Para poder pagar la deuda y sus intereses el Gobierno ha tenido que estrujar el dinero destinado a las obras públicas, a los salarios de sus trabajadores y hasta el gasto social.

Así lo muestra el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el año 2019 que presentó ayer la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, al congreso.

Dicho presupuesto por ¢10,9 billones crecerá en un 17,5% en comparación con el 2018, pero está empujado principalmente por un crecimiento de 52,6% en el crecimiento de los pagos de los intereses y amortizaciones de la deuda (que pasa de casi ¢3 billones a ¢4,5 billones).

Del presupuesto total, una 41,6% será utilizado para pagar intereses y amortización de la deuda pública y además el plan será financiado en un 53% con más deuda, pues los ingresos por impuestos bajaron.

José Francisco Pacheco, exviceministro de gastos, comentó que no recordaba, en los últimos 20 años, un endeudamiento superior al financiamiento vía impuestos en un presupuesto.

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Si se excluye el servicio de la deuda y el pago de pensiones con cargo al presupuesto el plan baja un 0,8%.

¿Cómo se logra hacer esta reducción? En gran medida porque el pago de remuneraciones, que es casi la cuarta parte del plan de gastos, de los trabajadores del Gobierno Central apenas crece un 0,7% y los incentivos salariales un 1,1%.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, explicó que esto es el fruto de las medidas anunciadas meses atrás entre las cuales se encuentran que el aumento salarial no será la inflación, sino un monto fijo de ¢3.750 sobre la base para los próximos doce meses y por pasar también a un monto nominal, y no a un porcentaje del salario, el pago de cada anualidad y del punto de carrera profesional.

Pero además de los trabajadores del Gobierno Central, el resto de la población también siente los efectos del crecimiento de la deuda.

El dinero destinado para obras públicas se recortó en un 12,5% respecto al presupuesto del 2018. Estas obras incluyen vías de comunicación, edificaciones, compra de terrenos y maquinaria, entre otros.

La ministra advirtió que si no se corrige el déficit fiscal y no se intensifican las alianzas público privadas no es posible ver crecer la inversión.

Dejar de invertir reduce la capacidad del país para que su producción crezca y así generar más empleo e ingresos para los hogares.

Pero no solo la inversión en obras resulta estrujada, también lo hace el gasto social que no fue posible mantenerlo al nivel de años anteriores.

Según expuso Aguilar el gasto social pasará de representar un 13,1% de la producción en el 2018 a un 12,6% en el 2019. La funcionaria señaló que se trató de mantener la proporción de 12,5% de los últimos cinco años.

El gasto social incluye los gastos relacionados con la prestación de servicios básicos de carácter social a la población, tales como educación, salud, vivienda y desarrollo comunitario, abastecimiento de agua, alumbrado público, servicios relacionados con la recreación, el deporte, la cultura y la religión y la protección social.

Por ministerios

Buena parte de la reducción del gasto social se explica porque el Ministerio de Educación se le bajó de 7,4% de la producción en el presupuesto del 2018 a un 7,2% de la producción su presupuesto; con lo cual se incumplirá de nuevo con el 8% de la producción que establece la Constitución Política.

En monto absoluto, el presupuesto de este ministerio baja levemente en 0,1%, o en ¢2.234 millones. Hay un recorte de de 37,6%, en equipos de transporte, de comunicación y sanitario debido a que muchos implementos que serán adquiridos en el 2018 no es necesario incluirlos para el 2019, se explica en el proyecto y las transferencias de capital bajan un 43,4% debido a menores desembolsos las juntas de educación para que utilicen los recursos que tienen en caja única.

El presupuesto del Ministerio de Salud sube 1,4% porque se consignó el pago a la Caja Costarricense del Seguro Social del seguro de salud y regímenes de pensiones especiales, que no se incluyó en el plan del 2018.

Por su parte el plan de gasto del Ministerio de Vivienda decrece un 1,6%, aunque no se reduce la transferencia efectuada al Banco Hipotecario de la Vivienda que otorga los bonos.

En general, de las 24 entidades incorporadas en este Presupuesto, solo cinco muestran un incremento en su presupuesto, lo que se explica porque esos recursos están destinados a la atención de proyectos especiales que deben atender estos ministerios.

Pacheco explicó que el el presupuesto que formula el Ministerio de Hacienda cuenta una historia que se ha venido dando en el largo plazo y estos son los últimos capítulos.

“A lo largo de muchos años se ha venido diciendo a la gente que es necesario que el Gobierno gaste más en salud, educación, en seguridad, etc; pero sin ingresos (...) al no hacerlo con los ingresos que se requerían, hoy estamos sufriendo justamente el no haber adoptado las medidas desde hace tiempo”, dijo Pacheco.

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El proyecto de ley será discutido, inicialmente, en la Comisión de Asuntos Hacendarios que deberá remitirlo a más tardar el 25 octubre al Plenario Legislativo.

El primer debate será el 27 de noviembre y dos días después el segundo debate, según el cronograma que detalló el diputado y primer secretario del Directorio Legislativo, Luis Fernando Chacón.