EscucharLa autorización de la Asamblea Legislativa para que el Gobierno coloque bonos de deuda externa por hasta $5.000 millones, conocidos como eurobonos, reduce la incertidumbre sobre las necesidades de financiamiento de Costa Rica para los próximos tres años.
Así lo afirmó este lunes la calificadora de riesgo, Fitch Ratings, mediante un breve comentario sobre la aprobación del proyecto de ley, el cual fue firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el pasado 1.° de diciembre.
En el boletín de la calificadora recordó que las necesidades de financiamiento para Costa Rica seguirán siendo altas, especialmente por la concentración de importantes vencimientos de deuda en el periodo 2023-2026.
Sin embargo, señaló que, además de la aprobación de los eurobonos, el desempeño fiscal del país y el acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberían reducir, aún más, esa incertidumbre sobre la liquidez del Estado.
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El plan de eurobonos fue aprobado luego de un acuerdo entre el Gobierno y los diputados de oposición. Este consiste en la autorización para que el Gobierno coloque $1.500 millones en los primeros seis meses del 2023 y otros $1.500 millones en la segunda parte del próximo año; así como $1.000 millones en el 2024 y $1.000 en el 2025.
No obstante, la colocación de los dos últimos montos queda sujeta al cumplimiento del Gobierno de las metas que negoció con el FMI, como tener resultados positivos entre ingresos y gastos sin incluir el pago de intereses, y bajar el porcentaje de la deuda y el pago de intereses en relación con producto interno bruto (PIB).
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De acuerdo con la calificadora estadounidense, haber incorporado esas metas al plan de endeudamiento externo provoca que la incertidumbre no haya “desaparecido por completo”.
Señaló que esto se debe a que “las emisiones de 2024 y 2025 están condicionadas al cumplimiento de los objetivos fiscales y los esfuerzos del Gobierno para abordar la evasión fiscal mediante la inversión en escáneres en las aduanas, y la mejora de la Administración Tributaria por medio de la digitalización”.
En marzo anterior, la calificadora de riesgo destacó la sólida recuperación de Costa Rica y la aprobación del plan de empleo público para regular las condiciones salariales del Estado con los funcionarios públicos.
En aquella ocasión decidió mantener la calificación de Costa Rica en “B”, pues señaló que el país aún reflejaba debilidades en las finanzas públicas y existía un estancamiento político con las reformas fiscales necesarias.
