El Grupo JCB, del empresario Juan Carlos Bolaños, reportaba problemas de morosidad con el Banco de Costa Rica (BCR) un mes antes de la aprobación de los créditos por $30 millones para la compra de cemento chino
Estos préstamos fueron aprobados el 28 de enero del 2016.
Así se revela en el peritaje del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del 21 de mayo pasado, que hace una revisión de la gestión, formalización y desembolsos de los recursos dados a Sinocem Costa Rica.
El Informe No. 060-DEF-R-023-18, del cual tiene copia La Nación, también encontró que el Comité de Crédito del BCR rechazó desmejorar la capacidad de pago del cliente, por el supuesto incumplimiento en la entrega de información financiera, pese a la recomendación dada por la Oficina de Análisis de Créditos al efectuar una revisión de las operaciones superiores a $1 millón.
La pesquisa del OIJ efectuó un análisis de la relación de Bolaños y las compañías que conforman el Grupo JCB, pues eran codeudoras del financiamiento de $20 millones para la importación de cemento y ¢5.390 millones para la nacionalización del producto.
Las empresas del conglomerado del empresario cementero son Sinocem, Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB, JCB Distribuidora y JCB Constructora y Alquiler.
El BCR informó, mediante su Oficina de Prensa, que no se referirá al tema para no interferir en las investigaciones del Ministerio Público y el OIJ.
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El documento del OIJ, hecho por la Sección de Delitos Económicos y Financieros, se efectuó para la causa penal 16-000013-0033-TP en la cual se acusó a Bolaños y varios miembros de la alta gerencia del BCR de los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito en perjuicio de los deberes de la función pública.
Los jerarcas bancarios cuestionados son Mario Barrenechea, exgerente general; y Gilberth Barrantes, exgerente corporativo de Riesgos.
También están los miembros del Comité de Crédito del BCR Leonardo Acuña, subgerente de Finanzas y Riesgo; Andrés Víquez, subgerente de Banca Mayorista; Marvin Corrales, subgerente de Banca Minorista; y Rodrigo Ramírez, director de Gestión de Crédito.
Dudas con cliente
La pesquisa del OIJ revela que, el 15 de diciembre del 2015, el Comité de Crédito del BCR supo que la firma JCB Distribuidora –una de las codeudoras– tenía una categoría de riesgo crediticio C1, es decir, con una mora igual o menor a 90 días, según el Reglamento para la Calificación de Deudores de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Para el 19 de julio del 2016, seis meses después de dado el crédito a Sinocem, la Oficina de Análisis de Crédito del BCR recomendó degradar la capacidad de pago del cliente –en este caso de Sinocem– de normal a debilidad leve, según se reseña en el informe del OIJ.
La sugerencia se hizo por un incumplimiento en la entrega de información financiera para corroborar si el empresario podía hacer frente a los pagos de los giros de recursos del banco estatal.
El 27 de julio del mismo año, Adriana Castro –ejecutiva de crédito del BCR– escribió a Bolaños y a Javier Rojas, gerente de Sinocem, y solicitó de manera expedita la información.
“Lo que sí está urgiendo aún es el flujo de caja, detalles de deudas, contratos de la Constructora, detalle de venta de respuestos, etc (...) recordemos que las empresas del (Grupo) JCB son codeudoras de Sinocem por tanto se requiere información de ellas también”, se detalla en el informe del OIJ en poder de este diario.
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El 6 de setiembre del 2016, Andrés Víquez, subgerente de Banca Mayorista, pidió al Comité de Crédito mantener la buena calificación de deudor de Sinocem porque la empresa ya había entregado la información financiera y estaba en estudio.
El Comité acogió el pedido y dejó sin efecto la modificación de la capacidad de pago de Sinocem, según el informe de Auditoría.
Francisco Dall’Anese, abogado de Víquez y Leonardo Acuña, enfatizó que las decisiones tomadas por sus representados siempre fueron bajo criterios técnicos, dijo a La Nación el pasado 20 de agosto.
“Es falso que hubiera habido una alerta sobre la capacidad de pago. Más bien había dos informes de la Auditoría (del BCR) diciendo que se trataba de un buen crédito y de mínimo riesgo. El auditor (José Manuel Rodríguez) ahora cambió su versión“, enfatizó Dall’Anese.
El jurista recalcó que no hay ningún informe, ni administrativo, ni judicial, que diga que las decisiones fueron erróneas.
Gerardo Huertas, defensor de Marvin Corrales, subgerente de Banca Minorista, dijo que los miembros del Comité de Crédito fundamentaron sus decisiones con base a decisiones de la Dirección Jurídica del BCR, así como los órganos técnicos de la institución.
“El Comité actúa como un órgano deliberador, pues le presentan los criterios técnicos y toma decisiones. Ninguno de los miembros están en las etapas previas de la aprobación del crédito ni las etapas posteriores“, recalcó el abogado.
Huertas enfatizó que la capacidad de pago del deudor se hizo sobre todas las empresas del Grupo JCB y no solo Sinocem, pues había compañías codeudoras.
El BCR acordó cerrar anticipadamente las líneas de crédito a Bolaños, en setiembre del 2016, luego de que la Sugef emitiera un informe en el cual ordenó recalificar a Sinocem a la peor categoría de riesgo y efectuar una provisión, en caso de impago de las operaciones, de ¢10.000 millones. De acuerdo con el informe, los préstamos caducaban en el 2020.
BCR descubrió pagos sin reportar por $1,2 millones
El Banco de Costa Rica (BCR) descubrió pagos de la venta de cemento chino, por un monto de $1,2 millones que no fueron reportados por Sinocem Costa Rica.
Sin embargo, el contrato de crédito entre el BCR y Sinocem establecía que los pagos por ventas de cemento debían realizarse sin excepción en las denominadas “cuentas de la comisión de confianza” (cuentas corrientes) de la institución pública.
Bettina Rivero, ejecutiva de crédito de la institución pública, efectuó –en octubre del 2017– una gestión de cobro a ocho clientes de Juan Carlos Bolaños quienes confirmaron pagos con cheques, de contado con diferentes entidades financieras y mediante transferencias electrónicas al empresario.
Así se detalla en el El Informe No. 060-DEF-R-023-18, elaborado por la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) del cual tiene copia La Nación.
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En el documento de 102 páginas se detalla que el BCR encontró inconsistencias en las ventas reportadas por Sinocem.
“Producto de los allanamientos del 1° de noviembre del 2017, en la agencia del BCR en Curridabat, específicamente en la oficina de Bettina Rivero, se decomisó documentación dentro de la cual se identificó lo que en apariencia refiere a varias gestiones de cobro a distintos clientes de Sinocem”, se detalla en el peritaje del OIJ.
La entidad estatal financió a Sinocem con $20 millones para la compra de cemento y ¢5.390 millones para la nacionalización del producto.
Según el OIJ, Rivero contactó entre el 23 y 30 de octubre del año pasado a clientes de Bolaños para cobrar saldos pendientes de cancelar. La mayoría confirmó que la deuda acreditada era mucho menor a la indicada.
Por ejemplo, la empresa Agregados H y M supuestamente tenía un monto adeudado por $697.018. Sin embargo, un empleado de la empresa respondió que “los pagos siempre fueron realizados por medio de cheques, asimismo, adjuntó el estado de facturas pendientes por pagar, con un saldo muy inferior al que conocía el BCR”, se detalla en el peritaje del OIJ.
La empresa Industrias Zurquí, a la cual el Banco cobraba $137.630, informó que los pagos se hicieron a cuentas bancarias de Sinocem en distintas entidades bancarias.
Incluso la empresa Constructora Ardojo respondió que “no tenía claro sobre la factura que se le consultaba” cuando la ejecutiva de crédito del BCR les contactó para cobrarles $11.419.