Durante 2017, las autoridades costarricenses decomisaron 1.995 armas de fuego, el equivalente a cinco al día, o bien, una cada cuatro horas, en promedio. Esa misma tendencia se mantuvo a lo largo de los primeros cinco meses de este año.

Sin embargo, cuando se detiene a alguien que porta un arma del mercado negro, en la mayoría de los casos, ni siquiera se genera una mancha en la hoja de delincuencia.

Así lo reconoció el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, quien asegura que la principal razón es que la ley actual es muy limitada en cuanto a las penas por usar o portar armas ilegales. En la mayoría de los casos solo se contempla el trabajo comunitario como castigo.

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“A menos de que sea ya una persona con antecedentes penales significativos, va a salir con ejecución condicional, va a salir dentro de una medida alternativa como la suspensión del proceso a prueba. Entonces ni siquiera le sale manchada la hoja de delincuencia.

"Hay una sensación de impunidad porque no pasa nada. De hecho, nos había pasado en un megaoperativo que un día agarramos a una persona con el arma, se la quitamos y en el megaoperativo siguiente la volvimos agarrar y le volvimos a quitar otra arma distinta”, explicó Solano.

En términos porcentuales, el año pasado las incautaciones de armas crecieron en un 15% con respecto al 2015, cuando se reportaron 1.728 confiscaciones.

Para el Ministerio de Seguridad, esa cifra es un reflejo de cómo ha proliferado el uso de las armas de fuego para delinquir y los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo respaldan.

Por ejemplo, las denuncias de víctimas del hampa, en las que se reportó el uso de una pistola, crecieron en un 54% entre 2015 y 2017, al pasar de 7.609 a 11.765 casos.

La mayoría de las armas empleadas por los criminales vienen del mercado ilegal, cuyo flujo está ligado directamente al tráfico de drogas. Aunque también hay armas que, en algún momento, estuvieron inscritas en el país y pasaron a la clandestinidad.

Geográficamente, San José es la provincia que concentra la mayor cantidad de decomisos. El año pasado, las autoridades incautaron en ese territorio 752 armas, o sea, un 38% de todas las interceptadas en el país.

De esa cantidad, 354 fueron confiscadas en el cantón Central. Los distritos josefinos en los que se presentaron más confiscaciones fueron Pavas (77) y Hatillo (72).

No obstante, si el análisis se hace según la tasa de incautaciones, Limón es la provincia con mayor incidencia, con 80 por cada 100.000 habitantes, el doble que la tasa nacional que fue de 40, en el 2017.

Mientras tanto, en Heredia y Alajuela fue donde se registraron las tasas más bajas, 20,5 y 25,5, respectivamente. Los cálculos se realizaron con base en la proyección de la población del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para el año anterior.

Relación directa con el narcotráfico y homicidios

Para el viceministro Solano, la situación en el cantón Central josefino está ligada directamente a disputas por venta de drogas y dominio de territorios.

"Es un cantón donde hay mayor cantidad de asentamientos informales, más presencia de criminalidad organizada y mayor presencia de búnkeres de droga. El búnker necesita su protección y, precisamente, hay un aumento en las disputas por territorio, de ajustes de cuentas por venganza, entonces, tenemos esos fenómenos de disputas de territorios y venganzas entre bandas organizadas”, explicó Solano.

El cantón Central de San José también fue el que concentró la mayor cantidad de homicidios durante el 2017, con 91. En total, en la provincia se presentaron 221 crímenes, es decir, el 37% del total ocurridos en el país, que fue de 603.

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La provincia de Cartago es otro de los territorios que preocupa a las autoridades, pues allí se percibe un aumento en la incidencia delictiva.

Según Solano, en esa zona la expansión del mercado de las drogas también se refleja en un mayor uso de armas de fuego para delinquir. Allí, los decomisos pasaron de 108 artefactos en 2015 a 194 en 2017, o sea, un aumento de casi el 80%.

Los mayores incrementos en ese periodo se reportan en los cantones de Cartago, El Guarco, La Unión, Oreamuno, Paraíso y Turrialba. En Jiménez, la cifra de decomisos se mantuvo igual y solo disminuyó en Alvarado.

¿Y qué dice la ley?

Actualmente, la Ley de Armas y Explosivos establece en el artículo 88, una pena de uno a tres meses de trabajo comunitario para quien tenga en su poder armas permitidas por la legislación, pero que no se encuentran inscritas ante el Ministerio de Seguridad.

Esa sanción se eleva de seis meses a tres años de cárcel para quien ande en la calle con un arma autorizada y no cuente con el permiso de portación respectivo.

Los castigos son mayores por la tenencia de armas prohibidas, como las ametralladoras y los fusiles militares (AK-47, por ejemplo). En estos casos, la ley fija una pena que va de los dos a los cinco años de prisión.

Sin embargo, ese es el tipo de arma de fuego que menos se decomisa en el país. Entre enero del 2015 y mayo del 2018, solo se incautaron 52, es decir, el 0,79% del total de armas que salieron de la calle en ese periodo (6.553).

“La normativa es insuficiente porque hemos visto el arma como un elemento accesorio de la criminalidad organizada, es decir, ponemos la atención en la droga y tenemos en un segundo lugar el arma.

"Entonces, una persona que es agarrada con drogas y armas, muy posiblemente la pena que vaya a sufrir sea únicamente la referente al tema de drogas”, reconoció Solano.

Los proyectos de ley 20.508 y 20.509, promovidos por el Gobierno, pretenden endurecer las penas.

Por ejemplo, en esos textos se propone una condena de tres a seis años de prisión para quienes mantengan en su poder, usen o porten un arma de fuego permitida que no esté inscrita.

La misma sanción se aplicaría a quienes porten un arma permitida, pero no tengan permiso de portación.

Por otra parte, se plantea una pena de 8 a 15 años de cárcel para quien mantenga en su poder, acopie, porte, adquiera, comercie, transporte, almacene, introduzca a territorio nacional, nacionalice, exporte, oculte, fabrique, ensamble, transforme, o bien, que use armas prohibidas.

¿De dónde vienen las armas?

Del comercio internacional de drogas. Según la directora académica de la Fundación Arias para la Paz, Ana Yancy Espinoza, hay múltiples evidencias de que los cargamentos de drogas vienen, por lo general, acompañados por un “tráfico hormiga” de armas de fuego.

En el país, según la organización no gubernamental Small Arms Survey, habría poco más de 257.000 armas ilegales, un 5% más que las armas inscritas ante la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad, al cierre del 2017, cuando se contabilizaron unas 244.000.

“Sabemos que es muy probable que entren armas con cargamentos de droga, igual que viene dinero, siempre encuentran dinero y armas.

"Hay redes internacionales de tráfico de armas que, además, son las que mueven las drogas, son las que están vinculadas a la trata de personas también y estas se juntan con redes más locales”, declaró Espinoza.

Un criterio similar tiene el gerente del polígono Centro de Defensa Civil (CDC), José Ojeda, quien considera que es claro que el mercado ilegal se fortaleció en los últimos años debido a la disputa de territorios por parte de grupos narco.

“Muchísimo viene pegado al narco y las disputas de territorio. Ellos se van a matar por el control de esos territorios para la venta de drogas y ¿cómo lo hacen?, pues con armas de fuego.

"Esas personas no pueden ir a una armería a comprar un arma legalmente porque tienen antecedentes, las compran en el mercado negro.

"Cuando viene la droga subiendo de Colombia nada más llaman y dicen: ‘Mirá junto a la tonelada de coca mándeme 20 pistolas’. Así funciona y sucede a lo largo de toda Centroamérica, porque a como suben armas y droga, pues baja el dinero”, aseveró Ojeda.

Aunque las autoridades son cautelosas al hablar sobre los posibles países de procedencia de las armas y municiones ilegales, Ojeda y Espinoza afirman que al seguir el mismo camino que las drogas, es muy posible que el grueso de las armas estén entrando por vía marítima o por la frontera con Panamá.

Además, consideran que armas sobrantes del desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están pasando a manos del narco y acabando en países de Centroamérica.

¿Cuál tipo de arma se decomisa más?

De acuerdo con los testimonios de Eduardo Solano, Ana Yancy Espinoza y José Ojeda, aunque la población tenga la idea de que la mayoría de armas que se mueven en el mercado negro son de corte militar, en realidad el grueso son armas cortas, al igual que pasa en el resto de América Latina.

“Hemos visto un comportamiento a nivel de América Latina en general, con base en información oficial que puede tener sus sesgos, donde el 87% de las armas que se utilizan en la comisión de delitos son armas cortas, revólveres y pistolas. Aquí dicen armas de alto calibre, pero las armas decomisadas de ese tipo no llegan ni al 1%”, explica la directora académica de la Fundación Arias.

De enero del 2015 a mayo del 2018, se decomisaron en el país 5.140 pistolas y revólveres, lo cual representa un 78% de todas las armas incautadas en ese periodo. Por su parte, las armas automáticas militares fueron 52, es decir el 0,78% del total.

¿Y las municiones?

Otro artículo que forma parte del mercado negro y que está ganando relevancia en el país, según los entrevistados, son las municiones. No obstante, al tratarse de un fenómeno reciente, las autoridades policiales tienen pocas estadísticas.

El registro del Ministerio de Seguridad solo tiene datos del 2017 y de los primeros ocho meses del 2018. El año pasado, se confiscaron 27.625 municiones y hasta agosto de este año llevaban 16.442.

Históricamente, cualquier persona que tuviese un arma inscrita podía comprar municiones sin importar el calibre, lo cual facilitaba suplir el mercado ilegal.

Sin embargo, desde mediados de mayo empezó a regir una directriz que le impide a los dueños de armas comprar municiones de un calibre distinto al de las armas que tienen inscritas, situación que le complicaría a los criminales el acceso.

“Es una directriz que todos pensamos que está bien enfocada pero, por ejemplo, de Panamá están subiendo municiones y de Nicaragua también están viniendo municiones. Hemos visto fotos y uno sabe quién vende aquí cada cosa, porque todos se han especializado por fabricante y es claro que están entrando municiones de otros lados, luego de la directriz", mencionó Ojeda.

Por su parte, el viceministro Solano piensa que la directriz es un golpe directo al crimen organizado, pero está claro que para medir su impacto habrá que dar más tiempo para ver el comportamiento de los decomisos y enfrentar los mecanismos de adaptación que emprendan los grupos criminales.

Paso de la legalidad a ilegalidad

Un fenómeno que también alimenta el mercado de armas para la criminalidad es el paso de la formalidad a la informalidad, es decir, armas que estaban inscritas pero pasaron a la clandestinidad y ahora, son utilizadas para delinquir.

Para Espinoza y Solano, este es un problema muy importante para entender cómo funciona el mercado negro. Entre tanto, Ojeda considera que muchas veces se sobredimensiona para esconder la incapacidad de las autoridades en la lucha contra el tráfico de armas asociado al narcotráfico.

El paso a la ilegalidad se da, principalmente, por robo o extravío, así como por problemas de fiscalización sobre las empresas de seguridad privada.

El Ministerio de Seguridad remarca la gravedad del fenómeno con cifras facilitadas por el director general de Armamento, William Hidalgo.

Dicha unidad mantiene en custodia 9.805 armas relacionadas con algún delito, de las cuales 1.975 (20%) tienen la serie limada (borrada). Lo anterior impide que se pueda rastrear su procedencia.

Hay un grupo de 2.223 armas que están inscritas, de las cuales, solo 105 habían sido reportadas como robadas o extraviadas.

El resto, 5.607, tienen la serie visible, pero no existe ningún registro de su ingreso al país ni de vínculo con algún nacional. Ellas representan el 57% del total de las armas en manos de Armamento.

Además, tienen bajo custodia 495 artefactos relacionados con el delito de homicidio. De ellas, solo 183 (el 37%) estaban inscritas.

“Las armas legales están impactando en la incidencia criminal del país definitivamente y sobre todo en el tema de los homicidios”, dijo el viceministro de Seguridad, quien aseguró que las reformas promovidas por el Gobierno a la Ley de Armas disminuirán también ese problema.

Solano defiende, en particular, la propuesta de que las personas solo puedan tener un arma y no tres, como en la actualidad.

“Un arma de fuego es más que suficiente para defender tu vida, para defender tu patrimonio, tan es así que nuestros policías solo tienen un arma de fuego y son funcionarios que están hechos para la persecución de la criminalidad organizada.

“Si un policía solo necesita un arma de fuego, ¿por qué un civil va a necesitar más de una?”, cuestionó Solano.

Ojeda, por su parte, considera que esta iniciativa no va a evitar el paso de la legalidad a la clandestinidad, porque no golpea al narcotráfico. En su criterio, más bien busca restringir a las personas que cumplen con todos los requisitos para tener armas.

“¿Cómo esta reforma va a bajar el número de pistolas que se roban, que terminan en el mercado ilegal? No va a incidir absolutamente en nada. Si te roban una, te roban tres. Además la gente solo anda una, pero qué sucede cuando te roban esa, pues ya no puedes comprar más y quedas indefenso", dijo.

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El viceministro Solano, por su parte, insiste en que la medida sí traería una mejora, primero porque limitaría el número de armas en las calles, pero también porque le pondría freno al uso de testaferros por parte del crimen organizado para adquirir armas legalmente.

Según datos de Seguridad, 3.600 personas tienen inscritas tres armas de fuego, cada una.

Otro factor que incide en la ilegalidad son las empresas de seguridad privada. De hecho, las autoridades no saben dónde están más de 8.000 armas de fuego registras a nombre de esas empresas.

Debido a un débil control, permanecen en el limbo 7.000 armas de fuego de empresas a las que se les quitaron los permisos y otras 1.636 armas de compañías que dejaron de laborar en los últimos dos años.

Para agosto del 2018, había en el país 724 empresas de seguridad inscritas, un 37% más que en 2014, cuando esa cifra era de 528, es decir, que actualmente hay 196 más que hace cuatro años.

El número de agentes de seguridad también registra un crecimiento constante, pasó de 24.190 en 2014 a 29.216 para mediados de este año, un 21% más.

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