La Fiscalía sostiene que durante la intervención de la Financiera Desyfin ocurrieron acciones para destruir archivos que eran esenciales para la supervisión de la entidad. Según el órgano acusador, rompieron un tubo de agua en el baño de mujeres, cortaron el suministro eléctrico y se activó la alarma de incendio. Además, de forma remota se habrían borrado registros digitales.
“En tres ocasiones, se realizaron actos dañinos para eliminar la información de los servidores”, indicó el Ministerio Público en la solicitud de allanamiento autorizada por la jueza Natalia Rodríguez Solís, del Juzgado Penal de Pavas, en octubre del 2024, documento al cual tuvo acceso La Nación.
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Silvio Lacayo Beeche: ‘Es totalmente falso’
Silvio Lacayo Beeche, accionista y representante legal del Grupo Desyfin, calificó de mentiras los argumentos de la Fiscalía.
“El sabotaje informático era imposible con solo entender lo que es una intervención. Cuando se dio la intervención, la alta gerencia y la administración son los primeros que tienen que salir de la empresa. La interventora Marianne Kott tomó la posición y a nosotros nos sacan de la empresa”, declaró el empresario.
Lacayo Beeche añadió: “Nos sacaron en el acto, no tuvimos ni 15 minutos. Entonces, cómo yo, mis hermanos o la familia vamos a hacer un sabotaje de la información de la compañía, si no teníamos acceso a los sistemas. Es totalmente falso”.
Daño a infraestructura
El primer acto dañino que señala la Fiscalía es la ruptura de un tubo de agua en el baño de mujeres. Esto ocurrió en las oficinas centrales de Desyfin. En apariencia, el objetivo era provocar el mal funcionamiento de los aires acondicionados y, de esta manera, dañar la información almacenada en el centro de datos.
Según el Ministerio Público, este daño habría impedido el acceso a archivos clave del negocio, ubicados en los servidores.
El representante legal del Grupo Desyfin calificó de cortina de humo los argumentos del Ministerio Público. “Dicen que abrimos un tubo de agua para inundar los sistemas. ¡Por favor! Son cortinas de humo que han inventado ellos simplemente para achacarnos la responsabilidad de cosas que no son ciertas”, apuntó Lacayo Beeche.
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Un segundo intento de obstrucción, según la Fiscalía, ocurrió el 20 de agosto de 2024. Sucedió en las oficinas centrales de la financiera en Escazú. Allí, hubo una “desconexión abrupta de la conexión eléctrica”. Esto afectó los servidores en el centro de datos.
Vemos que, en el caso de la Financiera Desyfin, la misma fue intervenida por la Sugef y, estando en dicho lugar, en tres ocasiones, se realizaron actos dañinos para eliminar la información de los servidores.
— Resolución de allanamiento, Juzgado Penal de Pavas.
En el documento judicial, se dice que la falla eléctrica pudo ser intencional. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) confirmó que no hubo interrupción de energía en esa localidad en la fecha y hora mencionadas.
Activaron alarmas y borraron archivos
El presunto tercer daño ocurrió una semana después de la ruptura del tubo del baño y el corte de electricidad. La Fiscalía indicó que, el 26 de agosto, se activaron las alarmas de incendio a las 7 a. m., sin que se hubiera registrado ningún siniestro. Para el Ministerio Público, este acto tenía el propósito, aparentemente, de destruir la información que buscaban las autoridades financieras.
Federico Campos, abogado de los socios mayoritarios de Grupo Desyfin, cuestionó que la Fiscalía considere como cierta información dada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
“Es totalmente falso que hubo sabotajes eléctricos o informáticos por parte de ningún personero de Desyfin porque, al estar la intervención en curso, ninguno podía acercarse al edificio central de Desyfin”, apuntó.
El caso del exjefe de TI
El Ministerio Público achaca al exencargado de Tecnología Informática (TI) de Desyfin, Randall Valverde Rojas, un supuesto borrado remoto de 20 archivos esenciales para la investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, las acciones de Valverde salieron a la luz gracias a un correo electrónico enviado el 2 de setiembre del 2024 por el proveedor PC Central, que citaba un informe de diagnóstico sobre la pérdida de datos históricos elaborado el 29 de agosto por la empresa El Orbe.
Dicho informe concluyó que el profesional investigado, al parecer, eliminó archivos de los servidores durante la intervención y, según un inventario hecho y un informe emitido por el proveedor Veam Support, al 9 de octubre de 2024, no se había logrado recuperar los archivos, a pesar de los esfuerzos coordinados con la casa matriz del software utilizado.
La Nación contactó a Randall Valverde, el jueves 27 de febrero, para conocer su postura sobre la acusación judicial en su contra. En horas de la noche, solicitó posponer la conversación para el viernes. Pasada la 1 p. m., se comunicó con este medio vía telefónica y afirmó que no había sido notificado oficialmente, enterándose del señalamiento tras la consulta periodística.
Durante la llamada, negó haber cometido delito alguno y precisó que interpuso una demanda laboral luego de ser despedido sin responsabilidad patronal. Al ser cuestionado sobre los motivos de este proceso, explicó que la empresa, en la cual laboraba desde hace 13 años, lo acusó de eliminar archivos, aunque él sostiene que la acción fue realizada por un proveedor.
Según Valverde, su usuario aparece vinculado porque, como administrador, debía otorgar accesos, dado que la empresa restringía el ingreso a proveedores sin contrato de soporte. Por ello, emprendió acciones legales contra la compañía por su despido.
Posteriormente, se comunicó nuevamente con este diario por mensaje, intentó retractarse de sus declaraciones e indicó que prefería consultar con su representación legal para determinar si podía proporcionar más detalles sobre el proceso.
El Conassif ordenó la intervención de la Financiera Desyfin el 13 de agosto del 2024, debido a deficiencias en la gestión de la cartera de créditos y debilidades en la administración de la compañía.
El 9 de octubre, el Consejo declaró a la entidad inviable y ordenó el proceso inmediato de cierre porque las pérdidas de la financiera consumieron el total del capital y se determinó un faltante de ¢6.704 millones, lo que representa una caída del patrimonio del 158% y una suficiencia patrimonial del -10,7%.
Al momento de la intervención, Desyfin registraba una pérdida de ¢3.300 millones que luego creció a ¢21.968 millones.
¿Qué evidencia buscaba la Fiscalía?
La resolución del Juzgado detalla que la orden de allanamiento, registro y secuestro tenía como objetivo obtener, entre otros elementos, una copia completa del servidor. Esto incluye el respaldo de correos electrónicos de los funcionarios del departamento de Contabilidad, así como de la Gerencia General, que abarca las áreas de Operaciones, Negocios, Crédito, Financiera, Recursos Humanos y el departamento de Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos (Sicveca).
Además, las autoridades buscaban documentación relacionada con el registro contable de la reserva líquida de la financiera y los expedientes de Recursos Humanos, donde se encontraban los detalles de los contratos de servicios de quienes recibían salarios adicionales por parte de una empresa registrada en Panamá.
También se solicitó el decomiso del equipo de cómputo de la alta gerencia, incluidos dispositivos de almacenamiento masivo, computadoras portátiles y de escritorio, así como teléfonos, tabletas y otros dispositivos electrónicos relevantes para la investigación.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual investiga a 26 personas por este caso, lo que incluye miembros de la cúpula de la entidad financiera, abogados y exempleados.
La investigación se tramita bajo el expediente N.° 24-000074-621-PE por los delitos de administración fraudulenta, reducción de la pena y sabotaje informático.