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En lo que va del actual gobierno, 15 meses, el Ministerio de Hacienda ha recibido 39 consultas de proyectos de ley que crean más destinos específicos, nuevas exoneraciones de impuestos, una nueva institución o un nuevo fondo sin una nueva fuente de financiamiento.
Así lo advirtió esa cartera en el proyecto de ley de presupuesto ordinario 2020 que entregó a la Asamblea Legislativa, el 29 de agosto pasado.
“La Ley de fortalecimiento (de las finanzas públicas) es un gran paso en la dirección correcta hacia un Estado cuyas finanzas no sean un riesgo para la estabilidad económica del país. Sin embargo, es imperativo continuar la ruta hacia la consolidación fiscal y se debe evitar retroceder en lo avanzado en materia de eliminación de destinos específicos y exenciones, así como en la creación de nuevas instituciones, fondos o gastos tributarios, en especial cuando no indican una nueva fuente de recursos para su sostenibilidad.
"Es preocupante que desde el inicio de este gobierno, se le hayan consultado al Ministerio de Hacienda 39 proyectos de ley con alguna de estas características”, señaló el Ministerio de Hacienda en el proyecto de presupuesto.
El Ministerio de Hacienda suministró los números de los 39 expedientes que contienen algunas de estas características. Este diario revisó 10 de ellos.
Por ejemplo, en el proyecto de Ley para la Investigación, Regulación y Control de Plantas Cannabis y Cáñamo para uso Medicinal, Alimentario e Industrial se crea un destino específico (que es un impuesto, al cual se le define un gasto específico).
En este caso, se trata de un tributo sobre las utilidades de las empresas y de las personas físicas que desarrollen actividades lucrativas vinculadas con cada una de las concesiones, licencias y permisos regulados en la ley para repartir los recursos entre diferentes entidades relacionadas con la propuesta.
Otro ejemplo, es la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística, mediante la cual se permite a empresas y patronos deducir del impuesto sobre la renta, por una vez, gastos como estacionamientos, servicios sanitarios con duchas y compra de bicicletas, entre otros. Vea: más ejemplos en tabla.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas derogó una serie de destinos específicos asociados a la recaudación del impuesto a los ingresos y utilidades, según el artículo 15.
“Si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB (producto interno bruto) nominal, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias”, dispone la norma.
En cuanto a las exoneraciones, la Ley mantuvo muchas de la vigentes en los tributos de renta y ventas y se mantiene la discusión sobre las exoneraciones del impuesto sobre las ventas que no quedaron explícitamente en el tributo al valor agregado.
Práctica histórica
La creación de exoneraciones o destinos específicos para estimular actividades ha sido una práctica recurrente en Costa Rica.
Según una investigación incluida en el Decimonoveno Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, una de cada 25 leyes promulgadas entre 1950 y el 2013 eximió a alguien de pagar algún tributo.
LEA MÁS: Una de cada 25 leyes creó una exoneración fiscal en los últimos 60 años
“El uso de exoneraciones fiscales, como herramienta de política pública, ha sido una práctica frecuente en la historia económica de Costa Rica, independientemente del estilo de desarrollo imperante en los años considerados”, señaló el citado documento.
Las exoneraciones tienen un enorme costo para el Estado.
En agosto del 2011, el Programa de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y la Dirección General de Hacienda publicaron una primera estimación de ese valor, al cual denominaron “gasto tributario”.
Según el estudio, dicho costo alcanzó un equivalente al 5,8% de la producción interna, un número casi igual al déficit del Gobierno en el 2018, que fue de 5,9% de la producción.
Sobre los destinos específicos, la Academia de Centroamérica en su estudio Evaluación de los destinos específicos del gasto del Gobierno Central, del 2014, había estimado que solo los mandatos constituciones que obligan a Hacienda a desembolsar recursos representan el 40% del gasto total del Gobierno.
“La proliferación de leyes y de mandatos constitucionales que han creado destinos específicos del gasto del Gobierno en las últimas cuatro décadas es uno de los principales problemas de la situación fiscal actual y de la gestión de los recursos públicos. Solo los mandatos constitucionales, creados sin fuente de financiamiento, imponen un gasto que representa el 40% del gasto total del Gobierno”, señaló la organización.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio económico que hizo para Costa Rica en el 2018, recomendó reducir las rigideces presupuestarias derivadas del gasto obligatorio y la asignación para destinos específicos de los ingresos del gobierno.
Criterios de diputados
Muchos de los proyectos consultados a Hacienda provienen de legislaturas anteriores. Los diputados actuales reconocen que esta es una práctica que no se puede seguir.
“Los destinos específicos son una mal práctica presupuestaria y así lo ha dejado claro la OCDE en sus informes. Las exoneraciones totales hacen que se erosione la base de los impuestos y en muchos casos solo beneficia a grupos privilegiados (las cooperativas)” dijo el legislador del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz.
“Los diputados debemos ser conscientes de la realidad fiscal del país, hacer control político sobre el gasto (ejemplo: el incumplimiento de la Ley 9635, fortalecimiento de las finanzas públicas) y proponer proyectos que estimulen el crecimiento económico en lugar de estar aumentando el tamaño del Estado”, añadió.
Laura Guido, congresista del Partido Acción Ciudadana, consideró que en lugar de crear más exenciones, la urgencia es revisar las actuales.
“La preocupación principal es evitar que se sigan creando responsabilidades al Estado sin que tenga la capacidad económica de asumirlas. Sobre exenciones más bien tenemos la urgencia de revisar la pertinencia de las ya existentes y ponerles un plazo”, dijo Guido.
En Asamblea Legislativa se analiza el proyecto de Ley de Regímenes de Exenciones y no Sujeciones del Pago de Tributos, su Otorgamiento y Control sobre su Uso y Destino (expediente 19.531) donde la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ha recomendado que las exoneraciones venzan en un plazo de 5 años.
