“El pueblo nicaragüense merece unas elecciones libres, justas, creíbles, transparentes”, afirmó en rueda de prensa la canciller panameña, Erika Mouynes, al lado de su homóloga española, Arancha González Laya, con la que tuvo una entrevista en Madrid.
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Mouynes manifestó su “profunda preocupación” por la situación en Nicaragua, donde hasta la fecha fueron detenidas 19 personas, entre ellas cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero e incluso ex compañeros de armas de Daniel Ortega.
Ortega, un ex guerrillero sandinista que participó del poder entre 1979 y 1984, acumula 20 años como presidente, gobernó de 1985 a 1990 y desde el 2007 hasta ahora.
Según la ministra panameña, estas detenciones “atentan contra la democracia y la posibilidad de tener elecciones libres”.
El gobierno nicaragüense se justificó afirmando que los detenidos pretendían tramar un golpe de Estado contra Ortega, a quien la comunidad internacional acusa a su vez de estar allanando el camino para lograr un cuarto mandato consecutivo en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
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Por su lado, González Laya explicó haber buscado “discretamente” un diálogo con el gobierno sandinista, para “que se reviertan una serie de medidas que atentan contra los ciudadanos nicaragüenses y sus derechos”.
“De momento no veo progreso en esa dirección, y evidentemente, España, junto con el resto de Estados de la UE”, está analizando “medidas” para defender los derechos de los ciudadanos nicaragüenses, que “se están pisoteando”, añadió González Laya sin detallar cuáles serían esas medidas.
“Hago un llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que cese la represión, se libere a los presos políticos en el país y se asegure un juego electoral limpio” el 7 de noviembre, apostilló la ministra española.
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Mouynes inició en Madrid una mini gira europea, cuya segunda etapa es Bruselas.
Allí se reunirá este miércoles con el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell.
Con él abordará el empeño de Panamá de ser retirada definitivamente de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, en la que el país centroamericano volvió a ser incluido en febrero del 2020.
