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Ginebra. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió este martes a Managua a un “cambio urgente” de actitud en el proceso electoral y a “liberar” a los opositores detenidos “arbitrariamente” meses antes de las elecciones.
“Emplazo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral”, manifestó Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, llamando a “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”.
La expresidenta chilena urgió a “cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.
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En paralelo a la reunión, 59 países, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Brasil y España, también llamaron a Managua a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controvertidas leyes.
“Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas”, agregan estos países, que llaman a Managua a “comprometerse con la comunidad internacional” y a “permitir la presencia de observadores electorales internacionales”.
“Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas, mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica”, concluyen las 59 naciones.
Ante el Consejo, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, denunció por su parte las “acciones injerencistas” de Estados Unidos y de las naciones europeas y defendió que las leyes en Nicaragua, que “se respetan”, “son similares o iguales a la de cualquier país del mundo”.
A cinco meses de las elecciones generales, las autoridades del país centroamericano han detenido a 19 opositores, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia, el último de ellos la ex primera dama María Fernanda Flores, el lunes.
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A todos ellos se les aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno, cometan actos que “menoscaban la independencia, soberanía” e inciten “a la injerencia extranjera”.
Estas detenciones, según los analistas, buscan despejar el camino para la reelección del sandinista Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo al frente del país.
Ortega, de 75 años, encara una crisis política desde el 2018, tras manifestaciones contra su gobierno que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.
