El Gobierno emitirá una nueva prórroga a las multas por tener trabajadores extranjeros sin legalizar su condición migratoria, pero con validez solo para quienes vienen temporalmente a las cosechas.
La medida se publicará en los próximos días y evitará que se cobren las multas a empresarios agrícolas, a partir del próximo 1.° de enero. Es la quinta prórroga dada desde el 2013.
Así lo admitieron, por separado, Luis Felipe Arauz, jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación. La Dirección General de Migración es dependencia del Ministerio de Gobernación.
Después de una amnistía de tres años dada en el 2010, cuando se emitió la nueva Ley General de Migración, y prórrogas desde el 2013, las multas regirían para todos los casos este 1.° de enero. Son sanciones que van desde los dos salarios mínimos (¢798.800) hasta 12 salarios mínimos (¢4,8 millones) a los patronos que tengan empleados en condición ilegal.
Pero los empresarios agroexportadores pidieron un régimen especial para trabajadores que llamaron “cosecheros”; es decir, quienes vienen solo a la recolección de café, melón, mango, naranja, piña, zafra (corta de caña) y otros productos estacionales.
De esa manera, las multas se mantienen vigentes para empleados de construcción, personal de seguridad y de servicio doméstico, según el Gobierno.
Arauz dijo que el plazo se extenderá mientras se logra una solución definitiva. La prórroga, dijo, sería por tres o seis meses.
Revisión. La viceministra Muñoz afirmó que el trasfondo de esta discusión es la necesidad de revisar la ley y, si es necesario, modificarla, pues no se ha logrado hacer operativa desde el 2010.
En lo relativo a la prórroga, Muñoz aseguró que se debe hacer un equilibrio entre la urgencia de manos para la recolección de cosechas que tiene el sector agrícola y las necesidades de regularizar, migratoriamente, a los trabajadores extranjeros.
Adelantó que se trabaja en una propuesta en la cual se contemplan condiciones que también hagan posible la regularización y el reconocimiento de documentos venidos de Nicaragua.
Óscar Arias Moreira, representante de los agroexportadores, aseguró que ellos también buscan una solución permanente a este problema.
