EscucharLa contralora general de la República, Martha Acosta, considera que el déficit del Gobierno Central, en el 2017, debió ser un monto equivalente a 6,6% de la producción, en lugar de la cifra oficial de 6,2% anunciada oficialmente.
Así lo señaló en la mañana de este jueves en una conferencia de prensa en la cual se refirió a la Memoria Anual de esta institución.
Acosta explicó que, el año pasado, el Ministerio de Hacienda realizó inversiones en Bancrédito por ¢100.000 millones y $50 millones, los cuales el Gobierno no recuperó.
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Hacienda justificó que la inversión obedecía a la garantía estatal y pidió que fueran de las últimas deudas canceladas por Bancrédito para dar prioridad a los recursos de los ahorrantes.
Dichas inversiones debían ser liquidadas por Bancrédito, en diciembre del 2017, pero el Banco no pagó, así que Acosta asegura que debieron incluirse como un gasto.
Marco Hernández, interventor de la entidad bancaria, confirmó en febrero que esa deuda crece debido al impago del monto principal e intereses generados por la mora. A esa fecha, el monto adeudado era de ¢131.663 millones.
“Estas inversiones no recuperadas en la práctica tuvieron un efecto real en las finanzas públicas”, explicó Acosta.
Sin embargo, no se registraron como parte del déficit, el cual cerró en 6,2% del producto interno bruto (PIB), pero si se hubiera registrado esta situación, el indicador subiría a 6,6%.
Sobre la observación de la Contraloría se consultó a Martha Cubillo, viceministra de Egresos del Ministerio de Hacienda y tesorera nacional, quien explicó que las inversiones realizadas en el Banco Crédito Agrícola de Cartago se hicieron de corto plazo, por lo que no tienen una partida presupuestaria.
“Al quedar sin cobrar al 31 de diciembre, el registro que se realiza es contable y en cuentas por cobrar, así se revela en los estados financieros, lo que se informó a la Contraloría General de la República”, dijo.
Añadió que la regulación presupuestaria y el reconocimiento como inversión de largo plazo, se realiza una vez que se recupere o se renegocie la deuda de Bancrédito y por ello se está a la espera de la aprobación del proyecto de ley que define el destino del Banco.
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La contralora también informó de que en el Gobierno Central, el Ministerio de Educación pagó ¢3.535 millones de más en salarios el año pasado y cerca de ¢2.530 millones de más, en pensiones.
Sobre el estado fiscal, Acosta enfatizó la insostenibilidad de la situación. Llamó la atención a partidos, empresarios y sindicatos a evitar a un descalabro económico.
