Mario Gómez Pacheco, presidente y representante legal de la firma Consultores Financieros Cofin S. A., negó que él hubiese ideado un plan con los propietarios mayoritarios del Grupo Financiero Desyfin para obtener un beneficio patrimonial antijurídico de la Financiera Desyfin, como sostiene la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual.
Gómez, quien figura como imputado en la causa donde se investiga el descalabro de Desyfin, insistió en que él no incurrió en ninguna irregularidad. “Somos honestos, profesionales y correctos”, declaró en compañía de José Antonio Hidalgo Marín, quien es tesorero y representante de Cofin.
Ambos son investigados por este caso por las operaciones que brindaron a Desyfin las sociedades Cofin y el Bufete Gómez & Galindo Abogados y Notarios de Centroamérica S. A., donde figuran también como representantes.
“Llegar y decir que Mario Gómez ideó todo, es especulación. Nosotros somos las víctimas. (...) Si quieren revisar, no tengo ningún problema, ¿qué más puede pasar de lo que ya pasó?”, agregó en referencia al allanamiento que hizo la Fiscalía a su vivienda y su bufete en octubre del 2024.
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A Gómez e Hidalgo se les achaca la obtención de dos créditos, cada uno por cerca de $1 millón, que de acuerdo con el Ministerio Público, nunca habrían pagado y, pese a ello, en los registros contables no se reportó una morosidad, por el contrario, se les calificó con un “comportamiento de pago histórico bueno”.
Además, se les cuestiona por ser los fiduciarios (administradores) de varios fideicomisos que, según la Fiscalía, habrían sido utilizados para “ocultar la situación financiera real” de Desyfin ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
‘Nos ensucian peor’
En cuanto a los créditos, los investigados insistieron en que ambos fueron cancelados desde el 2018 y que desconocen las razones por las cuales Desyfin no borró la deuda de sus registros contables; indicaron que ellos se enteraron el año pasado cuando acudieron a otra entidad bancaria a solicitar un préstamo.
“En ese momento, pedí una cita con Lacayo y le pregunté qué estaba pasando y me respondió que era un error contable, que iban a limpiarlo. Uno (de los préstamos) lo cancelaron, pero no lo limpiaron del CIC (Centro de Información Crediticia). Lo pasaron por incobrables; entonces, más bien nos ensucian peor. Somos víctimas porque después la Fiscalía dice: ‘Que raro, no pagó y después lo pasan por incobrables”, aseguró Gómez.
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Agregó que, tras el descalabro de Desyfin, conversó con el representante legal de esa financiera, Silvio Lacayo Beeche, y le informó de “que no podía ser abogado de ellos, porque podría haber un conflicto de interés”.
“He tratado de mantener una distancia prudente. Si me los encuentro, los saludo, son seres humanos. Yo no me voy a meter a juzgar si hicieron bien o hicieron mal, todavía falta mucho en el proceso”, enfatizó Mario Gómez. Actualmente, Cofin figura como fiduciario en alrededor de 900 fideicomisos con Desyfin, que aún están vigentes.
‘Nosotros estamos por instrucciones’
Sobre la participación de Cofin como fiduciario de los fideicomisos entre la Financiera Desyfin y empresas vinculadas a la familia Lacayo Beeche, recalcó que solo se utilizaron para custodiar garantías o documentos, pues ellos no administraron recursos y solo recibían “instrucciones”.
Gómez e Hidalgo afirmaron que no establecieron las condiciones de los préstamos, o bien, de las relaciones entre empresas, sino que solo dejaron por escrito lo que ya las partes habían acordado previamente. También, negaron tener conocimiento de que hubo ventas con sobreprecios, como sospecha el Ministerio Público.
“A veces dicen: ‘El abogado aconsejó’. Pero no, perdóname. Primero, no soy el único abogado que existe en este país, hay 30.000. Y no soy el único abogado que tenía Desyfin. Ellos tenían un departamento legal interno. Es más, todavía hay abogados trabajando con ellos”, aseguró Gómez.
En noviembre del 2024, tras los allanamiento, Guillermo Hernández Ramírez, el representante legal de Mario Gómez, presentó un escrito a la Fiscalía, en el que solicitó la desestimación de la causa por un supuesto delito de administración fraudulenta, la cual se tramita bajo el expediente N.° 24-000074-0621-PE.
Esa petición la hizo también para José Antonio Hidalgo Marín y Danilo Zamora Méndez; este último es apoderado de Cofin.
“Los fideicomisos fueron de garantía pero, además, la nota característica del contrato de fideicomiso es la transferencia de la propiedad del bien o derecho sobre el que recae el negocio a título fiduciario. (...) De manera que los bienes del patrimonio fideicomitido no fueron bienes ‘ajenos’ para Cofin, pues la empresa fiduciaria los recibió en cesión y los hizo su propiedad mediante la dinámica de la figura comercial del fideicomiso.
“Así las cosas, los señores Gómez, Hidalgo y Zamora nunca realizaron la conducta típica del delito de administración fraudulenta”, argumentó Hernández.