El Gobierno está en riesgo de perder ¢131.000 millones por una inversión que hizo, entre marzo y abril del año pasado, para tratar de salvar las finanzas de Bancrédito.
Cuando este banco estatal entró en problemas financieros, el Ministerio de Hacienda salió a comprar certificados a plazo a fin de fondear a la entidad financiera. El dinero provenía del Presupuesto Nacional y debía ser recuperado en nueve meses.
No obstante, la crisis no se revirtió. Bancrédito fue intervenido por la Sugef y, este viernes, el interventor confirmó que gestionó la garantía del Estado para pagar las deudas, debido a que el banco carece de liquidez para pagar sus obligaciones vencidas.
Es decir, el Estado deberá asumir las deudas, con el inconveniente de que el mismo Estado, en la figura del Ministerio de Hacienda, es el acreedor de casi el 100% de las deudas.
La activación de la garantía del Estado lo confirmó Marco Hernández, interventor designado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Fue presentada al Poder Ejecutivo hace dos días.
Ante la solicitud, el ministro de Hacienda y vicepresidente de la República, Helio Fallas, aseguró que el caso será analizado "porque trasciende al Ministerio de Hacienda; es un asunto de Gobierno, entonces vamos a ver qué respuesta se tendría a eso (solicitar la garantía estatal)".
Por su parte, Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif, confirmó que el interventor solicitó activar la garantía del Estado el martes y que esta fue aprobada verbalmente.
La garantía estatal debería aplicarse casi de inmediato porque las deudas están vencidas desde el pasado 22 de diciembre.
El interventor aseguró que Bancrédito no tiene la capacidad de hacer frente a sus obligaciones porque no cuenta con liquidez.
“Hemos pedido al Conassif gestionar garantía del Estado para que se haga frente a las obligaciones financieras”, dijo.
Esa autoridad fue la que solicitó al Poder Ejecutivo aplicar la garantía.
Hernández, junto a Johanni Portilla, interventor adjunto, dieron estas declaraciones este viernes ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.
El interventor confirmó que las finanzas de Bancrédito se vinieron abajo porque las instituciones que le daban solvencia, incluido el Banco de Costa Rica (BCR), desoyeron la directriz del Gobierno de no retirar el apoyo financiero.
Aclaró que el banco no está en quiebra, porque tiene un patrimonio suficiente para que el Ministerio de Hacienda se dé por “buen pagado” ante la deuda que va a asumir.
Sin embargo, esos activos están “parqueados” mientras se logren cobrar ¢160.000 millones a deudores de Bancrédito o vender su patrimonio, que asciende a ¢40.000 millones. El plazo para recuperar ese dinero es incierto, según confirmó Hernández.
Para que el Gobierno pueda recuperar su inversión, los diputados deberán de aprobar una nueva ley que defina el futuro de los recursos de la entidad estatal. Así se lo confirmó Hernández al diputado Ottón Solís.
El interventor confirmó que aunque la deuda es del mismo Estado, Hacienda no tendrá que reportar pérdidas, sino que el Estado deberá transferir el monto de la deuda, y luego ver cómo compensa esa garantía.
Mediante un comunicado de prensa enviado a las 7:16 p. m., el Gobierno descartó que vaya a sufrir pérdidas porque los activos por liquidar de Bancrédito cubren la deuda de esta entidad con Hacienda.
Añadió que el Consejo de Gobierno conocerá la solicitud de activación de garantía estatal después de recibir criterios de la Procuraduría General y del departamento Legal de Casa Presidencial.
Por otra parte, el banco tiene una reserva para pagar las obligaciones patronales de los empleados de Bancrédito, dijo el interventor, pero sería “ruinoso” conceder a los empleados otros beneficios que están solicitando por medio de un proyecto de ley. Ese excedente, estimado en ¢3.000 millones, los tendría que asumir el Estado
El interventor reconoció que el Gobierno fracasó en su intento de colocar la cartera de créditos, posterior al giro que intentó darle.
El pasado 25 de mayo, el Consejo de Gobierno decidió cerrar la banca comercial de la entidad y transformar la entidad en un banco de fomento y desarrollo.
Hernández afirmó que uno de los problemas de Bancrédito era que daba créditos por encima de su capacidad de cobrar. Por ejemplo, recibió bienes que no pudo vender de inmediato.
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó, desde el 22 de diciembre, ordenar la intervención de Bancrédito, por seis meses.
Ese mismo día, Bancrédito debía saldar la deuda con el Ministerio de Hacienda.
La Comisión Investigadora de este viernes estuvo integrada por los diputados Ronny Chaves de Liberación, Patricia Mora del Frente Amplio, Rafael Ortiz de la Unidad; y Ottón Solís y Marlene Madrigal del Partido Acción Ciudadana.
Por poco, los diputados dejan plantados a los funcionarios por segunda ocasión. La sesión estuvo a un minuto de ser suspendida por falta de cuórum, el diputado Ortiz fue quien se presentó a último momento y salvó la audiencia.