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La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) criticó el texto aprobado en segundo debate del proyecto de ley contra estafas electrónicas (expediente 23.908) y advirtió de que la normativa podría generar confusión entre los usuarios del sistema financiero sobre sus verdaderos alcances.
El proyecto fue avalado este miércoles en la Comisión Legislativa con Potestad Plena III y obliga a las entidades financieras a responder por la sustracción de dinero de las cuentas de sus clientes, salvo en casos excepcionales.
Tras la votación, la iniciativa pasará al Poder Ejecutivo para su eventual firma.
Sin embargo, la ABC sostiene que alrededor del proyecto se ha generado la percepción de que los bancos deberán indemnizar automáticamente a las víctimas de fraude en todos los casos, algo que −según el gremio− no corresponde con lo que establece el texto aprobado.
De acuerdo con la Asociación, la norma establece un procedimiento para analizar cada reclamo por fraude, en el cual las entidades financieras deberán investigar los hechos y emitir una resolución sobre la procedencia del reclamo.
Esa decisión, agrega, deberá ser revisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y, si la persona afectada no está conforme con el resultado, podría acudir a la vía judicial.
La organización también señala que el proyecto contempla escenarios en los que las entidades financieras no estarían obligadas a restituir los fondos, entre ellos, cuando se demuestre que se trató de un autofraude, exista dolo por parte del usuario o cuando la transacción se haya realizado entre cuentas del mismo titular.
Otro de los cuestionamientos del gremio es que la normativa se limita a operaciones vinculadas con cuentas bancarias y no cubre transacciones realizadas mediante tarjetas de crédito, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de revisar el alcance del proyecto.
La ABC afirmó coincidir con observaciones realizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, que señaló posibles problemas de diseño jurídico y operativos en la iniciativa, así como dificultades para resolver este tipo de casos dentro de los plazos previstos.
La Asociación reiteró su rechazo al texto aprobado y aseveró que, si no se atienden estos señalamientos, muchos casos podrían terminar trasladándose a instancias judiciales o penales, lo que prolongaría la resolución de los reclamos y aumentaría la incertidumbre para las víctimas.
Conflicto en la ABC
El pasado 27 de febrero, los tres bancos públicos del país, Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Popular (BP), acordaron retirarse de la ABC después de que la gremial se retractó con respecto a su posición sobre el proyecto de ley de estafas informáticas contra clientes bancarios.
Inicialmente, la ABC afirmó a La Nación que avalaba la iniciativa de ley y consideró que constituye un paso relevante hacia un marco normativo más equilibrado en Costa Rica.
Horas después, la gremial bancaria aseguró que el proyecto de ley está lejos de solucionar el crimen organizado alrededor de estos delitos.
Los tres bancos públicos, que se oponen al proyecto de ley, señalaron que la decisión de la renuncia responde a un “quiebre de confianza” generado por las declaraciones públicas emitidas por la vocería de la ABC en relación con el proyecto de ley.
