Agro urge resolver presa acumulada desde 2004 en registro de plaguicidas
Suspensión de reglamento impide registrar moléculas; industria de plaguicidas y exportadores denuncian que imposibilidad de contar con nuevos agroquímicos afecta la obtención de certificaciones exigidas en mercados.
La imposibilidad de registrar nuevas moléculas obliga a los agricultores a aplicar plaguicidas viejos y poco amigables con el ambiente, denunció la industria del sector. En la imagen, en Potrero Cerrado de Oreamuno, Carlos Gómez aplicaba insecticidas al papal. Rafael Pacheco Granados
La imposibilidad de registrar nuevas moléculas obliga a los agricultores a aplicar plaguicidas viejos y poco amigables con el ambiente, denunció la industria del sector. En la imagen, en Potrero Cerrado de Oreamuno, Carlos Gómez aplicaba insecticidas a un papal. (Rafael Pacheco Granados)
Representantes de la industria de agroquímicos y de los exportadores insistieron en la necesidad de que el país resuelva el entrabamiento que persiste desde el 2004 en el registro de nuevos plaguicidas.
Ambos sectores afirman que la imposibilidad de contar con nuevos productos o moléculas de agroquímicos ya no solo afecta la productividad de las exportaciones de Costa Rica, sino que también se convierte en una traba para obtener certificaciones exigidas en algunos mercados.
Así lo manifestaron este jueves 5 de agosto, durante el foro Agro, adversidades sin nuevas moléculas, organizado por las cámaras de Comercio Internacional de Costa Rica (ICC, siglas en inglés) y de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
La gran presa de solicitudes de registro de agroquímicos se comenzó a formar en 2004, cuando un informe de la Contraloría General de la República cuestionó la reglamentación vigente.
La Contraloría exigió un nuevo reglamento, el cual se publicó en el 2007, aunque el plazo que se había dado era de seis meses. Esta normativa generó una discusión entre los sectores agrícolas y los de protección ambiental.
Federico Lizano, presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios de Costa Rica, aseguró en el foro que aquel decreto del 2007 nunca se pudo poner en práctica y, como consecuencia, no se registró ningún producto nuevo.
En el 2017 se genero un nuevo reglamento, mediante el cual se trató de poner de acuerdo a todas las partes, pero fue cuestionado por funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Ellos llevaron el caso a la Defensoría de los Habitantes, la cual, a su vez, presentó un recurso ante la Sala IV.
Esta última gestión mantiene frenada la aplicación de ese reglamento, a la esperas de una resolución definitiva de los magistrados de la Sala Constitucional.
El reglamento del 2017 también fue cuestionado por los grupos ecologistas antes de su publicación, pues denunciaron que agilizaría la homologación de datos para el registro por parte del SFE sin consultar a MINAE y Salud.
Contradicción
Copiado!
La consecuencia de todo este proceso es que luego de 17 años no se ha logrado el registro de nuevas moléculas, más amigables con el ambiente, y se siguen usando productos viejos, coincidieron Lizano y Martín Zúñiga, director para Centroamérica y el Caribe de la organización CropLife.
Además de reducir la competitividad de los productores costarricenses, dijeron, esto contradice las tesis y programas de conservación ambiental apoyados por grupos ambientales y entidades gubernamentales.
Según Lizano, quien representa a la industria de agroquímicos, se está generando también un comercio ilícito de plaguicidas desde países vecinos, como Nicaragua, donde sí se registran moléculas nuevas. El problema, denunció, es que no se sabe quién formuló esos productos ni cómo los formuló.
Dicho problema persiste en Costa Rica mientras que cadenas comerciales, países y bloques de naciones establecen nuevas reglas en los Límites Máximos de Residuos (LMR), denunció el productor Édgar Medina, de la empresa Tropofoods.
Marcela Brooks, directora de Asesoría Legal de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), adelantó que dentro de los esfuerzos para solucionar este conflicto, las autoridades gubernamentales y el sector privado negociaron un nuevo reglamento, el cual está en su etapa final.
