EscucharLa Administración del proceso de resolución de Coopeservidores informó de la suspensión de la reunión virtual que este jueves sostendrían Marco Hernández, resolutor de la cooperativa, con los representantes de los ahorrantes, Francisco Ruiz y Luis Marín.
La cancelación se dio por motivos de “suma urgencia” en la agenda del funcionario, indicó el órgano mediante un mensaje enviado al canal de WhatsApp que se habilitó para la comunicación con los medios de prensa. La comunicación agregó que se hará lo posible para reprogramar el encuentro.
La cooperativa, que cuenta con 131.500 asociados, fue declarada inviable tras un proceso de intervención financiera. El 22 de junio, al concluir la intervención, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) recomendó un mecanismo de resolución.
La estrategia consiste en rescatar los activos buenos de la cooperativa para garantizar al 97% de los depositantes físicos y jurídicos la recuperación de sus recursos hasta por un máximo de ¢6 millones. Los activos de mala calidad serán separados y liquidados.
El pasado 1.° de julio, Ruíz indicó a La Nación que la reunión fue pautada con reglas previas planteadas por el resolutor. “Es una reunión virtual, solamente don Luis (Marín) y yo estamos permitidos. Nos pusieron reglas para esta reunión: no podía haber nadie más, solamente dos personas máximo y no se podía conversar absolutamente nada que no fuera del proceso de resolución, nada previo”, señaló.
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Consultado sobre la suspensión de la cita, Ruíz respondió por medio de un mensaje por WhatsApp que “el señor administrador tuvo un inconveniente y se tratará de reprogramar la reunión a la brevedad posible”.
Por su parte, Luis Marín hizo público un mensaje de video en el que señala que la oficina de Hernández suspendió la reunión debido a que él anunció que realizaría una conferencia de prensa posterior a la reunión para dar conocer los resultados. Ruíz confirmó que el aviso para los medios de comunicación fue realizado a nombre del grupo que lidera Marín.
En el mensaje, Marín indicó que el despacho de Hernández también cuestionó que en la reunión se solicitara incluir una secretaria para que tomara notas. Él coordina dos grupos de asociados que funcionan por medio de WhatsApp y suman alrededor de 1.800 personas. “Aquí somos rostros humanos, somos personas, no somos un número en un estado de cuenta”, manifestó el ahorrante.
Agregó que después de una primera llamada de la oficina de Hernández, en la que se indicó el desacuerdo por la conferencia de prensa y la participación de la secretaria en la reunión, recibieron una segunda comunicación en la que se les informó sobre la suspensión del encuentro porque Hernández tenía otros asuntos que atender.
“Nos argumentan que no tiene nada que ver con la conversación previa, pero que definitivamente la reunión no se iba a dar”, detalló.
Presentan propuesta al Banco Popular
Por otro lado, Francisco Ruíz indicó a La Nación que los dos grupos de ahorrantes de Coopeservidores enviaron este jueves una carta a Gina Carvajal, gerente general del Banco Popular (BP), entidad que oficialmente ha referido su interés en absorber los activos y pasivos valiosos de la cooperativa dentro del proceso de resolución.
En la misiva, le proponen utilizar el dinero que les corresponde por sus depósitos garantizados para apoyar al banco en la reducción de su riesgo y permitir una mayor absorción de cartera.
El proceso de resolución tiene el objetivo de que los activos y pasivos de calidad de la cooperativa, conocidos como “banco bueno”, se transfieran a una entidad financiera solvente.
Mientras tanto, el “banco malo” –activos que por su calidad u otras consideraciones de deterioro no se incluirían en las negociaciones– sería administrado por un fideicomiso con el objetivo primordial de venderlo totalmente en un plazo máximo de un año.
Este mecanismo de resolución también garantiza los ahorros de los depositantes hasta ¢6 millones a través del Fondo de Garantía de Depósitos.
Sin embargo, unos 5.500 depositantes de la cooperativa que tienen invertidos montos superiores, sufrirán un recorte sobre el exceso del tope de ¢6 millones, estimado inicialmente en un 20%. El porcentaje podría ser mayor según el desenlace del proceso, según aclaró el interventor Hernández el pasado 22 de junio.
Ruíz explicó que el objetivo de la propuesta para el BP es que el recorte para estos 5.500 depositantes sea el menor posible.
