Finanzas

ICE mantiene juicio contra aplicación de normas contables NIIF

Empresa pidió en abril a juez que los costos operativos de arrendamientos sean parte del cálculo tarifario, contrario a la directriz dictada por el Gobierno

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mantiene una demanda contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por obligarla a cumplir las normas contables NIIF, aunque una de las primeras directrices anunciadas por el actual gobierno fue la aplicación inmediata de estas reglas en toda la contabilidad de la empresa pública.

Dichas normas impiden trasladar a los clientes, vía tarifas, los costos operativos de arrendamientos de plantas generadoras de energía.

En abril pasado, la empresa pública pidió la nulidad de cuatro resoluciones de la Aresep, una de febrero del 2022 y tres del 2020, porque reclasifican como costos financieros los gastos que el ICE catalogaba como costos de operación, es decir, darles el mismo tratamiento que a un préstamo (una parte es gasto por intereses y otra, amortización).

“Se declare con lugar en todos su extremos la demanda interpuesta y por tanto en sentencia se declare la nulidad absoluta de las resoluciones (...) con respecto a lo señalado por la Aresep en cuanto a que para próximos estudios tarifarios se debe presentar la información de los BOT (Building, Operate and Transfer, por sus siglas en inglés) reclasificados conforme a las NIIF”, se indica en la demanda presentada en el Tribunal Contencioso Administrativo, el pasado 4 de abril.

En el documento, del cual tiene copia La Nación, se argumenta que la Aresep carece de competencia para exigir al Instituto la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para la fijación tarifaria. La demanda se mantiene en trámite bajo el expediente 22-002105-1027-CA, según corroboró este diario en la página web del Poder Judicial.

En la gestión, presentada por Hazel Cepeda, gerente general del ICE, se alega que la reclasificación contable dispuesta por la Autoridad Reguladora se usa como “un tecnicismo” para violentar el principio de servicio al costo y afectar la garantía del equilibrio financiero de la entidad.

Por tanto, Cepeda solicita al Tribunal que “se ordene a la Aresep respetar en las próximas fijaciones tarifarias las situaciones jurídicas consolidadas tanto para los contratos de arrendamiento, como para los BOT, sin distinción alguna”.

Este diario consultó, el lunes 16 de mayo, a Marco Acuña, nuevo presidente ejecutivo del ICE, su posición sobre el caso. En específico se le consultó: ¿Está de acuerdo con la demanda planteada, o pedirá que se reevalúe el tema en la Gerencia General del ICE? ¿Se le informó, al momento de su ingreso, sobre la existencia de esa demanda contra la Aresep?

Acuña respondió, mediante un mensaje vía WhastApp, que iba a revisar el caso. “Déjeme ver el asunto a lo interno y prensa lo contactará”, escribió el jerarca. El martes 17 se contactó de nuevo al jerarca por mensaje de texto, pero dijo que hiciera la consulta por la Oficina de prensa.

Dicha oficina había confirmado, el día lunes 16 de mayo, vía correo electrónico, la continuidad de la demanda. “Actualmente existe un proceso contencioso sobre este tema. Por encontrarse en curso, el ICE no se puede referir a los detalles del mismo”, se indicó.

El martes 17, se volvió a consultar a dicho departamento, pero este señaló que la respuesta dada el día previo era la única que se podría brindar.

Sobre el cumplimiento o no de las reglas contables, el ICE reconoció por escrito que aún no aplica la normas NIIF a nivel tarifario, pero insistió que sí lo hacen en sus estados financieros auditados. “Existe un proceso relacionado con la contabilidad regulatoria que se utiliza para la fijación tarifaria, en donde la reclasificación no está implementada a un 100%”, aceptó la empresa pública.

También informó de que coordinará sesiones de trabajo con la Autoridad Reguladora para precisar el tratamiento de los arrendamientos operativos para las próximas solicitudes tarifarias. “Esto garantizando el equilibrio financiero del Instituto y respetando el marco legal y regulatorio aplicable”, señaló por escrito.

Sobre el efecto de la rebaja en el cobro a los clientes, al hacer el cambio contable de arrendamientos operativos a financieros, indicó que corresponderá a la Aresep efectuar el cálculo del impacto para la empresa estatal. “Como parte de las funciones del regulador, se encuentra garantizar el equilibrio financiero de las empresas reguladas”, aseguró el ICE.

Por su parte, Mario Mora, intendente de Energía en la Aresep, declinó pronunciarse sobre el tema. “Por el momento no podemos referirnos en detalle, dado que está en la etapa de conocimiento la demanda interpuesta por el ICE, entre otros asuntos, por la aplicación de normas NIIF”, dijo por escrito.

Los fundamentos planteados por la compañía estatal contradicen el mandato dictado por el gobierno de Rodrigo Chaves, en una de sus primeras directrices presidenciales, que ordenó el cumplimiento en su totalidad de las normas contables y efectuar los ajustes de los arrendamientos.

Chaves aseguró, el pasado 29 de abril, cuando anunció a Marco Acuña como nuevo jerarca del ICE, que la reclasificación de los arrendamientos operativos como arrendamientos financieros bajarían el costo de la electricidad.

Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, comentó que la compañía pública siempre ha buscado saltarse la aplicación de estas normas contables. “Primero presentando apelaciones ante Aresep, solicitando resoluciones al Ministerio de Hacienda e incluso en los juzgados contra resoluciones de la Autoridad Regulatoria”, dijo sobre la reciente demanda.

La organización empresarial ha sido una de las principales críticas de la forma como el Instituto lleva su contabilidad, a raíz del efecto que tiene en el costo para los usuarios.

El ICE usa, desde hace varios años, la figura de los arrendamientos para el desarrollo de obras que alquila por periodos de 15 años o más, pero cuya propiedad deja en manos de un fideicomiso. Es hasta el final del contrato pactado que la infraestructura se convierte en un activo 100% del Instituto.

Mediante esta figura se construyeron obras como la planta hidroeléctrica Reventazón, la central térmica de Garabito, Cariblanco o Toro III, entre otros.

Hasta diciembre pasado, el saldo de la deuda por arrendamientos ascendió a ¢397.249 millones, es decir, el 13,3% del total de pasivo financiero de la empresa pública cuyo saldo fue de ¢2.984.771 millones al cierre del 2021, según los estados financieros.

El saldo total del arrendamiento de obras se redujo, en los últimos años, debido a la amortización que efectúa la entidad mediante el pago del alquiler. El año pasado, los pagos financieros por este tipo de instrumentos fueron de ¢41.258 millones.

Entre los cuestionamientos del ICE a la Autoridad reguladora, en la demanda presentada, es que al no reconocerse los arrendamientos dentro del costo operativo, y obligarla a reclasificarlos como arrendamientos financieros, se modifican las condiciones contractuales de los contratos de los fideicomisos.

“En las aprobaciones llevadas a cabo por la Intendencia de Energía el reconocimiento de los contratos de arrendamientos y BOT que mantiene vigente el ICE era 1 a 1, que significa que el gasto por cuota era el 100% reconocido en las tarifas.

“Con esta fijación ordinaria de oficio el reconocimiento no es del 100% dejando al descubierto parte de la cuota para el caso de los arrendamientos”, sostuvo la entidad sobre la resolución de la Aresep, de febrero anterior, en la que rechazó un aumento del 20% en el costo de la electricidad.

Además, añade la demanda, que los contratos de alquiler de las obras fueron creados para satisfacer la demanda eléctrica nacional y el ICE está obligado al pago. “El pago de la cuota es parte de los costos necesarios para prestar el servicio, al no ser reconocida dicha cuota vía tarifas, la Aresep incurre en una violación legal del principio de servicio al costo”, alega.

Los estados financieros de la compañía estatal detallan que, al 2021, los arrendamientos implicaron un costo operativo de ¢62.167 millones, es decir, un incremento del 10% comparado con los ¢56.139 millones del 2020.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Periodista de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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