La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y de Propiedad Intelectual sospecha que los mayores accionistas de la Financiera Desyfin habrían actuado “en contubernio” con dos aliados clave en el supuesto plan para obtener beneficios del patrimonio de la entidad, en perjuicio de ahorrantes, inversionistas y un propietario minoritario.
En criterio del Ministerio Público, los accionistas coordinaron con los representantes de las firmas Consultores Financieros Cofin S. A. y Bufete Gómez & Galindo Abogados y Notarios de Centroamérica S. A. Estas dos sociedades están representadas por Mario Gómez Pacheco y José Antonio Hidalgo Marín.
Ellos dos figuran entre los imputados en la causa donde se investiga el descalabro de Desyfin, financiera que acumuló pérdidas por ¢21.968 millones, debido al deficiente manejo de la cartera de créditos. En el 2024, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) intervino la entidad, la declaró inviable y ordenó el proceso inmediato de cierre.
Consultados por La Nación, los dos investigados declararon que nunca administraron recursos ni tomaron decisiones. Sostuvieron que los créditos cuestionados por el Ministerio Público se pagaron de forma adecuada y que ya solicitaron desestimar la causa judicial. En su criterio, ellos más bien son víctimas en este caso.
“No puede entenderse ni por asomo (como lo indica la relación de hechos formulada por la Fiscalía para justificar la solicitud de allanamientos) una coautoría o una complicidad para la concreción de hechos ilícitos”, argumentaron en la solicitud de desestimación enviada a la Fiscalía.
Los hechos bajo investigación de Desyfin
En la cronología de los supuestos hechos delictivos, la Fiscalía vincula directamente a Mario Gómez Pacheco y a José Antonio Hidalgo Marín con las acciones ejecutadas por los Lacayo Beeche, los mayores accionista de la sociedad anónima Grupo Desyfin, que a su vez es el principal accionista de la Financiera Desyfin S. A.
El Ministerio Público señaló que sus sociedades funcionaron como los fiduciarios (administradores) de varios fideicomisos que habrían sido utilizados para “ocultar la situación financiera real” de la Financiera Desyfin ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), y para “erosionar, de forma regular, sistemática y deliberada, el patrimonio de la Financiera Desyfin”, en beneficio propio y de los Lacayo Beeche.
En segundo lugar, la Fiscalía les achaca a las sociedades de Mario Gómez y José Antonio Hidalgo la obtención de dos créditos, cada uno por cerca de $1 millón, que nunca habrían pagado sin que se reportara la morosidad en los registros contables; por el contrario, se les calificó con un “comportamiento de pago histórico bueno”.
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“Idearon un plan con la finalidad de obtener beneficios propios o para terceros, a través del abuso de confianza y valiéndose de los puestos de poder que les otorgaban competencias propias de administradores de los recursos económicos”, consignó la Fiscalía.
Así consta en la resolución que emitió el Juzgado Penal de Pavas, el 9 de octubre del 2024, cuando permitió varios allanamientos por este caso, el cual se tramita bajo el expediente judicial N.° 24-0000074-0621-PE.
De hecho, el Tribunal Penal de San José autorizó el allanamiento de la vivienda de Mario Gómez y del bufete Gómez & Galindo.
En los documentos judiciales, de los cuales La Nación tiene una copia en exclusiva, se detalla que Gómez Pacheco y José Antonio Hidalgo Marín figuran en una lista de 26 imputados y encartados por los presuntos delitos de administración fraudulenta, reducción de la pena y sabotaje informático. En el caso de ellos dos, solo se les achaca administración fraudulenta.
‘No administramos recursos’
Mario Gómez Pacheco y José Antonio Hidalgo negaron a La Nación haber cometido algún ilícito. Insistieron en que ellos más bien son las víctimas en este proceso. En entrevista con este diario, aseguraron que los créditos cuestionados se cancelaron y no existe ningún irregularidad; en su criterio, todo se debe a un error contable de Desyfin, que nunca consignó los pagos en sus reportes financieros.
Y en cuanto a la participación en los fideicomisos, insistieron en que ellos no tomaban ninguna decisión, sino que solo se encargaban de custodiar las garantías sin administrar recursos. Sostuvieron que solo acataban las instrucciones que les daba Desyfin.
“Nosotros somos honestos, profesionales y correctos. Cumplimos la ley y somos transparentes. Si hay dudas, las aclaramos”, dijo Gómez, quien añadió que en noviembre pasado presentaron un escrito a la Fiscalía solicitando la desestimación del caso.
“Tuvimos que explicarles cómo funciona un fideicomiso porque pareciera que a veces hay dudas con eso”, precisó, por su parte, José Antonio Hidalgo.
Los polémicos créditos
La Fiscalía investiga un préstamo que obtuvo la firma 3-101-698707 S. A., donde Mario Gómez figura como presidente y representante legal, por $956.612, en setiembre del 2015.
Esa operación se hizo mediante el “fideicomiso de garantía Mario Gómez Pacheco-José Antonio Hidalgo Marín–Financiera Desyfin S. A./Cofin/2015″. En ese caso, Gómez figuró como deudor y, a la vez, aparecía junto a Hidalgo como representantes legales de Cofin, que fungió como fiduciario, es decir, como administrador de los recursos.
No obstante, el Ministerio Público sospecha que ese financiamiento nunca existió y que se trató de “una ficción contable”. Aduce que la firma 3-101-698707 S. A. nunca habría realizado un pago por esa deuda.
Según el órgano acusador, “el primer pago mensual de la operación se pagó contra una cuenta transitoria denominada ‘mensajeros’, y los pagos aplicados se tenían que remitir al área de contabilidad, para ser reclasificados contra una cuenta de gastos por honorarios profesionales de la firma legal Gómez y Galindo, cuyos socios son Mario Gómez Pacheco y José Antonio Hidalgo Marín”.
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“(...) La acción fraudulenta generó un detrimento del patrimonio de la Financiera Desyfin por $1,1 millones”, continuó la Fiscalía, según documentos en poder de este diario.
El Ministerio Público presume que Gómez e Hidalgo habrían incurrido en una infracción al artículo 656, del Código de Comercio, el cual prohíbe que el fiduciario sea al mismo tiempo fideicomisario (acreedor).
Al respecto, Gómez e Hidalgo negaron el impago de tal financiamiento. Alegaron que la cuota era pagada con trabajo que el bufete Gómez & Galindo le realizaba a Desyfin, y que en cierto momento dejaron de recibir honorarios y, entonces, el crédito se canceló en el 2018. Incluso, devolvieron a la financiera la casa que estaba en garantía.
Posteriormente, en setiembre del 2022, se registró, según la Fiscalía, un crédito al bufete Gómez & Galindo por $1,1 millones. Durante las pesquisas, se habría detectado que ese préstamo, en diciembre del 2023, fue reportado a la Sugef “con un comportamiento de pago histórico 1 (comportamiento de pago histórico bueno). Sin embargo, Desyfin habría “registrado esa misma operación por incobrable”.
“Desyfin no reportó morosidad alguna; por el contrario, se reportó al día y con un comportamiento de pago tipo 1, sin atrasos y con un buen comportamiento de pago. (...) Por lo que la información originalmente registrada por los encartados era errónea o inexacta”, precisó el ente fiscal.
Gómez e Hidalgo dijeron desconocer este financiamiento. Adujeron que podría tratarse de otro, por un monto similar, que se concretó en abril del 2016, para la adquisición de un crédito de Corporación Yanber, y que se canceló en agosto del 2018, cuando tenía un saldo de $396.961.
Tres polémicos fideicomisos
Paralelo a esos dos casos, el Ministerio Público cuestiona, al menos, otros tres fideicomisos en los que Cofin figuró como administrador de los recursos, los cuales se constituyeron entre marzo del 2017 y setiembre del 2022.
Tenían otro denominador en común; se trataba de financiamientos o negocios entre la Financiera Desyfin y empresas vinculadas con los Lacayo Beeche.
El primero, por ejemplo, se trató de un financiamiento a corto plazo por hasta $10 millones que obtuvieron los Lacayo Beeche para comprarle a Desyfin una cartera de crédito “en condición mala”, que tenía una alta morosidad.
El objetivo, de acuerdo con la Fiscalía, era ocultar la verdadera situación financiera de la entidad ante la Sugef y utilizar ingresos de otra subsidiaria del grupo, Arrendadora Desyfin, para crear una reserva líquida en el fideicomiso, vendiendo contratos de leasing (arrendamiento) con un sobreprecio a la Financiera Desyfin.
“Esas cesiones se reflejaban en Desyfin como un crédito diferido por toda la vigencia de esos contratos leasing, lo que ocasionaba un detrimento del socio minoritario Corporación El Moscadón, ahorrantes, inversionistas y el resto de acreedores”, alegó el Ministerio Público.
El segundo fideicomiso versó sobre un refinanciamiento de $277.506 para Silvio Lacayo Lacayo, a través de la firma Inversiones Básicas S. A. (Inbasa), el cual data del 2018 y era para comprar cuatro bienes inmuebles. Según la Fiscalía, se trató de un supuesto “esquema fraudulento en beneficio propio”, donde habría obtenido ganancias por $74.300.
Mientras, el tercer fideicomiso administrado por Cofin se creó en setiembre del 2022. Se trató de una línea de crédito por $4 millones. Silvio Lacayo Beeche figuró como fideicomitente (deudor) en representación de Arrendadora Desyfin y, al mismo tiempo, como fideicomisario (acreedor) en representación de Financiera Desyfin.
Sin embargo, el órgano acusador concluyó que ese préstamo nunca habría existido, sino que se trató de un “negocio simulado”. La Fiscalía presume que la Arrendadora habría vendido contratos de leasing y la Financiera los compraba sin aplicar descuentos, pagando incluso un sobreprecio que al final ascendió a $4,2 millones.
De manera progresiva, la Financiera, detalló el Ministerio Público, habría comprado esa cartera a la Arrendadora por $75 millones, cuando en realidad costaba $70,8 millones.
“Las acciones empleadas tenían como fin generarles un beneficio y privilegio económico inmediato a los socios finales de Arrendadora Desyfin, sean los miembros de la familia Lacayo, creando un incremento exponencial de sus ganancias y utilidades en perjuicio del socio minoritario, ahorrantes, inversionistas y demás acreedores”, indicó la Fiscalía.