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Más de 500 clientes mantenían inversiones por $200 millones en proyectos privados de Aldesa cuando, en marzo del 2019, la empresa acudió al Juzgado Concursal ante sus problemas de liquidez. Siete años después, la acusación del Ministerio Público permite conocer con mayor detalle cómo funcionaba la operación de la empresa que hoy forma parte de un proceso penal contra 23 personas.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios describe movimientos de dinero entre empresas reguladas y no reguladas, inversiones en proyectos privados, captaciones utilizadas para atender otros pagos y operaciones que, según el documento, supuestamente los clientes desconocían.
La causa se tramita bajo el expediente 19-000157-1220-PE, cuya investigación comprendió el periodo entre el 1.° de enero del 2017 y el 8 de marzo del 2019.
El caso se encuentra en audiencia preliminar en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. La diligencia se proyecta hasta noviembre del 2026.
Estos son los principales puntos que se desprenden de la acusación:
Empresas reguladas y no reguladas compartían su operación
El Grupo Aldesa llegó a conformar 42 sociedades, pero solo cinco estaban supervisadas y reguladas por la Sugeval.
Según la Fiscalía, el grupo empresarial compartía domicilio en Curridabat, instalaciones, personal, directores, asesores, corredores de bolsa, contabilidad, sistemas informáticos, marcas, logotipos, página web, teléfonos y correos electrónicos.
El Ministerio Público denomina esta operación como “mimetismo” y sostiene que en apariencia generaba entre los inversionistas la percepción de que todo el grupo estaba supervisado por la Sugeval.
Recursos terminaron en sociedades no reguladas
La Fiscalía presume que fondos captados de personas y empresas mediante firmas reguladas como Aldesa Puesto de Bolsa o Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión terminaron en Aldesa Corporación de Inversiones (ACI) o en sociedades destinadas a proyectos inmobiliarios privados.
En el documento de acusación y petición de apertura a juicio, del cual tiene copia La Nación, se presume que los clientes no conocían el traslado ni fueron informados sobre los riesgos asociados con esas inversiones.
En algunos casos, el dinero ingresaba primero a una compañía regulada y luego era trasladado. En otros, llegaba directamente a sociedades no reguladas.
Asesores recibían comisiones por referir inversionistas
ACI y Aldesa Puesto de Bolsa mantenían un contrato de referimiento de clientes. El asesor que remitía inversionistas podía recibir comisiones de intermediación.
La Fiscalía sostiene que el referimiento no ocurría materialmente como un proceso separado. Según el expediente judicial, el mismo asesor de la entidad regulada realizaba el trámite para trasladar los fondos hacia empresas no reguladas.
El Ministerio Público califica esta práctica como un supuesto “abuso de la doble investidura”.
Proyectos de largo plazo se ofrecían mediante inversiones de hasta un mes
En una auditoría forense citada por la Fiscalía se señala que los desarrollos inmobiliarios requerían periodos de maduración y comercialización mayores que los plazos ofrecidos a los clientes.
Las inversiones se ofrecían por uno, tres, seis o 12 meses.
El Ministerio Público sostiene que esa diferencia produjo un “descalce de plazos” y problemas de liquidez.
Nuevas captaciones habrían servido para pagar a otros inversionistas
El Ministerio Público presume que, ante el descalce, parte del dinero captado no destinaba al proyecto correspondiente, sino al pago de cupones, intereses o liquidaciones vencidas de otros clientes.
El expediente incluye una conversación de WhatsApp del 13 de setiembre del 2018 entre Javier Chaves Bolaños y una inversionista. En ella, Chaves escribió: “estamos captando para poder confirmarles otro pago”.
La acusación sostiene que los indagados conocían los problemas de liquidez de ACI desde principios del 2018.
Captación continuó antes de solicitar la intervención judicial
La Fiscalía afirma que Aldesa Corporación de Inversiones (ACI), sociedad que agrupaba las empresas del grupo, supuestamente continuó recibiendo recursos de inversionistas días antes del 8 de marzo del 2019, cuando Javier Chaves solicitó en el Juzgado Concursal la administración y reorganización por intervención judicial.
El Ministerio Público supone que Chaves conocía para entonces la incapacidad de pago de la compañía.
Fiscalía presume una oferta pública no autorizada
Doce asesores habrían colocado valores privados de ACI y de sociedades inmobiliarias entre más de 50 inversionistas ajenos al grupo de interés económico del emisor.
Las sociedades mencionadas son Fortaleza Habitacional La Balvina, Graviton Energy & Technology, Desarrollos ZF Coyol e Inmobiliaria Altos de la Verbena.
Según la información aportada, superar los 50 inversionistas convierte la colocación en oferta pública y exige autorización previa de la Sugeval. La Fiscalía sostiene que esa autorización no existía.
Clientes concentraron hasta el 100% de sus activos en inversiones alternativas
Los clientes completaban un cuestionario para determinar su perfil como inversionistas. Pese a ello, la Fiscalía obtuvo pruebas de que en múltiples casos el 100% de sus activos terminó en inversiones alternativas privadas de ACI.
La acusación contrasta esa concentración con el criterio financiero citado en el expediente, según el cual como máximo un 20% de un portafolio debería destinarse a este tipo de activos.
El Ministerio Público afirma que los productos habrían sido presentados como inversiones “seguras”.
Fiscalía documentó una reinversión de $52.000 sin el presunto consentimiento
En el expediente judicial también se incluyen casos en los cuales asesores habrían desatendido instrucciones de clientes para retirar su dinero.
En febrero del 2019, un asesor reinvirtió $52.000 de una cliente en Graviton Energy & Technology pese a que ella había indicado que no quería continuar con la inversión, según la Fiscalía.
Los recursos quedaron colocados durante un año y seis meses, con una tasa de interés anual del 8,5%.
Pagos de inversiones privadas salían de Aldesa Puesto de Bolsa
Los intereses, cupones y liquidaciones correspondientes a inversiones en ACI eran depositados a clientes mediante Aldesa Puesto de Bolsa, empresa que sí estaba regulada por la Sugeval.
En el documento de acusación se indica que algunos beneficiarios ya no tenían inversiones activas en el puesto de bolsa.
La Fiscalía sostiene que este mecanismo contribuía a mantener a los clientes sin conocimiento de que sus recursos estaban colocados en una entidad no regulada.
Familia Chaves Bolaños controlaba el 72,72% de ACI
Al 10 de octubre del 2018, ACI tenía 6.278.544 acciones comunes y nominativas con un valor de ¢1.000 cada una.
Según el expediente, sociedades representadas por integrantes de la familia Chaves Bolaños reunían el 72,72% del capital accionario.
Javier Chaves Bolaños presidía ACI. Eduardo René Ulibarri Bilbao era vicepresidente; Mario Montealegre Saborío, secretario; Luis Magin Mesalles Jorba, tesorero; y Lanzo Luconi Bustamante, fiscal.
Los cinco forman parte de las 23 personas imputadas en el proceso.
Más de 500 clientes mantenían inversiones por $200 millones
En marzo del 2019, Chaves solicitó ante el Juzgado Concursal de San José la administración y reorganización por intervención judicial de ACI.
El planteamiento contemplaba una suspensión de pagos por tres años y menores tasas de interés. Más de 500 clientes mantenían inversiones por $200 millones en proyectos privados de desarrollo inmobiliario.
Chaves atribuyó la situación a problemas de liquidez.
El 22 de julio del 2022, el Juzgado Concursal declaró la quiebra y abrió la etapa de liquidación de activos después de que no se concretara un convenio preventivo.
