Kevin y Brandon, 21 años, Warner, 20; Bradley, 18, Luis Antonio, 26... todos víctimas de crímenes en las últimas semanas.
Como ellos, la mitad de las personas que son asesinadas cada año en Costa Rica tienen entre 18 y 29 años y quienes ejecutan esos crímenes, en su gran mayoría, también.
En un país donde la tasa de nacimientos ha decrecido en las últimas dos décadas, la muerte de unos 300 jóvenes por año en homicidios impacta la población en edad productiva.
Omar Jiménez Madrigal, fiscal adjunto penal juvenil, admitió que en lo que va de este año, solo en San José, se registra un aumento del 20% en las causas por asesinato e intentos de asesinato perpetrados por menores de 18 años. Entre el 1.° de enero y el 10 de octubre esa fiscalía había recibido 34 causas por tentativa de homicidio.
Actualmente hay 6.593 menores de 30 años que descuentan penas en los distintos centros penitenciarios del país, según el Ministerio de Justicia. Eso significa un 44% de la población penal, si se toma en cuenta que hasta agosto de este año había en total 15.020 privados de libertad. A eso hay que agregarle la población de menores que descuentan penas diferentes a la prisión.
La situación es preocupante y refleja que la sociedad presenta síntomas de una enfermedad que debe ser atendida con urgencia, dijo Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial.
Las tasas de homicidio son el patrón que a nivel mundial determina el grado de violencia de un país. Se consideran epidémicas cuando superan la cifra de 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En Costa Rica el año pasado la tasa llegó a 12,2 y la tendencia del último quinquenio va en ascenso.
“Es la forma como a nosotros nos miran en el exterior y si superan los 10, estamos en problemas”, dijo Espinoza.
Los lugares donde con tasas más altas son los mismos donde hay más desigualdad en la distribución de la riqueza y donde hay más injusticia social.
Pagar con la vida
Esa sintomatología a la que hace referencia el director del OIJ tiene una indudable relación con el narcotráfico, vínculo que casi a diario confirman las autoridades al investigar crímenes.
Entre los casos más recientes está la muerte de tres muchachos acribillados cuando transitaban en un carro por Ipís, Goicoechea, el miércoles 26 de setiembre. Los tres, presuntamente estaban relacionados con una organización narco, que los habría reclutado desde años atrás, según la Fuerza Pública.
El OIJ los identificó como Kevin Josué Artavia Arguedas y Brandon Josué Quesada Monge ambos de 21 años; así como Warner Enrique Briceño Arguedas, de 20.
Artavia, ya había cumplido una sentencia por un crimen contra un chofer de bus que cometió cuando era menor de edad, en la misma comunidad. Además tenía antecedentes por venta de droga, robo agravado, receptación y tentativa de homicidio, comunicó el OIJ.
La noche del crimen, se movilizaban en un automotor Ssang Young, Tivoli, modelo 2018, valorado en ¢17,2 millones.
LEA MÁS: Lucha por venta de drogas es el móvil del asesinato de tres jóvenes en Ipís de Goicoechea
Precisamente, dicen las autoridades, uno de los ganchos que usan las organizaciones criminales para atraer jóvenes consiste en ofrecerles armas, carros de lujo, ropa de marca y grandes sumas de dinero a cambio de labores que van desde la venta de drogas hasta el sicariato. No hay advertencias de que el pago podría ser la vida.
Según el fiscal Omar Jiménez, hay personas muy jóvenes en mandos medios y altos de algunas redes, incluso hace poco encontraron un grupo delictivo donde un menor de edad era el segundo después del capo.
Lo único que se requiere es ser violento, saber disparar y estar dispuesto a matar. No tienen horario ni mayores exigencias laborales.
Un rápido proceso de inducción les permite usar pistolas, revólveres y armas largas como fusiles, rifles y escopetas.
Jiménez califica eso como una “terrible enfermedad social” donde el joven es un bien dispensable, porque al momento en que la Policía lo captura, simplemente se rompe el vínculo, la organización lo reemplaza y lo abandona, por lo que van a dar de manera solitaria a la cárcel, ya que muchas han perdido hasta su familia.
Las organizaciones los buscan en barrios azotados por la pobreza y les ofrecen un medio de subsistencia.
Anteriormente, los muchachos, en su gran mayoría varones, cumplían funciones de vendedores sin saber cuánta droga movía el grupo. También los reclutaban para ser soplones o campanas, es decir, alertar cuando notaban la presencia policial en la zona, pero luego pasaron a ser sicarios y hasta administradores.
Cuanto más pobre sea un barrio y menos recursos tenga, como plaza de fútbol, escuela y zonas verdes, es más fácil que surjan las condiciones para que los grupos criminales lleguen a reclutar a estos jóvenes.
“Siguen siendo jóvenes sin experiencia, pero toman decisiones sobre quién vive y quién muere, administran altas sumas de dinero y participan en planeamientos estratégicos en los que muchas veces se cometen errores y terminan en situaciones de tragedia”, explicó Jiménez.
A veces hay malas relaciones entre ellos y se dan “cobronazos” donde se resuelven los conflictos por medio de la violencia.
“Un chico nada tiene que estar haciendo con un arma de fuego y eso es lo primero que las redes les ofrecen para captarlos. El arma los empodera y pasan a ser socialmente captados como personas peligrosas”, dijo el fiscal.
Con él coincide el director del OIJ, al estimar que el crimen organizado les ofrece una vida de ricos y famosos, ya que obtienen dinero mediante el tráfico de drogas, migrantes y dólares, lo que resulta muy atractivo para algunos segmentos de la sociedad.
El 29 de setiembre pasado en Siquirres, a un joven asesinado en medio de unas festejos comunales portaba ¢700.000 en la bolsa. El hombre que lo acompañaba, de 26 años, que también murió baleado, tenía ¢1 millón en efectivo.
Los fallecidos fueron identificados como Bradley Arboine Quesada y Luis Antonio Archivol Somarribas, respectivamente.
LEA MÁS: Joven de 18 años asesinado en fiestas de Siquirres portaba ¢700.000 en bolsas del pantalón
Todo eso influye en el aumento de los homicidios. Por ejemplo de los 464 perpetrados hasta el 11 de octubre de este año, 221 corresponden a menores de 30 años, es decir, el 49%.
Espinoza advirtió que el delito nunca paga y más bien significa desgracia, porque genera angustia, problemas y consecuencias tan graves que siempre ponen en condición más difícil a la persona y a la familia.
Recordó el caso de tres cadáveres que se encontraron en el cerro Zurquí en marzo del 2017, donde las víctimas tenían entre 20 y 24 años. Cuando se logró la captura de los cinco victimarios se determinó que también son jóvenes menores de 24 años, entre ellos una mujer.
También aludió el hallazgo de dos cuerpos hallados en un microbús en La Sabana, cuya muerte está relacionada con la banda del narcotraficante conocida como El Gringo, eran personas jóvenes, lo mismo que cuatro capturados en la escena.
LEA MÁS: Policía detiene a mujer de 20 años como sospechosa de matar y mutilar a tres hombres
En salas de juicio
Entre tanto, los rostros juveniles de hombres y mujeres también son frecuentes en las salas de juicio donde se tramitan casos por delitos contra la vida.
El 25 de setiembre pasado, un muchacho de 20 años fue condenado a pena máxima de prisión por el asesinato de dos policías en San Sebastián y por herir de gravedad a un tercero en octubre del 2016.
“No queda duda alguna alguna, para esta representación fiscal, de que no existe justificación o circunstancia que le venga a merecer ningún tipo de adecuación, más allá que la responsabilidad pura y simple de los hechos que se le vienen atribuyendo”.
Así expuso la fiscala Yorleny Ching Cubero en el debate luego del cual se condenó a Rónald Adrián Ríos Barrientos, conocido como Vampirrata.
El director del OIJ dijo que las penas que imponen los jueces deben cumplirse, pero lo más importante es trabajar en la rehabilitación.
Omar Jiménez explicó que cuando se trata de homicidios, generalmente hay penas de prisión, sin embargo, cuando se trata de menores de edad y dependiendo de los delitos, se valoran otras opciones que tiene el artículo 121 de la Ley de Justicia Penal Juvenil (N.° 7576 ).
Por ejemplo, se les puede cambiar el lugar de residencia, como para de las sanciones de orientación y supervisión. También pueden prestar servicios a la comunidad, según las sanciones de amonestación y advertencia o bien ser internarlos en centros especializados, como parte de las medidas privativas de libertad.
La pena máxima para un menor de entre 12 y 15 años es de diez años de cárcel, mientras que a los que tienen entre 15 y 18 años, se les puede condenar hasta con 15 años de prisión.
Uno de los diagnósticos en materia Penal Juvenil, realizado en el 2012, encontró que muchas de las respuestas que se estaban dando eran sanciones penales, que implicaban privación de libertad, sin observar que las personas imputadas estaban en un proceso de desarrollo y aprendizaje para alcanzar su autonomía personal.
Esa vez se insistió en que no todas las penas contra menores de 18 años tienen que ser punitivas y más bien se llamó a trabajar en respuestas restaurativas.
Este estudio permitió detectar que la mayoría de personas infractoras menores de 18 años cometen los delitos a los 16.
Invertir en prevención
“No se puede atender el problema con lo que hace la Policía, porque la Policía es la última razón del Estado, llega cuando ha acontecido el asesinato. La fase previa es la que requiere un abordaje y es la que puede bajar las tasas de homicidios”, dijo el director del OIJ.
La generación de oportunidades laborales, las iniciativas para mantenerlos en el sistema educativo, la reducción de los embarazos adolescentes y el ataque a la pobreza, son las tareas más allá de lo policial.
Lo más importante, manifestó, es prevenir y buscar el modo de mejorar la situación de las familias, porque donde hay pobreza hay vulnerabilidad.
Los lugares que registraron mayor número de asesinatos están en San José, Limón y Alajuela, aunque surgen en todo el país, de la mano con el tráfico de drogas. Esa actividad ilícita genera ganancias, negocios, enfrentamientos, amenazas y muerte, recordó Wálter Espinoza.
A ese llamado se sumó el fiscal Jiménez para quien se deben reforzar y diversificar los modelos educativos, de modo que hayan diferentes opciones ante el reconocimiento de que no todos los muchachos tienen aptitudes para la misma forma de estudio.
También pidió a los municipios recuperar los espacios urbanos, para que los jóvenes puedan ejercitarse e insistió en abrir oportunidades laborales para quienes salen del colegio.
