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El gobierno de Estados Unidos propuso la noche de este martes el establecimiento de un arancel adicional del 12,5% a Costa Rica y otros 45 países.
La razón de la nueva tarifa propuesta surge por no imponer y aplicar normativa para prohibir la importación de bienes elaborados por trabajo forzoso.
De hacerse efectiva la nueva tarifa, las exportaciones de Costa Rica tendrán un arancel total del 22,5%, tras el 10% establecido en febrero pasado.
El anuncio, realizado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), indica en un documento anexo que el gobierno estadounidense abre un periodo de consulta pública.
Las partes interesadas en testificar tienen tiempo hasta el 22 de junio de 2026 para solicitarlo, la entrega de comentarios escritos vence el 6 de julio de 2026 y las audiencias presenciales darán inicio formal en Washington el 7 de julio antes de emitir un dictamen aduanero definitivo.
El pasado 12 de marzo, el USTR anunció una nueva investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para 59 países incluida Costa Rica, vinculada con la puesta en marcha de normativas que prohíban las importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso.
Esta es la segunda investigación que desarrolla contra Costa Rica la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). La primera se inició en setiembre de 2025 a las exportaciones de dispositivos médicos y está relacionada con motivos de seguridad nacional.
En ese momento, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), dijo que estaban analizando la información disponible para defender al sector exportador costarricense y estarían comunicando oportunamente cualquier actualización relevante.
Este miércoles La Nación solicitó a la entidad sus valoraciones sobre la propuesta del nuevo arancel y se está a la espera de respuesta.
Ahora, el USTR determinó que todas las 60 economías evaluadas fallaron en la materia; 54 de ellas, incuido Costa Rica, por no poseer leyes que prohíban importar bienes hechos con trabajo forzoso, y seis economías (Canadá, México, la Unión Europea, Ecuador, Indonesia y Pakistán) por poseer el marco regulatorio pero no aplicarlo de forma efectiva.
