La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) solicitó a Desyfin más de 300 requerimientos de información por medio de diversos oficios, a lo largo de 18 meses, como parte de una fiscalización especial a la financiera.
Rocío Aguilar Montoya, jerarca de la Sugef, confirmó a La Nación que el requerimiento de datos se hizo porque supervisaban una serie de debilidades en la administración de la cartera de crédito de la entidad, la cual registró un saldo de ¢122.106 millones a julio pasado.
“Hubo dos campos en particular en que se pidieron datos: cartera crediticia y gastos diferidos. En el caso de la cartera fue información relativa a expedientes (de préstamos) que en algunos casos no se obtuvo. En la parte de gastos era más bien el tratamiento que se les daba, que no era el correcto”, dijo la jerarca.
Con la información recabada, la jerarca de la Sugef subrayó que existí la necesidad de aumentar la estimación por deterioro crediticio debido al aumento de la morosidad, una situación que no estaba reflejada correctamente.
El otro elemento que elevó las provisiones fue que Desyfin contabilizaba algunas garantías crediticias las cuales, según la normativa, no calificaban como tales.
El resultado fue que la financiera debió usar poco más de la mitad de su patrimonio para elevar las estimaciones. A julio, la entidad registró una estimación por créditos malos de ¢2.741 millones, pero debió elevarla en más de ¢6.000 millones por la reclasificación de operaciones de crédito.
Aguilar criticó que, durante el proceso de supervisión, enfrentaron dificultades porque hubo ocultamiento de información. “La Superintendencia tiene acceso libre en las entidades financieras y esto no ocurrió con esta entidad (Desyfin) y quedó documentado en sendas notas que se enviaron a la entidad”, afirmó.
De hecho, estas fricciones llevaron a la Sugef a recomendar a la Junta Directiva de la financiera la remoción de Silvio Lacayo Beeche como gerente general. Su salida se concretó el 31 de julio pasado.
Lacayo Beeche negó en un comunicado de prensa, este miércoles 14 de agosto, que se ocultara información. Sostuvo que actuaron con total seriedad, responsabilidad y transparencia.
La Nación pidió a Desyfin, por correo electrónico, este miércoles a las 5:48 p.m., una posición sobre los argumentos dados por la superintendenta. La entidad informó de que por recomendación legal ningún representante legal de Financiera Desyfin dará declaraciones más allá de las compartidas en el comunicado de este miércoles.
Rocío Aguilar (a la derecha de azul), jerarca de la Sugef, dijo que tuvieron dificultades en Desyfin para acceder a información. Un informe de la Superintendencia fue lo que llevó al Conassif, dirigido por Laura Suárez (izquierda), a intervenir la financiera. (Marvin Caravaca)
El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de Desyfin, este martes 13 de agosto, luego de analizar un informe de Sugef, en el cual se revela, entre otros aspectos, deficiencias en la gestión de la cartera de créditos y debilidades en la administración de la compañía.
La medida se dictó de manera inmediata por un plazo ordinario de 30 días naturales, que podría ser prorrogado por 30 días más de ser necesario. El Consejo nombró a Marianne Kött Salas como interventora titular.
La medida fue motivada por el hecho de que la entidad incurrió en la irregularidad financiera 3 debido a que su patrimonio se consumió en más de un 50%. En julio pasado, la financiera contaba con un patrimonio de ¢11.516 millones, pero este cayó a cerca de ¢5.700 millones tras utilizar los recursos para establecer una provisión por deterioro crediticio.
Esta medida hizo que la suficiencia patrimonial descendiera por debajo del 8%, lo que constituye otro motivo para proceder con una intervención, según la normativa financiera vigente.
