Un nuevo proyecto de ley, cuyo texto fue aprobado a finales de abril, allana el camino para que el Banco de Costa Rica (BCR) absorba y ponga punto final a Bancrédito como tercer banco estatal.
El documento sustitutivo, aprobado por los anteriores diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos, establece las reglas y excepciones regulatorias –por tres años– para que se concrete la fusión entre ambas entidades públicas.
La propuesta plantea que el BCR reciba el patrimonio, el activo y se encargue de los compromisos económicos del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
Además plantea que el Estado se haga cargo de las deudas tributarias de la entidad, posibles contingencias laborales y eventuales pérdidas patrimoniales.
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Marco Hernández, interventor de Bancrédito, enfatizó la urgencia de que la iniciativa legal se apruebe lo más pronto posible, pues conforme pasa el tiempo las pérdidas consumirán los ¢35.877 millones de patrimonio de la entidad bancaria.
La decisión de la absorción de la institución cartaginesa, por parte del BCR, es responsabilidad de los nuevos diputados.
Ambos bancos son estatales y fueron creados por ley, con lo cual la única forma de modificar su constitución es con una reforma legislativa.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó, el 22 de diciembre del 2017, intervenir Bancrédito, por seis meses, debido a que cayó en cesación de pago con el Ministerio de Hacienda.
En febrero de este año, Hernández solicitó al Gobierno hacer efectiva la garantía estatal. Sin embargo, la medida no se ha aplicado.
Condiciones de la absorción
Uno de los objetivos para que el BCR absorba Bancrédito es evitar una contingencia fiscal al Estado.
Las deudas de la institución cartaginesa son con el Ministerio de Hacienda al cual se le debe ¢100.000 millones, $50 millones e intereses por inversiones hechas, el año pasado, en dicha entidad.
La Contraloría General de la República determinó que dicha obligación incrementa el déficit fiscal en 0,2 puntos porcentuales.
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"En una fusión como la propuesta, la garantía estatal aplicaría solo en aquellos aspectos que la ley de fusión lo establezca, lo que implica que el Estado no tendría que garantizar en un 100%", explicó Rossy Durán, directora Corporativa de Finanzas del BCR, a La Nación.
El Banco de Costa Rica tendría la opción, con base en la propuesta legal, de renegociar las condiciones de las inversiones hechas por el Gobierno e incluso ofrecer como pago a Hacienda edificios e inmuebles propiedad de Bancrédito.
La propuesta legal sí establece que el Estado asumiría las deudas tributarias de Bancrédito, las cuales ascendieron a ¢9.615 millones, el año pasado, por una fiscalización hecha de los periodos entre 2010 y 2013.
Tributación actualmente audita las declaraciones de impuestos del 2014, 2015 y 2016 de la entidad bancaria.
Asimismo, Hacienda debería aportar dinero al BCR en el eventual caso de que el Banco pierda su patrimonio.
Para evitarle dificultades regulatorias al BCR, la propuesta incorpora un periodo de tres años en que los indicadores bancarios de mora a más de 90 días y pérdida esperada de la cartera de crédito no se aplicarán a la entidad.
El periodo de gracia se podrá extender a cualquier otro indicador valorado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
"El Banco de Costa Rica hizo manifiesto su interés por absorber Bancrédito para rescatar el patrimonio del banco (cartaginés) y es una de las soluciones más viables. Además fue respaldado por el Conassif y Sugef", recalcó Hernández.
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A marzo pasado, el activo total de Bancrédito era de ¢179.490 millones y lo conforma principalmente la cartera de crédito.
La propuesta legal también permitiría a BCR trasladar los préstamos en mora y en cobro judicial a un fideicomiso para evitar el efecto negativo en la entidad.
Si el proyecto de ley se aprueba en la Asamblea Legislativa, el Interventor de la institución cartaginesa deberá liquidar a los 191 empleados, para lo cual ya se cuenta con los recursos.
El Banco de Costa Rica tendrá la discrecionalidad de contratar a los trabajadores que considere necesarios bajo su sistema de salario único.
El BCR también se encargaría de asumir los negocios aún a cargo de Bancrédito como el cobro de los impuestos de salida del país y la administración de las tiendas del IMAS.
Entrevista: Rossy Durán.
Directora de Finanzas del BCR: Estado asume deudas fiscales de Bancrédito
Rossy Durán, directora Corporativa de Finanzas del Banco de Costa Rica (BCR), enfatizó que el Estado se hará cargo de las contingencias fiscales y laborales de aprobarse la absorción de Bancrédito.
– ¿Ha determinado el BCR cuál sería el efecto de la absorción de Bancrédito?
– Continuamos trabajando en la debida diligencia por lo que el efecto total aún no lo conocemos, tenemos datos parciales que no sería recomendable externar.
– ¿Hay efecto positivo o afectación transitoria para el BCR?
– Tenemos un incremento en el capital, eso nos permite hacer más negocios.
– ¿La absorción de Bancrédito evitará que el Estado deba hacer efectiva la garantía estatal pedida por el interventor?
– En una fusión como la propuesta, la garantía estatal aplicaría solo en aquellos aspectos que la ley de fusión lo establezca, lo que implica que el Estado no tendría que garantizar en un 100%.
"En caso de que al momento de la fusión el patrimonio de Bancrédito sea negativo o inferior al monto requerido para que esa entidad cumpla con una suficiencia patrimonial mínima del 10%, dicha diferencia será aportada por el Estado al Banco de Costa Rica, de forma que esta última no vea disminuida su capacidad de crecimiento.
"Cualquier contingencia laboral que surja posterior a las liquidaciones laborales efectuadas, según resolución judicial en firme, serán asumidas por el Estado.
"Las eventuales contingencias fiscales derivadas del impuesto sobre la renta que tuviere el Banco Crédito Agrícola de Cartago a la fecha de fusión, no se trasladarán al Banco de Costa Rica sino que serán asumidas por el Estado".
– ¿Trasladarán la cartera de crédito deteriorada y en cobro judicial de Bancrédito a un fideicomiso para evitar que afecte los indicadores del BCR?
– Es una de las opciones que se maneja para no afectar al BCR, pero no es la única.
– ¿Ya identificaron qué cartera de crédito de Bancrédito podrá dejarse o venderse con descuento?
– Aún el equipo de trabajo está trabajando en la revisión de la cartera por lo que no se podrían adelantar montos o decisiones sobre la cartera.
– ¿Han entrado en negociación con Hacienda para modificar las condiciones de las inversiones hechas en Bancrédito?
– Estamos preparando la propuesta para el Ministerio de Hacienda con todas las condiciones, de forma tal que posterior a la absorción no se afecte el BCR por esta razón.
– ¿Por qué un plazo de tres años de excepción ante Sugef del la mora a más de 90 días y la pérdida esperada en cartera de crédito sobre la cartera total?
Las proyecciones que hemos realizado en el peor escenario, sería el tiempo que se requeriría para ubicarnos en un grado normal en los indicadores.
–¿Será Sugef la que determine qué otro indicador regulatorio puede afectarse por la absorción? ¿Se aplicará ante la solicitud del BCR?
– Así es, el BCR lo propondría a Sugef para su valoración.
Demoras en Congreso elevarían costo fiscal
Los eventuales atrasos en el aval legal a la absorción de Bancrédito, por parte del BCR, tendrán un costo fiscal para el Estado.
La decisión de fusionar el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) con el Banco de Costa Rica (BCR) recaerá en los diputados de la nueva Asamblea Legislativa, quienes asumieron sus cargos el pasado 1. ° de mayo.
El pasado 24 de abril, los legisladores de la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobaron un texto sustitutivo, de una propuesta de Ottón Solís, que establece la ruta para la extinción definitiva de la institución cartaginesa como banco estatal.
La iniciativa legal contó con el aval de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Banco de Costa Rica (BCR).
Marco Hernández, interventor de Bancrédito, enfatizó que conforme pasa el tiempo crece el riesgo de una mayor pérdida en el patrimonio de la institución.
A marzo anterior, el Banco tenía un patrimonio de ¢35.877 millones. Sin embargo, la pérdida acumulada –al mismo mes– era de ¢4.427 millones.
"El proyecto de ley será puesto en consulta para recibir observaciones de los interesados y el sistema financiero", explicó Hernández.
Pese a la urgencia expresada por el Interventor y las entidades supervisoras, los jefes de fracción de las agrupaciones políticas del Congreso aceptaron que desconocen el proyecto y se conocerá hasta cuando se designen los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
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Carlos Ricardo Benavides, jefe de la bancada liberacionistas –con 17 votos–, reconoció que conoce solo la generalidad de la iniciativa par fusionar ambas entidades públicas.
"No sabemos en detalle las consecuencias que tendría la decisión en el BCR. Se analizará evidentemente con prioridad", dijo Benavides.
Para Víctor Morales Mora, jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), hay temas de la agenda legislativa que son prioridad y deberán estar en los proyectos que se negocien con el resto de partidos.
"Desde la jefatura de fracción nos interesa este tema, máximo que contó con el impulso de don Ottón (Solís)", afirmó Morales Mora.
Los problemas financieros de Bancrédito iniciaron, desde mediados del 2016, cuando tres créditos empresariales redujeron las ganancias de la entidad 81% ese mismo año.
Para 2017, ante los problemas de liquidez, el Gobierno acordó el cierre de la intermediación financiera al finalizar el año.
Sin embargo, la institución fue intervenida el 22 de diciembre pasado porque no pudo pagarle al Ministerio de Hacienda ¢100.000 millones y $50 millones.