La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería incrementar la presión para proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, indicó HRW en un informe que detalla “hostigamientos”, “arrestos” y “procesos penales arbitrarios” contra críticos de Ortega, en algunos casos implicando “tortura”.
En su reporte, HRW insta al secretario general Antonio Guterres a invocar el artículo 99 de la Carta de la ONU, que estipula que éste "podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".
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"Es fundamental que el secretario general potencie las acciones de la ONU", afirmó José Manuel Vivanco, director para las Américas de HRW.
"La actual ola represiva (en Nicaragua) constituye una amenaza para la región si la comunidad internacional se mantiene pasiva", apuntó en rueda de prensa, subrayando que otros gobiernos, especialmente en Centroamérica, están observando, y "si se hace la vista gorda (...) es muy probable que este modelo de Ortega se empiece extender".
También advirtió sobre un agravamiento del éxodo de nicaragüenses a países vecinos.
Según Vivanco, lo que está ocurriendo en Nicaragua no tiene precedentes en la región en las últimas tres décadas, y lo más cercano en el tiempo fue el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000). También comparó el gobierno de Ortega con las dictaduras militares de los años 1960, 1970 y 1980 en Sudamérica y Centroamérica.
Un vocero de la ONU señaló el 9 de junio que Guterres estaba “profundamente preocupado” por la situación en Nicaragua.
Históricamente, los secretarios generales de la ONU han sido renuentes a aplicar el artículo 99, pero el mandato de Guterres acaba de ser renovado, por lo que según el director de HRW en la ONU, Louis Charbonneau, "no tiene nada que perder".
‘Torturas y asesinatos’
Cinco aspirantes a la presidencia fueron detenidos en Nicaragua, además de otros 14 opositores, cuando faltan cinco meses para las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que no se descarta que Ortega, en el poder desde el 2007, busque un cuarto mandato sucesivo.
HRW denuncia que la reciente seguidilla de arrestos ha sido posible gracias a leyes "que debilitan a las instituciones y los procesos democráticos" y buscan encarcelar a personas críticas para impedir su participación política.
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Ortega, un exguerrillero de 75 años, enfrenta desde abril del 2018 una crisis política detonada por protestas masivas pidiendo su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos, 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 103.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA.
En su informe, que incluye 53 testimonios recogidos telefónicamente entre enero y junio de este año, HRW sostiene que "graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y asesinatos" están impunes en Nicaragua.
Asimismo, señala que 124 personas críticas a Ortega siguen detenidas arbitrariamente, la mayoría desde hace más de un año.
A su vez, este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a Nicaragua a un “cambio urgente” de actitud en el proceso electoral y a “liberar” a los opositores detenidos “arbitrariamente”.
En paralelo a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 59 países llamaron a Managua a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controvertidas leyes.
La última reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nicaragua fue en setiembre del 2018 a instancias de Estados Unidos. Convocada como una sesión informativa, se desarrolló sin el consenso de sus 15 integrantes. Rusia y China denunciaron la “injerencia” de Washington en los asuntos internos de otra nación.
El gobierno nicaragüense aseguró este martes que las detenciones de opositores a Ortega no son “políticas” sino porque promueven un “golpe de Estado”, el mismo argumento que esgrimía contra los manifestantes en el 2018.
