Marvin Barquero. 4 marzo
Las altas exigencias para acreditarse como orgánicos no son para todos los agricultores, consideran algunos. En el 2019, solo 380 hectáreas de hortalizas estaban acreditadas, lo cual representa apenas un 4% del total. Foto: Mayela López/Archivo
Las altas exigencias para acreditarse como orgánicos no son para todos los agricultores, consideran algunos. En el 2019, solo 380 hectáreas de hortalizas estaban acreditadas, lo cual representa apenas un 4% del total. Foto: Mayela López/Archivo

La exigente normativa que los productores deben cumplir, el alto costo de ponerla en marcha, los pocos incentivos, la competencia desleal y el mercado pequeño para sus productos diferenciados frenan la expansión de la agricultura orgánica en Costa Rica.

Esa combinación de factores surge de opiniones de responsables de los programas, productores orgánicos y un informe del programa Estado de la Nación.

Todo esto sucede pese a que se le considera una buena opción para los agricultores y consumidores, y aunque existe un amplio marco normativo.

El poco avance en este tipo de producción se puso de nuevo en discusión luego de que se divulgara un informe del Estado de la Nación, en el cual se concluye que los avances en ese campo son lentos e incipientes. El reporte fue realizado por Guido Barrientos Matamoros.

En el año 2000, el área sembrada certificada de cultivos orgánicos ascendía a 8.606 hectáreas, según las cifras del programa Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica (ARAO), que maneja el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

En los años siguientes se presentó un aumento que llevó el área sembrada hasta las 11.115 hetáreas en el 2010, pero luego se presentó un fuerte descenso hasta un piso de 7.449 hectáreas en el 2013.

A partir de ese año se presenta una muy lenta recuperación de este tipo de agricultura, en la cual no se utilizan agroquímicos y se debe cumplir una serie de requisitos para lograr una certificación de agencias especializadas.

En el 2019, el registro del área certificada fue de 8.832 hectáreas, y al 2020 llegaría a 10.064 hectáreas, aunque esta cifra de ARAO todavía no es oficial.

Para junio del 2020, el país contaba únicamente con 58 productores y productoras orgánicos certificados, según la investigación de Barrientos, basada en datos de ARAO.

“Las y los pequeños y medianos productores orgánicos lograron el desarrollo técnico de una producción armoniosa con la naturaleza, que conocemos hoy como agricultura orgánica, pero su protagonismo en la actividad orgánica está desdibujada y marcada por un Estado que muestra baja ejecución de la Ley de Producción Orgánica y un país que tiene una apuesta por una actividad agrícola con fuerte impacto ambiental”, concluye el informe del Estado de la Nación.

Muchos factores

Rocío Aguilar, jefa del Departamento de Agricultura Orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), explicó que para hablar de este tipo de producción, primero hay que entender que se trata de una producción “normada” o sometida a una serie de requisitos.

Los agricultores deben cumplir con toda esa normativa para acreditarse ante agencias especializadas, las cuales realizan inspecciones anuales. Además, el ente supervisor –el Servicio Fitosanitario– puede hacer revisiones sorpresa.

El no uso obligatorio de agroquímicos fuerza al productor a desarrollar abonos, plaguicidas y otros productos orgánicos en su propia finca, aparte de que debe pagar por obtener la acreditación.

Junto con eso, el agricultor orgánico debe “aislar” su finca, pues está rodeado por explotaciones tradicionales o convencionales.

“Así que no es tan fácil; no es decir, de la noche a la mañana, que se va a dejar de utilizar productos químicos en la finca”, afirmó Aguilar.

Por eso, agregó la funcionaria, la normativa, aunque es necesaria y apropiada, quizá no invite a más agricultores a tener la conciencia y producir de esa manera.

Sin incentivos

Para Laura Ortiz, fiscal del Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (Maoco), el asunto no depende tanto de la normativa, sino por algo más profundo: la ausencia de incentivos, el desorden en aplicar la legislación y la competencia desleal.

Por ejemplo, Ortiz recordó que existen recursos procedentes del 0,01% del impuesto único a los combustibles para programas de fomento y para pagos por realizar este tipo de cosechas. Sin embargo, la burocracia y la falta acuerdo entre instituciones impiden, hasta ahora, concretar programas de fomento.

Explicó el caso de la Asociación de Productores Orgánicos de las Brumas, a la cual pertenece. Como organización, detalló, presentaron un proyecto con todos los requisitos para acceder a unos recursos para cultivar en ambientes protegidos (invernaderos).

Pero contradicciones con la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda y el MAG impidieron totalmente obtener el financiamiento y el grupo no puede sembrar en invierno productos muy susceptibles a las lluvias, como tomate o chile.

Otra contradicción que encuentra Ortiz: un productor orgánico de Guanacaste o Talamanca cumple con los requisitos para obtener recursos de asistencia por hacer agricultura orgánica; quizá tiene acceso a ¢10.000 o ¢30.000 al año, pero se le obliga a venir a San José a firmar los documentos de solicitud. Entonces, gasta más en el viaje que en lo que recibirá.

Otros dos problemas con los cuales sí coinciden Aguilar, del MAG, y Ortiz es en el mercado y en la competencia desleal.

Solo algunas cadenas de supermercados y ferias del agricultor especializadas ofrecen los producos con garantía de acreditación, mientras que en mercados tradicionales se encuentran muchos productores y negocios ofreciendo produco orgánico sin serlo.

Quizá por eso hay un mayor interés por la exportación de productos acreditados y las mayores áreas con certificación son de banano, con 3.457 hectáreas; cacao, con 1.492; piña, con 1.745; caña de azúcar, con 802, y café con 590.

Estos cinco productos representaron el 91,5% de las 8.832 hectáreas registradas en el 2019.