El creciente contrabando de licor y cigarrillos encendió las alertas del Ministerio de Hacienda. El viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal, admite que este flujo ilegal de mercaderías pasa una costosa factura a la recaudación tributaria y a la competencia comercial del país.
“El tema de licores realmente nos preocupa y el tema de cigarrillos nos preocupa mucho. Tenemos un ingreso de contrabando sumamente alto, y eso nos lleva a reforzar todas las medidas, pero incluso decomisando más de cinco mil o seis mil unidades de licor al día es poco”, aseveró Carvajal en conversación con La Nación.
El funcionario sostuvo que se han intensificado los controles en puntos estratégicos como la Región Brunca y la zona norte, pero enfatizó que el problema se extiende a todo el territorio nacional.
Según datos suministrados a La Nación por la Policía de Control Fiscal (PCF), entre el 2021 y el 2025 las autoridades confiscaron más de 226 millones de cigarrillos y habanos. En ese mismo periodo, también interceptaron más de siete millones de unidades de bebidas alcohólicas.
Solo este año, con corte al 23 de junio, ya se habían incautado 10,2 millones de unidades de cigarrillos y habanos, así como 1,4 millones de unidades de bebidas alcohólicas.
Estimaciones de la Cámara de Comercio indican que el mercado de contrabando en el país −que incluye a los cigarrillos y licores− alcanzó en el 2022 un valor cercano a ¢1 billón, equivalente al 2,6% del producto interno bruto (PIB).
Un ejemplo del impacto fiscal del contrabando lo ofrecen los cigarrillos. Desde marzo del 2025, tras una actualización tributaria, cada unidad que ingresa legalmente al país debe pagar ¢26,92 por concepto del impuesto específico que grava estos productos, frente a los ¢26,59 que regían anteriormente.
Con base en los decomisos registrados, Hacienda dejó de percibir más de ¢6.000 millones entre el 2021 y el 2025 por ese tributo. Dicho cálculo solo considera los productos incautados y excluye aquella mercancía que logró ingresar al país y comercializarse sin ser detectada.
Los comisos de este producto alcanzaron un pico en el 2021 con un total de 82,7 millones de unidades. Luego, bajaron a 59,3 millones en el 2022, 25 millones en el 2023 y 17 millones en el 2024.
No obstante, la tendencia se revirtió en el 2025, cuando los decomisos volvieron a aumentar hasta alcanzar 30,8 millones de unidades.
En el caso del licor de contrabando, entre el 2022 y el 2024 se observa una tendencia al alza en la cantidad de unidades incautadas por la PCF, al pasar de 877.765 a 1,3 millones. En el 2025, sin embargo, los decomisos bajaron a 1,1 millones de unidades.
Operativos cuentan con 120 funcionarios en promedio
El viceministro de Ingresos explicó que, como parte de las acciones para combatir la evasión fiscal, el Ministerio de Hacienda ha venido ejecutando operativos en distintas zonas del país con un promedio de 120 funcionarios.
No obstante, señaló que la meta es ampliar esa capacidad para desarrollar intervenciones con entre 200 y 300 personas, con el fin de fortalecer la detección de prácticas ilegales de evasión.
Como ejemplo, Carvajal citó los operativos masivos realizados a finales de junio por la Policía de Control Fiscal en el Barrio Chino, en San José, donde se inspeccionaron más de 40 locales y en el mercado la Coca-Cola, también en la capital, donde fueron fiscalizados unos 30 establecimientos.
Además, en otra intervención efectuada el 17 de junio pasado, Hacienda decomisó cerca de 65.000 unidades de licor —entre ellas whisky, cerveza, ron, sidra y vodka— en bodegas y comercios ubicados en Grecia, Heredia y Guadalupe.
La mayor parte de esa mercancía fue localizada en una bodega en Grecia, donde las autoridades también encontraron 2.000 unidades de cigarrillos.
En este caso, Hacienda presume que hay evasión tributaria, debido a que los comerciantes ligados a esos productos carecían de permisos de importación o de la documentación que respaldara la adquisición y comercialización de esa mercadería en el país.
Hacienda pretende endurecer y agilizar aplicación de sanciones
Para enfrentar el contrabando, Carvajal confirmó a La Nación que el Ministerio de Hacienda impulsará próximamente consultas públicas para hacer ajustes a la normativa aduanera por medio de resoluciones administrativas.
Entre las iniciativas figuran propuestas para fortalecer las facultades de control, endurecer y agilizar la aplicación de sanciones y mejorar la trazabilidad de las mercancías que ingresan y salen del país.
El viceministro manifestó que estas reformas, sumadas a un proyecto de ley que esperan que entre en vigor este año, permitirían tener un marco legal más robusto para aplicar “sanciones reales” a quienes evaden impuestos, realizan contrabando o subfacturan.
Actualmente, la Ley General de Aduanas castiga el delito del contrabando con penas de entre tres y cinco años de prisión, además de multas de hasta tres veces el valor aduanero de la mercancía cuando esta supera los 5.000 pesos centroamericanos.
Según la legislación vigente, el contrabando consiste en introducir o sacar mercancías del país al margen del control de las autoridades aduaneras.
Dicha conducta afecta directamente a la Hacienda Pública al propiciar la evasión de impuestos, generar pérdidas millonarias para el Estado y distorsionar la competencia en perjuicio del comercio formal.