Desyfin aplicó, durante varios años, ajustes en las condiciones financieras de los créditos de 21 grandes deudores para ocultar la morosidad de estos clientes y evitar la constitución de millonarias estimaciones por el deterioro de esas operaciones, según concluyó un estudio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Las acciones aplicadas por la entidad, actualmente en proceso de cierre, incluían el refinanciamiento de créditos, el financiamiento y capitalización de los intereses no pagados, la aplicación de menores tasas de interés en las nuevas operaciones y la presentación de garantías no válidas como mitigadores de riesgo. Así se detalla en el oficio confidencial SGF-DSII-0020-2024, del 6 de agosto, elaborado por la Sugef.
“Los refinanciamientos recurrentes bajo estas condiciones constituyen un mecanismo para ocultar la mora y evitar el incumplimiento durante la vigencia del crédito", se recalca en el informe de 39 páginas, del cual tiene copia La Nación.Este documento sirvió para que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) fundamentara su decisión de intervenir Desyfin.
La Sugef descubrió estas irregularidades después de efectuar una supervisión in situ en la financiera, a partir del 19 de enero del 2024. En ese momento, los 21 deudores registraban un saldo crediticio conjunto de ¢18.477 millones, es decir, el 14% del saldo total de ¢130.974 millones. La mayoría estaba clasificada en una categoría de riesgo normal, ya que se registraba que las operaciones estaban al día o con un atraso de menos de 30 días.
Después de esta fiscalización especial, la Sugef reclasificó los préstamos de estos clientes dentro de la categoría de dudosa recuperación, debido a que registraban más de 120 días de retraso e los pagos. Incluso, se detectaron casos excepcionales de impagos por hasta tres años sin que se realizara un cambio en la calificación del deudor.
Como resultado, la Superintendencia aplicó un ajuste en las estimaciones por deterioro de los créditos de esos usuarios, que pasaron de ¢981 millones a ¢7.446 millones, es decir, se incrementaron en ¢6.465 millones.
El aumento fue cubierto con el patrimonio de la entidad, el cual se consumió casi en su totalidad. Esto provocó que el indicador de suficiencia patrimonial cayera por debajo del 10%, lo que llevó a la financiera a una situación de irregularidad financiera 3, e implicó la intervención inmediata de la entidad, ordenada por el Conassif el pasado 13 de agosto.
Las medidas adoptadas por Sugef tuvieron como resultado que las pérdidas de Desyfin aumentaran. En el primer semestre, previo a la supervisión, la financiera informó de una caída de ¢3.318 millones, la cual se profundizó a ¢13.679 millones.
Sin embargo, al finalizar la intervención el hueco de la institución se ensanchó hasta ¢21.968 millones, después de que se hiciera una nueva reclasificación de deudores.
La fiscalización efectuada por la Superintendencia excluyó siete operaciones de descuento de facturas relacionadas con la trocha fronteriza, las cuales fueron refinanciadas por un período de 12 años, según el informe final del proceso de intervención.
Este diario solicitó una posición a Silvio Lacayo Beeche, quien ocupaba el cargo de representante Legal de la financiera, sobre los resultados de la fiscalización de Sugef, pero al cierre de este artículo no se había recibido respuesta.
En un recurso de reconsideración de la intervención, presentado por Desyfin al Conassif el pasado 26 de agosto, la empresa catalogó como “falencias técnicas" los argumentos dados por Sugef para modificar la calificación crediticia del grupo de grandes deudores analizados. Por ejemplo, la entidad señaló el caso del deudor Santa Rosa Estate ―reclasificado a la peor categoría de riesgo― pese a que existía una garantía hipotecaria para mitigar el 70% del monto adeudado.
“El oficio recurrido reclasifica de forma improcedente créditos a mayor categoría de riesgo con la correspondiente estimación crediticia, aún cuando dichas operaciones crediticias se encuentran al día", se precisa en el documento del cual tiene copia La Nación.
Anomalías detectadas
Uno de los principales señalamientos de la Sugef fue que, tras la revisión de la cartera de préstamos, se encontraron deudores con un elevado riesgo o deterioro crediticio no revelados, lo que resultó en una subvaloración de las provisiones por operaciones problemáticas.
La Superintendencia descubrió que, entre enero de 2005 y enero de 2024, la financiera realizó constantes refinanciamientos a 16 grandes deudores. “La entidad no suministró información o evidencia de la solicitud y aceptación de los refinanciamientos por parte del deudor", se detalla en el informe.
La ejecución de estas maniobras permitió mantener las operaciones de crédito al día o con un mínimo retraso en sus obligaciones. Además, los deudores mantenían una aparente buena capacidad de pago y un historial crediticio intacto, mientras que la financiera no realizaba las estimaciones correspondientes por deterioro.
Por ejemplo, Sugef encontró que Desarrollos y Construcción Alfaco Limitada, con préstamos por ¢1.364 millones, reportaba atrasos en pagos por 1.080 días; Proyectos y Sistemas Proyectica, con financiamientos por ¢588 millones, tenía 974 días sin cumplir con sus obligaciones; y Santa Rosa Estates, con créditos por ¢1.928 millones, 579 días sin efectuar pagos.
En estos tres casos, la institución fiscalizadora encontró estimaciones por deterioro subvaloradas y las elevó. “Las debilidades (...) corresponden a actuaciones que ponen en peligro la estabilidad y solvencia de la entidad, dado que conllevaron a que, resultado de la valoración realizada por esta Superintendencia, se reclasificaron 21 deudores a categoría de mayor riesgo, que como último resultado derivó en un indicador de suficiencia patrimonial que ubica a la Financiera en Irregularidad 3″, determinó la Sugef.
En la revisión de los deudores, la Sugef encontró que en el 32% de los casos el refinanciamiento se dio a menores tasas de interés, de la operación original, e incluso por debajo del costo del fondeo.
“Las tasas de estos créditos son inferiores a las tasas pasivas ofrecidas en certificados de inversión en ventanilla, con lo cual la tasa de interés de los créditos de esos ocho deudores no cubre dicho costo, impactando la generación de ingresos, en perjuicio de su rentabilidad y solvencia", se subrayó en el oficio de fiscalización.
Adicionalmente, a esos mismos clientes, Desyfin les financió la compra de bienes realizables a la propia financiera, es decir, aquellas propiedades destinadas a la venta. Sin embargo, las operaciones se hicieron pese a que los clientes carecían de capacidad de pago para adquirir los terrenos.
La Superintendencia sostuvo en su informe que esta práctica le permitió a la institución no registrar contablemente las propiedades y evitar gastos por estimaciones.
Desyfin consideró un yerro el argumento de los menores intereses, pues esas operaciones correspondían a la venta de activos de la financiera y, las tasas preferenciales, estaban debidamente previstas en la política de la entidad.
La entidad en proceso de cierre aseguró en el recurso de amparo presentado en la Sala IV, contra la intervención, que los alegatos hechos al Consejo no fueron resueltos.
Desyfin utilizó varios mecanismos para mantener las operaciones de 21 grandes deudores al día y no revelar los problemas de atraso en los pagos, según el informe confidencial de Sugef que provocó la intervención de la entidad. (Rafael Pacheco Granados)
