Para la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, el descalabro de la Financiera Desyfin es el resultado de un plan orquestado por los propietarios mayoritarios del Grupo Financiero Desyfin para obtener un beneficio patrimonial antijurídico.
Según el Ministerio Público, los socios mayoritarios habrían ejecutado “acciones fraudulentas” en detrimento de los ahorrantes, los inversionistas y uno de los propietarios minoritarios de la entidad.
El fiscal Christian Agüero Gamboa presume que los principales dueños usaron fideicomisos y sociedades anónimas para ocultar la situación real de la Financiera Desyfin, además de que hicieron pagos extrasalariales a socios y a la alta gerencia en Panamá, sin reportarlo a la seguridad social y a Tributación. Además, habla de negocios simulados.
Esta hipótesis consta en la solicitud de allanamiento que permitió a la Policía intervenir en oficinas y casas el 17 de octubre del 2024. El documento, del cual La Nación tiene copia, tiene fecha del 9 de octubre del mismo año.
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“Procedieron a erosionar de forma continua y sistemática el patrimonio de Financiera Desyfin, con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial antijurídico (...). Ocasionaron un perjuicio de naturaleza patrimonial orquestado a través de acciones fraudulentas”, expuso la Fiscalía al Juzgado Penal de Pavas.
En el documento figuran 26 personas, entre imputados y encartados. Entre ellos, están los miembros de la Junta Directiva de Desyfin, el encargado de Tecnología Informática de la financiera y otros.
Las diligencias judiciales se centran en Silvio Lacayo Lacayo, Hortensia Beeche Michaud, Silvio Lacayo Beeche, Manfred Lacayo Beeche y Mauricio Lacayo Beeche, socios principales de Desyfin.
También, la Fiscalía allanó el bufete Gómez & Galindo y la casa de Mario Gómez Pacheco, quien es representante tanto de la sociedad Consultores Financieros (Cofin) como de Gómez & Galindo. A las dos firmas se les vincula con las presuntas “acciones fraudulentas” en las que habrían participado los dueños mayoritarios de Desyfin.
Además, aparecen como imputados José Antonio Hidalgo Marín, también socio de Cofin y de Gómez & Galindo, así como otra persona de apellidos Zamora Méndez, fiduciario administrador de los fideicomisos de Cofin.
La investigación se tramita bajo el expediente N.° 24-000074-621-PE. En esta, la Fiscalía persigue la supuesta comisión de los delitos de administración fraudulenta, reducción de la pena y sabotaje informático.
“Idearon un plan con la finalidad de obtener beneficios propios o para terceros a través del abuso de confianza y valiéndose de los puestos de poder que les otorgaban competencias propias de administradores de los recursos económicos”, según el Ministerio Público.
La financiera fue intervenida el 13 de agosto del 2024 por orden del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
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Posteriormente, el 9 de octubre, el Conassif declaró a la Financiera Desyfin inviable, al acumular pérdidas por ¢21.968 millones a agosto del 2024. Por ello, se ordenó el proceso de resolución, para realizar un cierre ordenado de la entidad.
La entidad en proceso de cierre tiene 4.028 personas con ahorros, de los cuales 3.072 cuentan con el monto garantizado (hasta ¢6 millones) y 956 están cubiertos de forma parcial. Las obligaciones con el público son de ¢99.900 millones.
Silvio Lacayo: Todo es mentira
Silvio Lacayo Beeche, accionista y representante legal de Desyfin, aseguró que presentaron descargos contra todos los argumentos señalados por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos.
“Todos y cada uno de los hechos de esa demanda no son ciertos, todos son totalmente mentira, puras cortinas de humo que presentó la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) para argumentar la necesidad de hacer la intervención. Argumentamos con pruebas. Nosotros ya presentamos una desestimación total”, afirmó el empresario.
Según Lacayo Beeche, todos los vehículos financieros usados con Cofin fueron legítimos. “Son negocios privados que cumplen con todas las regulaciones de Costa Rica. Todo lo que la Sugef argumenta ahí (la denuncia) no tiene razón. Son argumentos que no son verdaderos y no son válidos”, dijo a La Nación en una entrevista, el pasado 28 de febrero.
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Mario Gómez, de Cofin: ‘Somos víctimas’
En tanto, Mario Gómez Pacheco y José Antonio Hidalgo Marín, socios de Cofin y de Gómez & Galindo, dijeron a este medio que actuaron de manera correcta, apegados a la ley y que darán las explicaciones necesarias a las autoridades judiciales.
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“En los casos concretos que presentaron alguna duda y que generaron el allanamiento, nosotros nos presentamos al Ministerio Público y aclaramos cada uno de los puntos que se mencionaron, y entregamos un documento. Nosotros, en este caso, somos víctimas”, afirmó Gómez Pacheco.
Por su parte, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual informó de que el caso está investigación, en la etapa de recolección y análisis de prueba.
Compra de cartera mala
La Fiscalía acusa a los socios de crear fideicomisos para supuestamente ocultar la morosidad de Desyfin y aumentar sus ganancias en perjuicio de ahorrantes, inversionistas y del socio minoritario Corporación El Moscardón.
Según la solicitud de allanamiento, el 23 de marzo del 2017, Silvio Lacayo Beeche, junto a cuatro familiares, estableció el fideicomiso Emisión, Administración y Garantía de la Emisión Privada de Deuda 2017 para obtener hasta $10 millones en financiamiento privado. Estos recursos se usarían para comprar la cartera de créditos malos de Desyfin, que tenían alta morosidad.
El financiamiento se concretó mediante una emisión privada de valores de corto plazo, representados en certificados de participación fiduciaria emitidos por Cofin, en favor de los inversionistas del fideicomiso, es decir, los Lacayo Beeche, quienes aportaban recursos para la colocación.
El objetivo, según la Fiscalía, era ocultar la verdadera situación financiera de Desyfin y evitar las estimaciones regulatorias correspondientes, a fin de esconder la situación real de la entidad supervisada.
En una de las cláusulas, se dispuso que ellos recibieran todos los recursos financieros de los bonos para adquirir la cartera mala con una sociedad de su propiedad.
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Además, usaron ingresos de la Arrendadora Desyfin, subsidiaria del grupo, para crear una reserva líquida en el fideicomiso, vendiendo contratos de leasing (arrendamiento) con un sobreprecio a la Financiera Desyfin, argumenta el Ministerio Público.
Estos ingresos, de acuerdo con la Fiscalía, se tradujeron en utilidades para los socios de la Arrendadora, los Lacayo Beeche. Agregaron que las cesiones se reflejaban en la Financiera como un crédito diferido por todo el periodo de vigencia de estos contratos de leasing, lo que generaba un perjuicio.
Según la Fiscalía, Silvio Lacayo Lacayo, Hortensia Beeche y sus tres hijos transfirieron una gran cantidad de acciones de las sociedades dueñas de Grupo Financiero Desyfin al fideicomiso. Como fiduciario (administrador) del fideicomiso, participó la sociedad Cofin, representada por Mario Gómez Pacheco, pero actuando en el acto Zamora Méndez, administrador de los fideicomisos de Cofin.
Financiera Desyfin
Distribución accionaria
FUENTE: Expediente judicial 24-000074-0621-PE || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Fiscalía: un segundo fideicomiso era un negocio simulado
Un segundo fideicomiso, llamado Garantía Arrendadora Desyfin/Financiera Desyfin/Cofin, tenía como propósito garantizar a Desyfin (como fideicomisario) el pago de una línea de crédito otorgada a Arrendadora Desyfin por $4 millones. Sin embargo, la Fiscalía señaló que el negocio era simulado.
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El 8 de agosto del 2024, días antes de la intervención, se hizo una adenda al contrato del fideicomiso, indicando que nunca existió la línea de crédito de $4 millones entre ambas entidades.
Las partes argumentaron que existía una relación comercial donde la Arrendadora Desyfin vendía contratos de leasing (arrendamientos) y la Financiera Desyfin los compraba sin aplicar descuentos, pagando incluso un sobreprecio, al igual que en el fideicomiso anterior.
La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en su artículo 146, prohíbe a grupos o conglomerados financieros hacer operaciones entre sí en condiciones diferentes de las aplicadas en las operaciones con terceros independientes.
Desde agosto del 2021, la Financiera Desyfin compró cartera progresivamente a la Arrendadora Desyfin por $70,8 millones, pagando un supuesto sobreprecio de $4,2 millones, para un monto total de $75 millones.
Según el Ministerio Público, los imputados autorizaron créditos de leasing a empresas y sociedades, incluso disueltas, y a particulares, con un alto riesgo de no recuperar los montos prestados, convirtiendo los préstamos en incobrables.
La Financiera registraba estas compras como gastos diferidos durante el tiempo que duraba el leasing para ocultar el alto costo, mientras que la Arrendadora las anotaba como ingresos, beneficiando a sus dueños, según la Fiscalía.
La venta de cartera morosa y la supuesta adquisición de operaciones crediticias en buen estado habrían favorecido que Desyfin ocultara por años la verdadera realidad financiera a la Sugef.
La Financiera Desyfin es propiedad de Grupo Financiero Desyfin, que posee el 94,89 % de acciones y está conformado, principalmente, por cinco sociedades representadas por la familia Lacayo Beeche. Dentro del grupo, también tiene participación Norfund, con 22%.
Como socios minoritarios, se encuentran las mismas cinco sociedades representadas por los miembros de la familia y la Corporación El Moscardón, con un 4,26 %, la cual figura como perjudicada por las supuestas acciones fraudulentas de los imputados.