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Los beneficios fiscales que hoy reducen o eliminan el pago de impuestos para algunos contribuyentes serán objeto de una revisión como parte del plan fiscal que el Ministerio de Hacienda presentará próximamente.
La medida está incluida en una estrategia para reforzar la fiscalización y evitar el uso indebido de las exoneraciones tributarias. Así lo confirmó a La Nación el viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal Porras.
Frente a la caída en la recaudación tributaria, Carvajal explicó que Hacienda reorientó parte de sus esfuerzos hacia una fiscalización más amplia en el campo para detectar posibles casos de evasión, además de revisar tanto las exoneraciones y otros beneficios tributarios vigentes, como sus respectivos marcos sancionatorios.
“Ese tipo de validaciones son las que nosotros estamos haciendo: ver dónde procede, dónde no procede. Creemos que hay un espacio para reducción de exoneraciones, (pero) no estamos pensando en una reducción de exoneraciones que nos dé dos, tres puntos del PIB; no vamos por ahí”, señaló Carvajal.
“Ahorita sí estamos viendo principalmente beneficios fiscales asociados a las compras de bienes y servicios para facilitar mucho el tema de la gestión de las exoneraciones, como el marco sancionador y el cambio de la administración tributaria”, agregó.
De acuerdo con el jerarca, la revisión responde a la marcada caída en la recaudación tributaria que ha observado el Ministerio de Hacienda en los últimos meses.
Al cierre del primer trimestre del 2026, los ingresos totales del Gobierno disminuyeron tanto en términos nominales como en porcentaje del producto interno bruto (PIB), en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Según el más reciente informe de cifras fiscales de la cartera, los ingresos sumaron ¢1,95 billones, ¢70.855 millones menos que en el primer trimestre del 2025. Como proporción del PIB, además, pasaron de 3,9% a 3,7%, mientras que los ingresos tributarios cayeron un 4,4%, al pasar de ¢1,8 billones a ¢1,7 billones.
La disminución obedeció, principalmente, a una menor recaudación de los impuestos a la propiedad, el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto selectivo de consumo.
Solo el IVA recaudó ¢26.400 millones menos que un año antes. Además, el 2025 cerró con la primera caída anual de este tributo desde su entrada en vigencia en el 2019, impulsada por el retroceso del IVA sobre el consumo interno en 13 de las 16 actividades económicas.
Jerarca señala reformas legales que ‘revierten’ la recaudación
El viceministro de Ingresos de Hacienda discrepó del criterio de que la reforma fiscal aprobada en el 2018 se hubiera “agotado” o perdido efecto.
A su juicio, la caída en la recaudación responde a una reversión del efecto recaudatorio provocada por leyes aprobadas posteriormente que incorporaron nuevas exoneraciones tributarias.
“En el caso del IVA, nosotros sí vemos la necesidad de recuperar bastante trabajo en calle para poder mejorar los números. Y hay algunas afectaciones de leyes que se aprobaron en la administración anterior que generaban algún tipo de beneficio fiscal: más deducción en el caso de las Pymes. También el tema de la territorialidad nos afectó”, señaló Carvajal.
“Nosotros sí vemos una responsabilidad de la anterior Asamblea Legislativa, que aprobó leyes que revirtieron de manera paulatina o que revirtieron un poco del impacto de la reforma del 2018″, agregó.
En ese sentido, el jerarca indicó que la revisión de exoneraciones pretende evaluar los beneficios fiscales vigentes para determinar cuáles mantienen justificación y cuáles podrían modificarse.
Precisó que, en una primera etapa, el análisis se concentrará en bienes y servicios, mientras que eventuales cambios relacionados con tarifas reducidas y otros beneficios del ISR se abordarán posteriormente.
“Ya la reforma está bastante avanzada, y esperamos también presentarla en el corto plazo”, comentó.
Hacienda busca ampliar sanciones
Por otra parte, Víctor Carvajal explicó a La Nación que, además de revisar las exoneraciones vigentes, el Ministerio de Hacienda pretende fortalecer el régimen de sanciones para quienes accedan de forma indebida a los beneficios fiscales.
Según el viceministro, la legislación actual no contempla un marco sancionatorio suficientemente robusto, por lo que la cartera impulsará cambios para reforzar ese aspecto.
“Hoy las exoneraciones no tienen multas. Si yo pido una exoneración, disfruto la exoneración y no me correspondía por alguna razón o mi estatus cambió, nada más tengo que pagar los impuestos que tuve que haber pagado desde el inicio”, señaló.
“(Pero) no hay sanciones. Entonces, ahí tenemos un trabajo muy importante”, agregó.
En ese sentido, el viceministro indicó que el nuevo marco sancionatorio formaría parte del paquete de medidas fiscales que impulsa el Ministerio de Hacienda. Además, la propuesta trasladaría la administración de los beneficios fiscales.
“Cambiamos la administración tributaria para que no sea la Dirección General de Hacienda, sino la Dirección General de Tributación quien administre el tema de los beneficios fiscales. También vamos a (derogar una serie) de exoneraciones que, desde nuestro punto de vista, ya cumplieron su fin”, explicó sin dar mayores detalles.
