En su resolución, el tribunal con sede en San José, Costa Rica, determinó "requerir al Estado que proceda a la liberación inmediata" de los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como del empresario José Adán Aguerri y la activista Violeta Granera.
En esta decisión conocida como medida provisional de la Corte IDH, se pide a Nicaragua que informe “a más tardar el 8 de julio de 2021 sobre las medidas urgentes adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión”.
Dicha decisión ocurre después de un pedido ante la OEA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó la intervención de la Corte por la situación de algunos arrestados con violencia, o con padecimientos de salud no atendidos.
La entidad valoró que puede actuar en favor de estas cuatro personas pues la situación cumple tres premisas: ser de "extrema gravedad", debe atenderse con "urgencia" y debe tratar de "evitársele daños irreparables". Esto se ampara en la Convención Americana.
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Las medida provisionales de la Corte IDH, se suelen dar "en casos de extrema gravedad y urgencia" y su cumplimiento es obligatorio para los países miembros. Nicaragua es un país que acepta la jurisdicción de este tribunal.
Hasta el miércoles había unas 19 personas detenidas por "incitar a la injerencia extranjera" y "aplaudir sanciones" contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega.
Pero, para el gobernante, no se trata de "candidatos" ni "políticos" sino de "criminales" que atentaron "contra la seguridad del país", al tratar de organizar un "golpe de Estado".
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Ortega, un exguerrillero de 75 años que ya había gobernado de 1979 a 1990, regresó al poder en 2007 con el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se mantiene allí tras dos reelecciones sucesivas. Tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.
Ha sido acusado por la oposición y la comunidad internacional de gobernar de manera autoritaria, tras la brutal represión de las manifestaciones contra su gestión en abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de exiliados, según organizaciones de derechos humanos.
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