimos cuatro años.
Explicaron que, aun con un tipo de cambio que reduce el valor contabilizado de la deuda externa, el indicador superó el umbral del 60%. A su juicio, esto demuestra que el repunte no responde a factores cambiarios directamente, sino a decisiones de financiamiento que pudieron manejarse con mayor cautela.
En esa línea, Daniel Ortiz afirmó que este resultado envía “una señal mixta” de Costa Rica a los mercados, al no lograr consolidar una reducción por debajo del umbral del 60%, pese a las condiciones cambiarias favorables actuales.
“El gobierno recibió un proceso de ajuste prácticamente concluido y con una senda de consolidación claramente definida; su tarea era, esencialmente, administrarlo con rigor y continuidad. Sin embargo, los resultados muestran que no logró sostener el impulso heredado”.
— Elian Villegas, exministro de Hacienda.
Hacienda apunta a ‘estrategia’ de liquidez para explicar repunte
Para explicar el repunte de la razón deuda/PIB por encima del 60% del PIB, el Ministerio de Hacienda sostuvo que el resultado responde a una “decisión estratégica de fortalecimiento de la liquidez del Gobierno Central”.
Durante el 2025, el fisco ejecutó una gestión activa de pasivos que incluyó, en noviembre, la captación de 1.000 millones de euros (unos $1.152 millones), correspondiente a la primera emisión en esa moneda realizada por la cartera en el mercado interno.
La colocación vence en el 2030, con un rendimiento del 5,5%, y busca diversificar el portafolio, ampliar la base de inversionistas y mejorar las condiciones de financiamiento del gobierno.
Rudolf Lücke, jerarca de Hacienda, se refirió al resultado durante la presentación del Plan de Financiamiento del Gobierno Central y del Banco Central para el 2026, y señaló que el efecto inmediato es que, en el 2027, el presupuesto tendrá un tope de gasto equivalente al crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años, ponderado en un 65%.
“Aquí hay un incremento leve en el saldo nominal de la deuda, básicamente por esta gestión de caja y un importante prefondeo que se hizo el año anterior para poder cubrir los vencimientos de enero y febrero", señaló.
“Producto de la disminución de los precios en la economía, de los precios implícitos, tenemos que se dieron ciertas variaciones en el producto interno bruto nominal, que generaron que también se diera un incremento en esta relación deuda/PIB”, agregó Lücke.
Pese a la explicación del jerarca, el economista José Luis Arce sostuvo que estas decisiones de financiamiento de Hacienda son “totalmente discrecionales” y carecen de una justificación debidamente fundamentada.
“No se entiende la decisión de las emisiones en euros y la obsesión por la financiación externa del gobierno. En estos momentos Hacienda mantiene una liquidez excesiva considerando la naturaleza de los vencimientos que se tienen adelante, liquidez que se mantiene en el BCCR sin devengar intereses. No es muy claro para mí por qué tanto prefondeo y por qué si los vencimientos son mayormente internos se insiste tanto en colocar externamente y a tasas de mercado”.
— José Luis Arce, economista.
