Uno de los investigados en el caso judicial sobre Desyfin es el exencargado de Tecnologías de la Información (TI) de la financiera.
La Fiscalía le atribuye al profesional Randall Valverde Rojas un supuesto sabotaje informático que eliminó archivos clave de la entidad durante el proceso de intervención.
La Nación obtuvo acceso exclusivo a la solicitud de allanamiento presentada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, la cual fue autorizada por el Juzgado Penal de Pavas, el 9 de octubre de 2024.
Según argumentó el Ministerio Público, el jefe de TI habría borrado de forma remota 20 archivos esenciales para la investigación, los cuales no han sido recuperados. Por ello, resultaba necesario intervenir los servidores de la entidad financiera para resguardar el resto de la información almacenada.
En particular, destacó que los servidores almacenaban datos “de suma relevancia”, como archivos contables y documentación que respaldaba las operaciones financieras, crediticias y administrativas.
La Nación contactó a Randall Valverde el jueves 27 de febrero para conocer su postura sobre la acusación judicial en su contra. En horas de la noche, solicitó postergar la conversación para el día siguiente. Poco después de la la 1 p. m., se comunicó con este periódico vía telefónica y afirmó que no había sido notificado oficialmente de que era investigado.
Durante la llamada, negó haber cometido el supuesto delito que le achaca la Fiscalía. Argumentó que la empresa, en la cual laboró durante 13 años, lo acusó de eliminar archivos, aunque él sostiene que la acción fue realizada por un proveedor.
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Según Valverde, su usuario apareció vinculado porque, como administrador, debía otorgar accesos, pues la empresa restringía el ingreso a proveedores sin contrato de soporte.
Posteriormente, se comunicó de nuevo con este diario por mensaje, intentó retractarse de sus declaraciones e indicó que prefería consultar con su representación legal para determinar si podía proporcionar más detalles.
Informe reveló acciones de encargado
De acuerdo con la resolución judicial, las acciones de Valverde salieron a la luz gracias a un correo electrónico enviado, el 2 de setiembre de 2024, por el proveedor PC Central, que citaba un informe de diagnóstico sobre la pérdida de datos históricos, elaborado el 29 de agosto por la empresa El Orbe.
Dicho documento concluyó que el acusado supuestamente eliminó archivos de los servidores durante la intervención pedida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a Desyfin en agosto del año pasado.
“Vemos que, en el caso de la Financiera Desyfin, la misma fue intervenida por la Sugef y, estando en dicho lugar, en tres ocasiones, se realizaron actos dañinos para eliminar la información de los servidores. Incluso, el acusado Randall Valverde Rojas logró borrar en forma remota 20 archivos que no han sido recuperados”, describe la resolución del Juzgado Penal de Pavas.
La resolución también señala que no se había logrado recuperar los archivos, a pesar de los esfuerzos coordinados con la casa matriz del software utilizado.
Sobre el delito de sabotaje informático
El delito de sabotaje informático está contemplado en el artículo 229 ter del Código Penal y establece penas de tres a seis años de prisión para quien, en beneficio propio o de un tercero, destruya, altere, entorpezca o inutilice la información contenida en una base de datos.
Asimismo, sanciona con la misma pena a quien impida, altere, obstaculice o modifique sin autorización el funcionamiento de un sistema de tratamiento de información, sus partes o componentes físicos o lógicos, o un sistema informático.
La normativa contempla un agravante con penas de cuatro a ocho años de prisión en cuatro circunstancias específicas. La primera se aplica si la conducta del autor genera peligro colectivo o daño social.
La segunda ocurre cuando el delito es cometido por un empleado encargado de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tenga acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.