La Auditoría General del Banco de Costa Rica (BCR) propuso iniciar un proceso de cobro, de las deudas de Sinocem, contra los miembros del Comité de Crédito que aprobaron los préstamos para la empresa de Juan Carlos Bolaños.
El informe AUD-0317-2017, del 22 de diciembre anterior, recomendó a la Junta Directiva de la institución pública considerar dicha opción ante la negativa de Oceánica de Seguros de hacer efectivo el pago de la póliza de caución.
“En opinión de esta Auditoría, de no concretarse el pago por parte de la Aseguradora, debe procederse con el cobro judicial, y en el caso de quedar un saldo al descubierto, se podría considerar la eventual responsabilidad civil de los servidores Marvin Corrales (subgerente de Banca Minorista), Leonardo Acuña (subgerente de Finanzas), Rodrigo Ramírez (gerente Comercial) y Andrés Víquez (subgerente de Banca Mayorista)”, se detalla en el documento de 335 páginas del cual tiene copia La Nación.
El documento advirtió a la alta administración actual que aunque no haya una suma fija y exigible contra los funcionarios debe darse seguimiento al caso y, una vez definida la suma, establecer la responsabilidad civil.
En recomendación de la Auditoría se excluyó a Mario Barrenechea, ex gerente general del Banco, “al no participar en el Comité de Crédito (...) no resolvió ni conoció de primera mano, sobre la aprobación y seguimiento de las líneas de crédito”.
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Oceánica denunció penalmente a Bolaños, en noviembre del 2017, por el supuesto delito de estafa con el objetivo de que sea excluida su responsabilidad del pago de las pólizas al BCR.
El documento firmado por José Manuel Rodríguez, auditor general del BCR, fue incorporado –el pasado 13 de julio– como prueba en el proceso penal 16-0013-0033-PE contra Juan Carlos Bolaños y los miembros de la alta gerencia de la institución estatal por los supuestos delitos enriquecimiento ilícito, en perjuicio de los deberes de la función pública.
El BCR confirmó que sopesa a corto plazo establecer el proceso civil contra las personas de la alta gerencia involucradas en el crédito a Sinocem.
“Habría que deducir dentro del proceso penal, y para lo que todavía cuenta con suficiente oportunidad dado que se puede plantear hasta antes que el Ministerio Público dé por clausurada la fase inicial de investigación, para lo que, como sabemos, falta bastante tiempo”, argumentó el Banco por escrito.
El BCR aprobó otorgó líneas de crédito revolutivas por $20 millones para la importación de cemento chino y ¢5.390 millones para la nacionalización del producto. En el financiamiento revolutivo el monto que se paga queda disponible para volverlo a utilizar.
Sinocem dejó un pendiente de pago de $25 millones cuando el BCR cerró anticipadamente el financiamiento a Bolaños en setiembre del 2017.
Supuestas fallas
La investigación efectuada por la Auditoría del Banco de Costa Rica hace una descripción de las supuestas irregularidades cometidas por 13 funcionarios de la institución en el otorgamiento, desembolso y seguimiento de las líneas de crédito de Sinocem Costa Rica.
“Con sus actuaciones y omisiones, estos funcionarios, servidores y exservidores le generaron un alto riesgo al Banco, no solo por la exposición económica y riesgo de no recuperación, sino por los efectos colaterales (...) tal es el caso de la imagen y reputación del Banco”, se argumenta en el informe.
A la mayoría de funcionarios les achacó no haber dado un adecuado seguimiento a las líneas de crédito.
Sin embargo, la Auditoría fue más rigurosa con los subgerentes del BCR a quienes les atribuyó la aprobación de desembolsos de recursos sin considerar la negativa en los criterios técnicos, comentarios y advertencias de funcionarios del área comercial.
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Asimismo recordó que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional responsabiliza personalmente, en el artículo 63, a los miembros de los comités de crédito de los daños y perjuicios que puedan causar sus resoluciones a la entidad financiera.
Gerardo Huertas, abogado de Marvin Corrales, subgerente de Banca Minorista, recalcó que los miembros del Comité de Crédito fueron engañados por Bolaños para obtener los giros de dinero y no actuaron en favor del empresario cementero.
“Llama la atención de que el Auditor, durante el proceso del crédito y desembolsos, siempre dijo y emitió varios informes donde dijo que el préstamo estaba bien otorgado y era bueno para el Banco. Ahora dice que existen ciertas irregularidades y cambia de criterio”, enfatizó el jurista.
Para Huertas debe resolverse primero el caso en la vía penal antes de establecerse algún alegato económico contra su defendido.
Rodolfo Brenes, defensor de Rodrigo Ramírez –gerente comercial–, rechazó las supuestas irregularidades.
“La investigación se va aclarando, en noviembre del año pasado, se determinó necesaria la prisión preventiva, ahora en julio más bien se consideró que ni don Rodrigo ni don Gilbert Barantes (gerente de Riesgos) debían tener medida cautelar”, afirmó Brenes.
La Nación consultó por correo electrónico a Bernal Chavarría, abogado de los subgerentes Andrés Víquez y Leonardo Acuña, pero no respondió las consultas al cierre de esta nota.
Auditor afirma que irregularidades se excluyeron del expediente de crédito
José Manuel Rodríguez, auditor general del Banco de Costa Rica (BCR), argumentó que las irregularidades administrativas en los créditos a Sinocem se descubrieron en los correos electrónicos entre funcionarios de la entidad y no del expediente de crédito.
Así se detalla en el informe AUD-0317-2017, del 22 de diciembre pasado, enviado a la Junta Directiva del BCR del cual tiene copia La Nación.
“La identificación de esas situaciones irregulares, no se obtuvo de los expedientes y legajos de crédito que tuvo a disposición la Auditoría Interna, sino que corresponde a información obtenida, principalmente, mediante correos electrónicos, aportados por los servidores vinculados al caso”, se recalca en el documento.
En el informe firmado por Rodríguez se destaca que, entre enero del 2016 y julio del 2017, no se detectó ninguna anomalía, sino varios incumplimientos los cuales fueron comunicados a la administración superior del Banco.
“Es necesario recalcar la diferencia entre los alcances de un estudio normal y una investigación, pues la primera se enfoca en aspectos de cumplimiento (...) mientras que en el segundo caso, el trabajo tiene como principal propósito determinar la existencia de hechos irregulares que puedan dar lugar a eventuales responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales”, se explica en el informe.
La Auditoría del BCR efectuó tres informes regulares sobre los créditos revolutivos otorgados a la empresa de Juan Carlos Bolaños por $20 millones para la importación de cemento chino y ¢5.390 millones para la nacionalización del producto.
Rodolfo Brenes, defensor de Rodrigo Ramírez –gerente Comercial del BCR– y Gilberth Barrantes –gerente de Riesgos–, reconoció que le sorprendió el informe de la Auditoría si en otros documentos afirmó que el proceso a la interno del Banco fue correcto.
“El auditor tiene más acceso a la información del Área Comercial, los ejecutivos de la Comisión de Confianza y además participa en las sesiones de Junta Directiva. El Comité de Crédito es un órgano resolutorio que no está en el día de un préstamo”, aseguró Brenes.
Para Gerardo Huertas, abogado de Marvin Corrales, subgerente de Banca Minorista; los miembros del Comité de Crédito respaldaron los desembolsos a Sinocem en parte porque los informes de Auditoría resaltaron las fortalezas de los préstamos a Sinocem.
“Hay una evidente contradicción del Auditor (José Manuel Rodríguez) y la Fiscalía ya lo mencionó en el proceso penal. Es muy raro que cambiara de parecer tan rápido y más bien parece que es presionado por toda esta situación y se desdice”, recalcó Huertas.