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El Gobierno gastó, en el 2012, más dinero en pensiones que el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pese a tener la tercera parte de los jubilados.
El dato lo señala el Ministerio de Hacienda en el documento En Ruta hacia la Consolidación Fiscal: Agenda para el Diálogo Nacional , y lo comentó Manrique Sáenz, asesor de esta cartera, en la mesa de discusión sobre gasto público del 7 de noviembre.
Según los datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda, en el 2012, el régimen de IVM pagó unos ¢485.000 millones a aproximadamente 191.000 pensionados, mientras que el Gobierno canceló, en ese mismo periodo, unos ¢569.000 millones (17,3% más) a cerca de 59.000 jubilados.
Como ejemplo, ese año cada jubilado del IVM recibió, en promedio, ¢195.000 mensuales, mientras que en el Gobierno, ¢744.000 (12 meses de pensión y aguinaldo).
Con más beneficios. La razón de este resultado es que los regímenes de pensiones donde el Gobierno es el que paga a los jubilados (conocidas como las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, o especiales) tienen condiciones más beneficiosas que las del IVM.
En el documento de Consolidación Fiscal, Hacienda describe que mientras en el IVM la pensión promedio representa un 46% del salario promedio, en las pensiones con cargo al Presupuesto alcanza un 90%; y mientras en el IVM la edad mínima para jubilarse es de 60 años y 37,5 años de contribuciones, en los regímenes especiales se puede hacer al cumplir entre 30 y 33,3 años de contribución al régimen.
Además, describe este mismo documento, la mayoría de pensionados actuales en estos regímenes especiales obtuvieron su derecho antes de 1992 y mantienen el beneficio de que el monto de su pensión esté ligado al salario total del último puesto que dejaron.
Esto permite que esos pensionados se beneficien de todas las mejoras salariales que se dan a los empleados activos, como los llamados pluses y ajustes salariales.
Además, en el régimen de la Caja hay un máximo de pensión que se otorga, que actualmente es de ¢1.459.253 si la persona se retira a los 65 años, o de ¢2.0654.885 si laboran más tiempo.
En los sistemas que paga el Gobierno el tope actual es de ¢2.333.500; no obstante, el límite se puso en 1998, después de que cerraron los regímenes, así que en octubre pasado se cancelaron pensiones de hasta ¢16 millones por mes.
Costosos, aunque estén cerrados. El pago de pensiones es uno de los gastos más altos del Gobierno. En el 2012 representó un 2,5% de la producción, la mitad del déficit proyectado para este año.
Héctor Acosta, director nacional de Pensiones, explicó que los regímenes con cargo al Presupuesto son 16 (10 son contributivos y 6 no contributivos).
Estos regímenes no serían un problema para el fisco si los trabajadores que cotizan para obtener tales beneficios hubieran tenido un fondo del cual se pague las pensiones, pero no ocurrió así.
En el Informe Técnico del Presupuesto del 2010, la Contraloría estimó que para el 2011 las cotizaciones apenas cubrían 11% de los egresos; el resto debe financiarlo el Estado.
Debido a su insostenibilidad, los regímenes contributivos especiales se cerraron en 1992 cuando se promulgó la Ley Marco de Pensiones mediante la cual los nuevos trabajadores pasaron al régimen de IVM; no obstante, quedaron trabajadores activos con derechos para pensionarse por esta antigua vía.
Debido a que ya no ingresan nuevos servidores que coticen el costo para el Estado sigue al alza.
Según el ministro de Trabajo, Olman Segura, el gasto del Estado en estos regímenes tardará más de 10 años en extinguirse pues en algunos casos las pensiones se pueden heredar a los familiares.
Un estudio del 2006, que elaboró Juan Diego Trejos, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, llamado ¿A quién beneficia el gasto público social en Costa Rica? , concluyó que de 29 programas sociales evaluados, las pensiones con cargo al Presupuesto son las más regresivas (favorecen más a los hogares de mayores recursos).
El problema no acaba ahí. El superintendente de pensiones, Édgar Robles, advirtió de que sin reformas en los regímenes de pensiones del Poder Judicial y el de IVM, ambos también podrían pasar a ser en el futuro sistemas con cargo al Presupuesto Nacional.
En el documento de Consolidación Fiscal hay ideas para afrontar la situación, entre ellas se incluyen las reformas a los regímenes del Poder Judicial e IVM.
