La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual presume que la familia Lacayo Beeche, propietarios mayoritarios de la Financiera Desyfin, habrían alterado registros contables y proporcionado informes falsos e inexactos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), ahorrantes e inversionistas.
De acuerdo con el Ministerio Público, las inconsistencias en los registros contables derivaron en ajustes relevantes en los estados financieros, activos y gastos de la entidad.
La Nación tuvo acceso a la resolución de la solicitud de allanamiento hecha por la Fiscalía, el 9 de octubre de 2024, en la que el Ministerio Público señala a 26 imputados por los posibles delitos de administración fraudulenta, sabotaje informático y reducción de la pena.
El delito de reducción de la pena es una infracción a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), estipulada en el artículo 158. Esta falta consiste en la alteración de registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas en las entidades financieras, lo que podría afectar la composición de activos, pasivos, contingentes o resultados, de acuerdo con la legislación.
Además, se vincula con la entrega de datos o informes falsos o inexactos a la Sugef y a los órganos supervisores auxiliares, con el propósito de ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos de la entidad, evadir los encajes u ocultar la existencia de algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera.
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Federico Campos, abogado de los principales accionistas de Desyfin, los miembros de la familia Lacayo Beeche, afirmó que sus clientes no cometieron ninguna alteración contable. Dijo que siempre utilizaron normas contables internacionales NIIFS.
Además, el defensor señaló que la contabilidad fue auditada por firmas internacionales, con base en lo que la regulación de la misma Sugef establece en sus planes de cuentas.
Campos representa a Silvio Lacayo Lacayo, Hortensia Beeche Michaud, Silvio Lacayo Beeche, Manfred Lacayo Beeche y Mauricio Lacayo Beeche, socios principales de Desyfin.
El Ministerio Público los investiga por supuestamente idear un plan “antijurídico” que resultó en el descalabro de la Financiera, en detrimento de los ahorrantes, inversionistas y de Corporación El Moscardón, socio minoritario de la entidad en proceso de cierre.
Luego de ser intervenida el 13 de agosto de 2024, el 9 de octubre el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) declaró inviable a la Financiera Desyfin, tras acumular pérdidas por ¢21.968 millones a agosto de 2024. Por ello, se ordenó el proceso de resolución para realizar un cierre ordenado de la entidad.
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La Fiscalía sostiene que hubo inconsistencias en los registros contables de la Financiera al colocar erróneamente, como activos, egresos de la subcuenta de “gastos diferidos” por un monto de ¢1.187 millones.
Al hacerse la corrección, se redujeron los activos que estaban registrados de forma inadecuada y se contabilizó correctamente este gasto. A raíz de la corrección, la Sugef determinó que se había falseado la información impidiendo revelar la verdadera situación de la entidad, ocultándose pérdidas por ¢3.318 millones.
Para agosto del año pasado, las pérdidas acumuladas ascendían a ¢21.968 millones. A continuación, un extracto de las “alteraciones contables” señaladas por la Fiscalía en el caso Desyfin:
Crédito Gómez & Galindo
De acuerdo con el documento, un préstamo de $1,09 millones otorgado a Gómez & Galindo Abogados y Notarios de Centroamérica fue reportado a Sugef con un buen comportamiento de pago.
Sin embargo, según el Ministerio Público, la situación en apariencia era falsa, ya que el préstamo se habría trasladado a incobrable y nunca se reportó como morosa ante la Sugef en el Centro de Información Crediticia.
Gómez & Galindo es señalada por la Fiscalía como parte del entramado de los socios mayoritarios de Desyfin para supuestamente ejecutar “acciones fraudulentas”.
Mario Gómez Pacheco y José Antonio Hidalgo Marín, representantes de las dos sociedades, sostuvieron que el crédito se pagó de forma adecuada y que ya solicitaron desestimar la causa judicial. En su criterio, ellos más bien son víctimas en este caso.
Desplome de suficiencia patrimonial
Tras las revisiones realizadas por la Sugef, a partir de junio de 2024, el indicador de suficiencia patrimonial de Financiera Desyfin se desplomó de un 10,20% a -0,06% para junio.
El índice de suficiencia patrimonial se calcula dividiendo el capital base de la entidad supervisada entre sus activos ponderados por riesgo, derivados de actividades como préstamos o inversiones.
La normativa establece tres niveles de irregularidad: una suficiencia menor al 10% pero mayor o igual al 9% se clasifica como irregularidad 1; entre el 8% y el 9%, como irregularidad 2; y por debajo del 8%, como irregularidad grado 3.
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Crédito a Sociedad disuelta
Según la Fiscalía, Servicios WTJJ Rodríguez registraba una operación por ¢579 millones, con fecha de vencimiento del 1.° de agosto de 2021, pero el expediente del crédito nunca fue entregado, lo que habría impedido a la Sugef determinar la veracidad de la información.
Cuando se hizo el estudio de crédito a la sociedad, en el 2018, se evidenciaba que la empresa no contaba con capacidad de pago para hacer frente a la deuda, según la Fiscalía. La sociedad había sido disuelta desde el 4 de noviembre del 2021.
A pesar de ello, el préstamo fue reportado como una operación activa por ¢633 millones, sin días de atraso y con una mora máxima de 90 días reportada en su situación histórica, de acuerdo con el documento judicial.
El abogado Campos argumentó que, para los créditos y sus reclasificaciones, no hubo oportunidad de contestar u objetar, porque nunca se notificó el informe a los propietarios de Desyfin antes de ejecutarse la intervención.
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‘Pagos’
El registro contable 1804, denominado “Pago imp. Municipalidad Carrillo”, fue reportado como diferido, aunque en realidad se trataba de un deudor que no estaba en la cartera de crédito. El monto fue registrado como gasto.
Sin embargo, según el Ministerio Público, en realidad se trataba de un gasto relacionado con la venta de una finca propiedad de una sociedad deudora. Este inmueble formaba parte de los activos recibidos en garantía por los préstamos otorgados al deudor.
Factura por arreglo en elevador
La Financiera reportó una factura por ¢5,89 millones por un servicio brindado por una firma de elevadores en una torre de apartamentos como un diferido. Sin embargo, se trataba de un error.
Según el Ministerio Público, lo que realmente se atendió correspondía a un desperfecto mecánico en los elevadores de un bien vendido por la entidad, que tenía un daño oculto y era parte de la garantía.
Ajustes en activos e ingresos
El documento también reveló un incremento del activo y un registro de ingresos por ¢415 millones. Esto se corrigió, ya que correspondía a un ajuste por la valoración revisada por un sistema en comparación con un cálculo manual.
De igual manera, se reportó un incremento del activo y una reversión de los gastos por ¢438 millones. No obstante, la información aparentemente era errónea y respondía a ajustes en otros rubros.
Además, según el documento de la Fiscalía, mediante un asiento diferido por ¢6,31 millones, relacionado con timbres, se omitió el registro como gasto. Esta inconsistencia fue corregida posteriormente.
