Dos personas dirigieron las revelaciones de las presuntas deficiencias de Financiera Desyfin en la gestión de la cartera de créditos y debilidades en su administración, así como la determinación de que la entidad no contaba con la capacidad financiera y patrimonial para continuar en operación.
Rocío Aguilar Montoya, entonces jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), y Marianne Kött Salas, interventora y ahora resolutora de la entidad, fueron quienes lideraron la revelación de las supuestas irregularidades en la entidad y el actual proceso de cierre.
Aguilar Montoya recomendó la intervención de la entidad al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), la cual se aprobó el 13 de agosto del 2024.
La petición se hizo después de que diera una fiscalización especial de la Sugef, a partir del 2022, que encontró irregularidades en el 20% del saldo de préstamos otorgados por la entidad, el cual ascendió a ¢122.106 millones a julio pasado.
La entonces jerarca confirmó a La Nación, dos días después del inicio de la intervención, que hicieron más de 300 requerimientos de información, así como la entrega de planes remediales.
Aguilar criticó que, durante el proceso de supervisión, enfrentaron dificultades porque hubo ocultamiento de información. “La Superintendencia tiene acceso libre en las entidades financieras y esto no ocurrió con esta entidad (Desyfin) y quedó documentado en sendas notas que se enviaron a la entidad”, afirmó la jerarca a este diario.
Posteriormente, La Nación tuvo acceso al informe confidencial de la Sugef, el cual fue clave para la intervención. El documento desveló que, durante varios años, se realizaron ajustes en las condiciones financieras de los créditos de 21 grandes deudores para ocultar la morosidad de estos clientes y evitar la constitución de millonarias estimaciones por el deterioro de esas operaciones.
Las operaciones registraban un saldo crediticio conjunto de ¢18.477 millones, es decir, el 14% del saldo total. La mayoría estaba clasificada en una categoría de riesgo normal, ya que se registraba que las operaciones estaban al día o con un atraso de menos de 30 días.
En el caso de Kött Salas, el proceso de intervención encontró que las subvaloración de provisiones por créditos malos elevó las pérdidas de la entidad, pues pasaron de ¢3.300 millones, en julio del 2024, a ¢21.968 millones a inicios de setiembre del año pasado.
Kött tuvo un enfrentamiento con la familia Lacayo Beeche, dueños de la entidad, por la presentación de un plan de regulación de la financiera.
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“Presentaron (los Lacayo Beeche) la propuesta al equipo interventor, pero fue una actuación unilateral que no la respalda, ni representa ningún proceso de negociación. La única persona autorizada para presentar un plan de regulación es mi persona en calidad de interventora”, recalcó la interventora.
Kött informó a los socios mayoritarios de Desyfin de que era necesario aportar ¢21.968 millones para capitalizar a la entidad y devolverle la viabilidad a la financiera, así como fortalecer la estructura de gobierno corporativo.
Sin embargo, como ninguna de las acciones se concretó, recomendó la declaratoria de inviabilidad e iniciar el proceso de cierre de la financiera, el cual ella aún lidera.