Un decreto, firmado este viernes 27 de setiembre por el Gobierno y coordinado con el sector privado, establece el marco para regular la condición de los trabajadores migrantes que se dediquen exclusivamente a las actividades agropecuarias.
La medida abre la opción para que la mano de obra de otros países tramite un carné que los acredite como trabajadores agrícolas. En los dos primeros años será de renovación anual y posteriormente, cada dos años.
El programa se dirige, especialmente, a las actividades agrícolas con estacionalidad, las cuales requieren aumentar la mano de obra en las épocas de recolección. Trabajadores permanentes de cultivos como piña, banano y ganadería generalmente están en otros regímenes, pues laboran durante todo el año.
Para obtener este documento, el interesado debe aportar su hoja de delincuencia, pagar $60 para la emisión por primera vez y $90 para la renovación y firmar una declaración jurada en la cual se compromete a respetar su decisión de trabajar en las fincas agropecuarias y no hacerlo en otras áreas, como la construcción. Si ya está en Costa Rica, debe demostrar que permaneció aquí hasta tres años para atrás.
El trámite que deben realizar estos trabajadores es personal y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) abrirá oficinas regionales en todas las zonas del país para tramitar las solicitudes.
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Este plan fue definido en conjunto por el MAG y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y posteriormente consensuado con el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Migración y Extranjería.
Así lo explicaron Martín Calderón, director ejecutivo de la Cámara de Agricultura y Agroindustria (CNAA), y la viceministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ana Cristina Quirós.
Quirós manifestó que es un logro muy relevante, porque es la primera vez que se abre la categoría especial para trabajadores migrantes agrícolas, lo cual costó muchísimo. Migración es el ente encargado de dar las aprobación final a las solicitudes y aplicará sus requisitos y experiencia en eso, pues por ejemplo revisará el expediente internacional de cada caso, agregó la viceministra.
Proceso y objetivos
El debate sobre la regularización de los trabajadores migrantes del agro se encendió aún más cuando se aprobó la nueva Ley General de Migración, en el 2010, donde se crearon fuertes multas para los patronos que contrataban mano de obra sin tener sus documentos migratorios en regla.
Esta legislación otorgó una amnistía de dos años para comenzar a aplicar las sanciones, y partir del 2013, se comenzaron a aprobar prórrogas anuales.
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Ahora, el decreto establece un periodo de seis meses, entre octubre de este año y marzo del 2021, como etapa de información y de recepción de citas de quienes requieren regularizar su situación. Las citas se podrán sacar en un Call Center, cuyos detalles se darán posteriormente.
Además, ese tiempo se brinda porque algunos de los requisitos, como la hoja de delincuencia debe ser solicitada por los interesados en su país de origen.
Luego de ese periodo se abre la recepción de las solicitudes, a partir de abril del 2020, explicaron Quirós y Calderón.
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Con el fin de ayudar en este proceso, el MAG pondrá al servicio 24 oficinas de las 89 sedes que tiene en el país. Al momento de tramitar solicitudes, se contará con funcionarios de Migración, personal especializado porque el MAG no es experto en este campo.
Este plan busca varios objetivos, dijeron Quirós y Calderón. Uno de ellos es la formalización de un número de migrantes que están o llegan al país, pero sobre el cual hay nula información. El segundo, dijeron, es fomentar el respeto a los derechos y deberes y en especial, de los derechos humanos de esas personas.
Paralelamente también se mejora el tema de seguridad, porque se sabrá de dónde vienen, donde están, cómo se mueven en el país y qué hacen. Ademas, se tendrán datos certeros de cuánta mano de obra se requiere.
Al momento de tramitar la renovación, según el programa, al trabajador se le exigirá estar al día con la Caja Costarricense de Seguro Social. En este sentido, la viceministra del MAG adelantó que la Caja trabaja en un propuesta de seguros escalonado.
Se esperas que este decreto solucione el problema de escasez de mano de obra para las cosechas y que, finalmente, se deben de tramitar prórrogas a un decreto donde se establecen multas contra patronos que tengan en sus empleados en condición de ilegalidad, expresó Calderón.
La aplicación de estas sanciones recientemente se extendió por un año hasta agosto del 2020.
