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La entrada en vigencia de la “ley de usura“ generó miles de consultas diarias a Sugef sobre el historial crediticio de deudores por parte de los oferentes de préstamos.
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) confirmó que, desde finales de julio y hasta el pasado lunes 19 de octubre, recibieron en promedio 24.311 peticiones diarias de información del récord de pago y endeudamiento de clientes.
En total la entidad han gestionado 1.833.846 solicitudes de datos del Centro de Información Crediticia (CIC). Este es un sistema de registro que consolida la situación crediticia de todos los deudores del país.
El CIC contiene el historial crediticio y la situación de endeudamiento de personas y empresas con financiamientos en bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutuales, financieras y Caja de Ande.
“En el caso de oferentes de crédito el promedio diario para los tres meses ha sido de 24.311. En octubre, el promedio diario (de peticiones) está en 34.248 por lo que se ve una tendencia al alza”, detalló Rocío Aguilar, jerarca de Sugef.
La “ley de usura“, publicada el pasado 20 de junio, estableció como obligatoriedad que cada oferente de crédito debe revisar el nivel de deuda de un cliente previo al otorgamiento de un financiamiento, con el fin de evitar un sobreendeudamiento del cliente.
Los oferentes de crédito son aquellas empresas o personas que se dedican a prestar dinero y no son supervisados por Sugef, por ejemplo una asociación solidarista, prestamistas o cooperativas.
La norma legal también estableció que las empresas dedicadas a prestar dinero deben detallar la información sobre los intereses de los préstamos, tasas moratorias, recargos o comisiones cobradas al cliente. Así como entregar un estado de cuenta detallado al deudor.
Proceso y resultado
Aguilar enfatizó que tienen previsto, para finales de noviembre, incorporar en la página de la Sugef el Centro de Información Crediticia de Oferentes de Crédito (Cicoc).
Este será un sistema automatizado en en la cual el oferente ser podrá inscribir y efectuar la consulta sobre el récord crediticio del cliente de manera automatizada.
Cuando la “ley de usura” entró en vigencia, la Sugef primero estableció un proceso manual en el cual la empresa prestamista debían enviar un correo electrónico con los datos del cliente, y los de la compañía oferente, de cada operación de crédito. El proceso tardaba una semana.
En agosto, se modificó para que cada oferente se inscribiera en la Superintendencia y autorizada a uno o dos usuarios a realizar las consultas en el CIC, proceso que demora tres días, informó Aguilar.
“Efectuado el registro, los oferentes ya pueden incluir en el CIC la información de cada cliente potencial, operación por operación y realizar una declaración jurada y de esa manera obtienen el reporte crediticio, proceso que es en línea”, explicó la jerarca.
Oferentes de crédito consultados por La Nación confirmaron que la nueva legislación implicó elevar los tiempos de respuesta ante los clientes.
Además de que, por la dinámica de algunas entidades como las asociaciones solidaristas, si reciben 100 solicitudes de sus asociados deben efectuar la misma cantidad de consultas al CIC, sin importar el monto de la petición, explicó Raúl Espinoza, presidente del Movimiento Solidarista.
“La respuesta a las personas sí tarda un poco. Además ninguna asociación tiene personal dedicado exclusivamente a estos trámites”, afirmó el vocero.
El representante del solidarismo detalló que muchas de las dificultades se han dado en los trámites de autogestión de crédito sobre los ahorros el trabajador.
“Debería hacerse un esfuerzo (legal) para determinar a partir de qué monto debería hacerse obligatoria la consulta al CIC, porque el 90% de las transacciones de las solidaristas son pequeñas. No es razonable hacer consultas por ¢1.000”, afirmó Espinoza.
Luis Emilio Muñoz, director comercial de Instacredit, reconoció que efectúan, en promedio, 3.400 trámites de historial crediticio ante la Superintendencia.
“Es un cambio que genera un tiempo de espera mayor de los clientes para conocer el resultado del análisis de su solicitud, considerando que nuestra oferta de valor es el trámite rápido”, destacó Muñoz.
Sobre el cumplimiento de la información que debe brindarse al cliente, en cada crédito, Muñoz dijo que siempre han sido transparentes sobre las condiciones de sus créditos.
Añadió que esperan la publicación del reglamento de la “ley de usura” para esclarecer las condiciones necesarias de información.
Eduardo Fallas, gerente de Credilat, subsidiaria de Grupo Monge, comentó que implementaron todas las medidas establecidas en la ley como, el suministro de la información a sus clientes sobre las tasas de interés, desglose de la deuda, tasa de interés corriente y de moratoria.
Credilat es una financiera supervisada por Sugef, desde enero del 2017, por lo cual efectúa consultas de manera directa en el CIC.
