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La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) señaló, este martes 3 de marzo, que si bien el plan de salvamento anunciado por el Gobierno ha ayudado a una importante cantidad de personas, no ha logrado alcanzar al número de deudores que se esperaba.
La razón es que muchos no califican para obtener los beneficios del programa, informó esta entidad, por medio de un comunicado de prensa.
El Poder Ejecutivo anunció, el pasado 18 de febrero, que el plan de salvamento ha permitido colocar ¢26.000 millones y la meta eran, al menos, ¢165.000 millones, indicó la Oficina.
En ese momento, el Gobierno detalló que el Banco Popular había colocado ¢18.590 millones en 2.600 soluciones de arreglos de pago y de refinanciamiento para personas con altos niveles de endeudamiento. Banco Nacional otorgó más de ¢5.200 millones en 494 financiamientos y el BCR destinó ¢2.227 millones, entre préstamos girados o en trámite.
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Según publicaciones de La Nación, el año pasado, el Banco Popular había anunciado que destinaría ¢74.000 millones para atender a unas 22.000 personas; el Nacional puso a disposición ¢100.000 millones para unos 72.000 asalariados y el Banco de Costa Rica lanzó un plan por ¢25.000 millones, para atender a 1.000 personas.
El plan de salvamento consistió en un proyecto de ley para que las entidades del sistema financiero permitiera a las personas altamente endeudadas refundir sus préstamos y obtener una cuota mensual más baja.
El plan estaba dirigido a los asalariados del sector público y privado que tengan comprometido más del 40% de su salario en deudas.
Mientras se aprueba el proyecto, el Gobierno giró una directriz para que la banca estatal y el Banco Popular aplicaran el plan.
“Algo que queda claro de lo avanzado a la fecha con el plan, es que en efecto más de la mitad de los solicitantes no califica, debido a que los niveles de deuda que mantienen hacen que sus ingresos mensuales estén muy comprometidos, aún con las condiciones favorables de tasa que ofrecen los bancos”, explicó Danilo Montero, director Ejecutivo de la OCF.
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De esta forma, aunque la reducción de las tasas de interés resulta favorable para algunos deudores, la medida no alcanza para quienes poseen deudas por encima de su capacidad de pago, indicó Montero.
Por ejemplo, si una persona tiene una deuda de ¢10 millones a 10 años plazo y una tasa de interés del 25% anual, la cuota a pagar, por mes, es de alrededor de ¢227.500.
Para que esa cuota no represente más del 50% de los ingresos del deudor, su salario líquido –el dinero que finalmente recibe el trabajador, después de deducciones de ley–, debe ser como de ¢455.000.
No obstante, la OCF –entidad que surgió de la Asociación Bancaria Costarricense–, señala que, si la persona tiene otras deudas adicionales, las cuotas sumadas consumirán más del 50% de sus ingresos. Para la OCF, la readecuación de deudas sería una solución efectiva solo si la persona modifica de manera radical su conducta respecto al gasto, lo cual va más allá de la educación financiera que requieren.
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A criterio de esta oficina, si la persona carece de trabajo estable, no logra demostrar ingresos fijos o está desempleada, es muy probable que no se le apruebe el plan de salvamento. La negativa no sería por falta de voluntad de la entidad financiera, sino porque los bancos deben velar por el dinero que le han confiado sus clientes
Montero recalcó que, en condiciones normales, lo ideal es que las cuotas de todos los créditos familiares no superen el 35% de los ingresos líquidos, con el fin de tener un porcentaje para cubrir las necesidades básicas e imprevistos de la familia.
Bajo el plan de salvamento, los bancos están aceptando porcentajes mucho más altos, para ayudar a las personas. Pero por encima del 70%, ponen en serio riesgo la recuperación de la plata para el banco.
