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El ajuste fiscal del gobierno empieza a tomar forma. El Ministerio de Hacienda decidió enfocar sus primeras medidas en atacar la evasión y reducir el gasto, aunque algunas instituciones advierten de que los recortes presupuestarios podrían llevar sus servicios públicos a niveles de cierre técnico.
En cuanto a la evasión, la medida de mayor calado es la pronta introducción de un esquema que permita gravar las operaciones comerciales que se pagan por Sinpe Móvil.
No se trata de crear ningún impuesto nuevo, sino de cobrar los existentes. Hacienda estima que miles de ventas comerciales y de servicios profesionales se pagan a diario por Sinpe Móvil, sin que los vendedores asocien la transacción a una factura, lo que impide cobrar el IVA y, a su vez, repercute en el impuesto de renta.
Víctor Carvajal, viceministro de Hacienda, sostiene que cerrar este portillo puede ayudar a elevar la recaudación. Esta posición coincide con la externada por el exministro de Hacienda, Elian Villegas, quien había estimado que por Sinpe Móvil existe una evasión anual que asciende a 2,3 puntos del producto interno bruto (PIB), cerca de ¢1,2 billones, dinero suficiente para cubrir casi el 10% del Presupuesto Nacional.
El viceministro Carvajal confirmó que Hacienda hará cruces de información entre las transacciones hechas por Sinpe Móvil y los números telefónicos asociados a comercios y profesionales. Para ello, se les exigirá registrar el número que usan para cobrar.
El jerarca hizo un especial énfasis en la necesidad de fiscalizar los servicios profesionales, empezando por los servicios médicos. Puso el ejemplo de médicos que cobran ¢70.000 por consulta y pueden hacer diez diarias sin emitir factura en todas. Añadió que, en cuatro de cada 10 comercios que visitan, no se emite factura electrónica.
También, en relación con la evasión, el Ministerio de Hacienda ha estado haciendo inspecciones en comercios en busca de mercancía de contrabando que entra al país sin pagar impuestos. Tributación y la Policía Fiscal han hecho operativos en distintas zonas comerciales del país.
Alto contrabando de licores y cigarrillos
El viceministro añadió que en el país existe un alto nivel de contrabando de mercancías, principalmente en relación con los licores y los cigarrillos, lo que exige reforzar los controles fiscales en los puntos de ingreso al país.
La Cámara de Comercio estimó que el mercado de contrabando en el país −que incluye a los cigarrillos y licores− alcanzó en el 2022 un valor cercano a ¢1 billón.
Proyecto de ley sobre paquetería y contenedores en Aduanas
La gestión sobre la evasión tiene otro componente. El Ministerio prepara reformas legales para atacar la evasión en la importación de contenedores y paquetería usada para ventas al menudeo.
El gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un plan de reforma a la Ley General de Aduanas (N.° 7557). Uno de los posibles cambios es el requerimiento de la declaración anticipada de la mercancía de los contenedores.
Según el viceministro, muchas tiendas virtuales traen mercadería declarada como otro tipo de mercancía para pagar impuestos más bajos, y luego venden en sitios como Marketplace.
El gobierno estima que los controles actuales no son suficientes y que se necesita reforzarlos. En este punto, el recurso humano es esencial.
Exoneraciones fiscales
Hacienda también evalúa revisar exoneraciones de impuestos vigentes, pero no prevé una reforma que dé un rendimiento de dos o tres puntos de la PIB. Queda por verse, entonces, si el Poder Ejecutivo dejaría en pausa reformas más profundas, como la eliminación de las exenciones de la canasta básica y el salario escolar que había sugerido el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tipo de cambio golpea la recaudación
Carvajal admitió además que el tipo de cambio del dólar, que ha bajado a mínimos históricos en el Mónex, está golpeando la recaudación de impuestos debido a que el diferencial cambiario se refleja en las finanzas de importantes contribuyentes.
Esto marca una disyuntiva para el gobierno, el cual ha defendido el tipo de cambio bajo pese a las fuertes críticas de sectores exportadores y de turismo, que se han visto golpeados por esta tendencia.
Para el 2026, Hacienda estima, en términos generales, una reducción de ¢98.000 millones en la recaudación del impuesto sobre la renta y de ¢87.000 millones en el IVA.
Recortes al gasto público
En relación con la parte del gasto, el Ministerio de Hacienda prepara un recorte mediante un presupuesto extraordinario, el cual incluye reducción para:
- El Poder Judicial
- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
- La Asamblea Legislativa
- La Defensoría de los Habitantes
- La Contraloría General de la República (CGR)
- Varios ministerios
No obstante, instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría y la Contraloría han advertido de que caerían en situaciones precarias para poder operar.
El Poder Judicial aceptó aplicar un recorte de ¢13.242 millones para lo que resta del 2026, no los ¢27.000 millones que pidió Hacienda, monto equivalente a un 5%. Además, la Corte rechazó aplicar un ajuste similar en el 2027.
Por su parte, la Contraloría dijo que una reducción del 5% es insostenible y atenta contra la independencia de la fiscalización. Asimismo, señaló un trato desigual al anotar que, mientras el Presupuesto de la República aumentó un 57% en los últimos diez años, el de la CGR creció apenas un 1,91%.
