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Los malos financiamientos empresariales otorgados por la asociación solidarista del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) podrían costar ¢11.000 millones al fondo de cesantía de los empleados de la entidad financiera.
Este monto representa el 11% de la reserva de las prestaciones legales de los 5.480 trabajadores del banco público y sus subsidiarias. Este fondo es administrado por la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio).
Allan Castro Tasara, actual presidente de Asebanacio, confirmó a La Nación que hay muy pocas probabilidades de recuperar dichos recursos, pues las garantías de los clientes son sumamente bajas.
Los recursos prestados corresponden a operaciones de crédito empresarial, así como descuentos de facturas y contratos con compañías privadas que están en cobro judicial o reportan más de 90 días de morosidad.
Entre los casos con problemas destacan las deudas dejadas por las compañías del empresario cementero Juan Carlos Bolaños.
Castro Tasara añadió que tienen en análisis otras operaciones empresariales, por ¢2.000 millones, que podrían elevar hasta los ¢13.000 millones el riesgo de pérdida de la Asociación.
Asebanacio se creó por acuerdo de la Junta Directiva del BNCR, en el 2014, para administrar e invertir los recursos de la cesantía de los empleados.
La entidad bancaria trasladó, en un plazo de tres años, la provisión por prestaciones legales de sus trabajadores acumuladas y, desde el 2017, efectúa transferencias mensuales a Asebanacio.
Al cierre del 2017, el patrimonio de la organización gremial reportó un saldo de ¢96.584 millones de los cuales ¢75.530 millones corresponden a aporte patronal, ¢19.640 millones de la contribución de los trabajadores y ¢1.414 millones de excedentes, según los estados financieros de la solidarista.
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Operaciones problemáticas
La revisión de los financiamientos empresariales entregados por Asebanacio comenzó a partir de octubre del 2017, cuando los empleados del BNCR nombraron una nueva Junta Directiva.
En el primer informe preparado por la solidarista, de marzo anterior, y del cual tiene copia La Nación, se reveló que el crédito con mayores problemas fue el otorgado a la compañía Toro Bonito, que dejó un pendiente de pago por ¢3.882 millones y ya fue asumido como pérdida por la Asociación, confirmó el presidente de la entidad.
Esta empresa, dedicada a la comercialización de carnes, embutidos, quesos y condimentos, recibió financiamientos en factoreo por ¢4.362 millones; pero solo pudieron recuperar el 11% de los recursos prestados, se detalla en el Primer Informe de Gestión JDA-01-2018.
A la compañía JCB Constructora y Alquiler, de Juan Carlos Bolaños, Asebanacio le otorgó descuento de contratos por ¢3.636 millones, de los cuales quedó un pendiente de pago por ¢2.059 millones.
La única garantía de la operación era una letra de cambio de la empresa deudora y una fianza solidaria del empresario del cemento, se detalla en el informe de la solidarista.
Sin embargo, un estudio contratado a KPMG reveló que Asebanacio dio financiamientos a Bolaños por ¢18.000 millones, entre el 2015 y el 2017, para negocios entre el Grupo JCB e instituciones públicas.
A Comando de Seguridad Delta, Asebanacio le otorgó financiamiento de descuentos de contratos por ¢1.750 millones, de los cuales quedó debiendo ¢1.486 millones, luego de declararse en quiebra en diciembre del año pasado.
Las operaciones con la firma de seguridad y con Bolaños están en proceso de cobro judicial.
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El deterioro de la calidad de la cartera de crédito de Asebanacio obligó a la Directiva de la organización a elevar el saldo en cobro judicial de ¢2.530 millones, en setiembre del 2017, a ¢6.138 millones a octubre de ese mismo año.
Asimismo, acordó, según el informe en poder de La Nación, elevar la provisión por créditos malos, de ¢892 millones, en setiembre del año anterior, a al menos ¢4.807 millones, en setiembre de este año.
"De acuerdo a las proyecciones financieras, para el cierre del periodo 2017-2018, se estima llegar a una cobertura de estimación de alrededor ¢4,807 millones, lo que representaría un 80% del total de créditos en condición de baja probabilidad de recuperación", se recalca en el informe.
Los directivos de la solidarista acordaron, desde diciembre del 2017, no volver a otorgar financiamientos a compañías privadas y cerrar la cartera de crédito empresarial.
Procuraduría libera al Banco Nacional de responsabilidad por pérdidas
El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) no tiene responsabilidad solidaria de las eventuales pérdidas en que incurra su asociación solidarista en la administración del fondo de cesantía de los trabajadores.
Así lo estableció la Procuraduría General de la República (PGR) en el pronunciamiento C-121-2018, del 31 de mayo anterior, ante una consulta hecha por Ana Isabel Solano, presidenta de la Junta Directiva de la institución pública.
“No existe un régimen de responsabilidad solidaria que vincule a una institución pública, en su condición de patrono, por eventuales pérdidas en que pudiera incurrir una organización social (...) en la administración del denominado fondo de cesantía de los empleados”, concluyó la Procuraduría en su dictamen vinculante.
En el pronunciamiento se aclara que las instituciones públicas tampoco pueden establecer convenios, en los cuales se comprometan a asumir pérdidas por la mala gestión de los recursos de las prestaciones legales de los trabajadores.
Solano efectuó el trámite ante la PGR, el año pasado, tras revelarse que la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio), tenía altas probabilidades de pérdida de recursos debido al incumplimiento de pago de varias operaciones de crédito empresarial hechas por la entidad.
La jerarca también efectuó la consulta, a la PGR, para corroborrar un dictamen de la Asesoría Legal de la Directiva en el cual se argumenta que el riesgo de pérdida del fondo de cesantía debe asumirlo el trabajador y no el patrono.
“La responsabilidad del Banco se limita a reconocer la diferencia entre lo que le corresponda al trabajador como auxilio de cesantía y lo que el patrono hubiera aportado en forma efectiva a la asociación”, argumentó Solano, en el oficio JDG-004-2017, del 9 de octubre del año pasado.
Solano también preguntó cuáles son los alcances de la institución –como patrono– para fiscalizar o intervenir sobre la administración de los fondos de la solidarista.
La PGR resaltó que, desde noviembre del 2010, la Contraloría General de la República determinó que el patrono cumple con su obligación de adelantar el pago de cesantía a los trabajadores y, desde ese momento, los recursos son propiedad de los empleados.
