La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica enfrenta hoy la paradoja más incómoda de la austeridad: ser el escudo protector de los ciudadanos, pero uno de los eslabones más frágiles del erario. Tras el anuncio del ministro de Hacienda Rodrigo Chaves de aplicar un recorte presupuestario del 5% a todas las instituciones públicas, uno de los órganos estatales con menos presupuesto del país (₡6.366.400.000) teme seriamente por su futuro operativo. De hecho, del porcentaje del presupuesto nacional 2026, la Defensoría tiene un 0,0488%.
En esta conversación, la defensora Angie Cruickshank analiza el riesgo real de un “cierre técnico” y advierte cómo la tijera fiscal amenaza con desmantelar una de las primeras líneas de defensa de los derechos de la ciudadanía.
—¿Qué balance hace sobre su rol en la Defensoría a un año de que termine su período?
—El mayor logro es devolverle la credibilidad a la institución, la legitimidad frente a los habitantes; las personas que vienen acá a diario a buscar un apoyo en el caso de una violación a un derecho fundamental.
”Esto lo podemos ver gracias a la encuesta de Idespo que ya por varios años nos ha identificado como una de las dos o tres instituciones no universitarias mejor valoradas por los habitantes. Fue uno de los temas que yo más reivindiqué cuando propuse mi nombre: no solo que los habitantes sintieran que había un lugar donde podían venir por resguardo, sino que la institucionalidad pública entendiera el rol de la Defensoría, no como un watchman, sino más bien como un apoyo para la eficiencia.
—¿Cómo el ciudadano de a pie puede sentir lo que está haciendo esta institución?
—El hecho de que las personas no solo sepan que hay una institución que vela por ellos, sino que conozcan sus derechos y puedan hablar entre pares acerca de la reivindicación de estos. Por eso hemos hecho un esfuerzo importante de fortalecer las oficinas regionales de la Defensoría.
“Tenemos seis oficinas regionales, incluyendo la central aquí en San José, y también estamos trabajando en un proceso de fortalecimiento de la incidencia territorial. Salir a las comunidades, salir a trabajar con las organizaciones sociales, a efecto de que las personas no sientan que tienen que venir a la Defensoría, sino que la Defensoría está presente en los territorios, con el trabajo con las asociaciones de desarrollo.
”Tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido. Porque también cuando hablamos de derechos humanos hay como un estigma de qué son los derechos humanos, que son básicamente los derechos para que usted tenga una verdadera calidad de vida digna.
—¿Qué tipo de solicitudes son con las que más trabaja?
—Son en el área de Igualdad y No Discriminación. Ahí están las personas migrantes, que tienen un número importante de denuncias y, las personas privadas de libertad, también en temas de acceso a la salud y temas relacionados con tratos dignos en todos los centros penitenciarios.
“El segundo tema o área temática donde hay mayor incidencia es a nivel de salud: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las listas de espera y la necesidad de mayor efectividad del Estado a la hora de accesar al derecho a la salud. También, por supuesto, el IMAS y todo lo que tiene que ver con los beneficios sociales, la inversión pública y la inversión social pública. También personas con discapacidad y la licencia de cuido y con el MEP, lamentablemente con hostigamiento sexual, con temas de la infraestructura educativa y con temas del régimen laboral de los funcionarios del MEP. Son unas 29 mil denuncias anuales.
—¿Qué lectura hace usted de una sociedad como la tica que tiene tal cantidad de denuncias?
—El primero es el hecho de que siguen existiendo brechas importantes en la garantía de derechos y de una calidad de vida digna para las personas.
”Por otro lado, está el hecho de que ha habido regresiones en materia de derechos humanos. Valga decir que la Defensoría tiene un mecanismo de alertas tempranas que en los últimos años hemos utilizado mucho para hacer advertencias acerca de situaciones puntuales donde vemos una afectación progresiva y que puede desencadenar en una situación mayor, y por eso hacemos esa alerta a efectos de que puedan tomarse decisiones inmediatas.
”Ahí, sin duda alguna, hablamos de que el país tiene que tomar decisiones. Por eso, cuando hicimos la presentación del informe en la Asamblea insistíamos en que este periodo constitucional es clave para decidir si vamos a avanzar hacia esas regresividades, o si más bien vamos a trabajar juntos para devolverle a las personas la calidad de vida.
”Por otro lado, la violencia que estamos viendo se ha exacerbado en todas las áreas y afecta el psique de las personas. Ustedes han visto cómo el tema de la salud mental hoy por hoy viene siendo uno de los temas de mayor preocupación a nivel de la Caja, porque realmente desde la pandemia no hemos logrado atender a las personas de la forma correcta.
”Ahí es donde nosotros decimos que tiene que haber una relación entre lo que decimos afuera y lo que está pasando acá. Hacia afuera, Costa Rica es la champion de los derechos humanos, hasta afuera fue la champion de los ODS, era la champion de los temas migratorios (de hecho, somos champions en los temas de migración segura, libre y responsable), y hoy vemos una Costa Rica diferente a nivel territorial. Entonces, tiene que haber una relación más directa con lo que decimos afuera y lo que estamos haciendo, las políticas públicas que estamos desarrollando y las leyes que estamos implementando".
—¿Y tiene la Defensoría actualmente el músculo para poder intervenir en todo esto?
—Realmente la Defensoría en los últimos años ha hecho un esfuerzo grande. Cuando yo llegué a la Defensoría, todos sabemos que la situación era un poco caótica, difícil, y había un ambiente laboral muy duro.
”Cuando yo llegué, había 40 plazas institucionales casi perdidas, entregadas al Ministerio de Hacienda. Tuvimos que pelear para que no nos quitaran esas plazas. Llegamos a un acuerdo con Hacienda para ir llenando progresivamente esas plazas, lo que a la vez nos iba a ayudar a mejorar la ejecución presupuestaria. En estos tres años pasamos de un 81% de ejecución a un 91% o casi 92% de ejecución presupuestaria, y el compromiso con Hacienda era eso: buscar mayor efectividad. Hemos tomado medidas para agilizar la institución y llevarla hacia un contexto más digitalizado, donde incorporamos la IA y otras nuevas tecnologías.
”Eso va abonado al anuncio de una reducción abrupta de ₡300 millones en la institución con el presupuesto más pequeño, lo cual nos pone en un riesgo serio. En este momento nosotros no tenemos partidas donde podamos realmente decir que vamos a devolver a Hacienda estos montos. La única partida que tenemos que podíamos realmente entregar en atención a la solicitud de Hacienda eran los ₡120 millones que nos asignó la Asamblea Legislativa adicionalmente para trabajar con juventudes y observación electoral durante el año; pero no nos liberaron los fondos, así que esos son los ₡120 millones de los que no disponemos.
”El resto de partidas ya nos estaría obligando a recortar salarios, siendo esta institución una institución que produce intelectualmente. Nosotros no hacemos carreteras; nuestro trabajo es de producción intelectual, entonces reducir en salarios implica reducir en la posibilidad de atender a los habitantes. Más allá de eso, serían partidas obligatorias. Nos estaríamos quedando sin agua, luz y viáticos para operar.
—El recorte los devoraría...
—A mí me extraña muchísimo la posibilidad de este corte presupuestario, porque fue el mismo gobierno de Rodrigo Chaves el que permitió, a través del ministro Nogui Acosta, un fortalecimiento progresivo con montos pequeños, llegando a un acuerdo para poder ir fortaleciéndonos. Entonces, que ahora de repente vayamos básicamente para atrás y recortemos todos los montos que hemos logrado sumar en nuestros tres años para devolvernos a la posición donde yo llegué, donde tuve que hablar de cierre técnico, es extraño. Realmente no entendemos cuál es la lógica.
“El Estado costarricense, como todos los estados del mundo, tiene la obligación bajo los Principios de París y los Principios de Venecia de fortalecer a las defensorías.
—¿Sí hablamos de cierre técnico?
—Sí... Desde hace tres años vengo alertando de que la Defensoría tiene un hueco presupuestario de ₡300 millones , o más o menos; en algún momento llegó a 400 millones, basado en la vigencia del salario global que nos generó ahí una situación importante como a todas las instituciones del Estado. Lo que pasa es que, de nuevo, la Defensoría es la más pequeña, entonces nos ha generado un hueco presupuestario importante.
”A eso se suma el hecho de que nuestro presupuesto es tan reducido que, cuando yo llegué, la disminución presupuestaria fue tan marcada en los últimos cinco años que nos encontramos con una institución que casi no tenía recursos para agua, viáticos y gasolina. O sea, realmente los ajustes que se hacen para poder garantizar la cobertura de esas necesidades básicas para que una institución funcione no son de recibo, y más en una institución que debería estar en las comunidades, recorriendo el territorio nacional".
“Aquí no se viene para ser amigos; la Defensoría es una institución incómoda”
—¿Qué estrategia tomar ahora?
—Estamos en eso; ya hemos tenido una primera reunión para ver cuáles son los posibles panoramas. Vamos a hacer una propuesta inicial para ver si podemos cumplir con los requisitos de esta forma; si no, pues sin lugar a dudas vamos a pasar ya a otro tipo de valoraciones. No me quiero adelantar porque va a depender muchísimo de las negociaciones que podamos hacer con Hacienda.
”Me preocupa porque, por un lado, el año pasado un constitucionalista salió a decir que se estuvo discutiendo la posibilidad del cierre de la Defensoría como parte de algunas medidas del Ejecutivo, aunque el Ejecutivo lo descartó. Luego, el señor ministro de Hacienda informa de la reducción del 5% de nuestro presupuesto, al igual que al resto de las instituciones públicas, lo que nos pone en una situación precaria. Y luego, un diputado del oficialismo nos habla del cierre de la Defensoría como una posibilidad real.
”Entonces, sí, cuando estamos viendo números tan importantes como más de 29,000 casos tramitados de forma permanente, estamos hablando de la posibilidad de no darle un recurso a los habitantes para ver cumplidos sus derechos.
—¿Teme que la Defensoría tenga influencia partidaria en un futuro?
—Bueno, es que de alguna forma siempre se ha tratado de, voy a decirlo muy coloquialmente, ‘bajarle el piso’ a la Defensoría porque es una institución incómoda. Es una institución incómoda, aquí no se viene para ser amigos. ¿Por qué? Porque venimos a hacer alertas sobre situaciones que generan afectaciones y violaciones a derechos.
”Sí han habido administraciones que han querido decir que ese trabajo técnico, jurídico, responsable, objetivo se hace por cuestiones politiqueras o por afinidades con grupos o demás, y eso es de lo que nosotros más nos cuidamos: de evitar cualquier tipo de situación que pueda ponernos en entredicho y quitarle credibilidad y legitimidad a la Defensoría.
”Así que una de las denuncias que yo he hecho también es el hecho de que nos resta autonomía estar en estos juegos presupuestarios. Nosotros tenemos autonomía administrativa y de criterio, pero somos una institución que está regido por la familia legislativa. Estos vaivenes nos quitan autonomía.
”Por eso presentamos una propuesta de ley para una reforma constitucional e integrar a la Defensoría dentro de la Constitución Política. Esto evitaría que esta institución pueda ser removida en la Asamblea por 38 votos.
“Sin duda alguna, el hecho de que la elección de la Defensoría se haga cómo se hace, que casi está supeditada a un juego político, juegos partidarios e influencias de grupos, es complicado. Ha sido parte de las recomendaciones que nos han hecho entes internacionales.
”Lo hemos visto ya muchas veces, que si es de este partido o del otro partido, y no estamos viendo más bien la parte técnica, qué capacidades tiene la persona y qué posibilidades tiene de hacer un trabajo objetivo basado en la ciencia, la técnica y la ley.
-La Defensoría es un ala de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo pueden ver los actuales diputados su utilidad?
—Podemos ver en el pasado cuatrienio cómo se triplicó el trabajo de la Defensoría con las fracciones de la legislatura pasada. ¿Por qué? Porque entendieron que realmente a través del trabajo técnico de la Defensoría se le dan insumos a la Asamblea para hacer control político, para presentar leyes y demás. Esa dinámica es la óptima, y no vernos como un enemigo o como esa institución que más bien tendrían que estar revisando, como si no fuéramos parte de la misma Asamblea. Vamos a tener una primera capacitación con asesores legislativos para empezar a dialogar. Somos un aliado, no un watchman.
—¿Le sorprendió que en su informe de labores en la Asamblea vinieran críticas muy fuertes del diputado Gonzalo Ramírez?
—Sin duda me toma por sorpresa, porque la presentación del informe anual es un espacio para poder hablar sobre los principales problemas del país, de las personas, de la institución y de la vida pública, así como de la defensa de los derechos humanos y presentar la gestión que hicimos en el año. No es un espacio de ataque personal.
”Aún más me extraña porque el diputado Ramírez ya fue diputado, entiende la dinámica, a diferencia de otras personas que vienen llegando. Cuáles son las intenciones, pues no sé, pero realmente me pareció que se perdió una oportunidad importante de poder hablar de los temas de fondo.
“Hubiera sido más interesante que me preguntara cuál es mi visión acerca de lo que está pasando con la discusión en la Asamblea sobre la elección de los magistrados. Ese era el espacio para hablar sobre el tema.
“Lamentablemente no tuvimos esa oportunidad, pero ahora vamos a remitirle una nota a la Asamblea haciendo ese análisis”.
Somos un aliado, no un ‘watchman’.
—Finalmente, ¿por qué es necesario que un país tenga una persona Defensora de los Habitantes?
—Las instituciones nacionales de derechos humanos son clave porque una democracia sin derechos humanos no es una democracia. El funcionariado público debería entenderse propiamente como lo que es: un defensor de derechos. Porque cuando un usuario llega donde un funcionario a solicitarle apoyo, le está pidiendo que le ayude a accesar a un derecho fundamental, básicamente. Si nos entendiéramos como tal, la dinámica sería muy diferente.
“A la vez, el rol de las defensorías como institución nacional de derechos humanos es de promoción, de educación y de sensibilización. Nosotros, las 200 capacitaciones que hicimos el año pasado, fueron mayoritariamente a solicitud de las instituciones públicas que nos llaman y nos dicen: ‘Nos urge capacitar sobre este tema’, o de la judicatura para los nuevos jueces. Ahora estamos trabajando en una plataforma de educación virtual, una aula virtual de la Defensoría, para que haya acceso permanente a material educativo. Es precisamente porque, al tener un funcionariado capacitado y sensibilizado, se disminuyen las posibilidades de que haya afectaciones a los derechos.
”Al tener una institucionalidad más robusta en el sentido de pensar en la persona en el centro, y no ver el atender a una persona como un martirio, sino entender que tenemos la obligación de atenderlas, las cosas cambian. El Estado cambia, y las mismas personas estarían más empoderadas y más dispuestas a participar.
”Nosotros insistimos en la necesidad de generar espacios de participación para que haya una participación ciudadana de alta intensidad, que estén involucrados en la reivindicación de sus derechos y en la toma de decisiones. Por eso estamos trabajando tanto con los jóvenes en este momento en un programa de defensorías juveniles.
“Es algo tan claro como cuando una empresa que brinda servicios públicos decide pedir un aumento en sus tarifas: que las personas vayan y reclamen para que no les suban de una vez un 200% o 300% la tarifa por no haber cumplido con su obligación de presentar anualmente un aumento más proporcional. Cuando no lo hacen y quieren tirar de una vez el 300%, si las personas no están ahí para hacer valer sus derechos, está la Defensoría.
”Pero entonces eso es lo que tenemos que promover: una cultura de mayor participación, de que el ejercicio democrático realmente sea de alta intensidad para que entonces podamos cambiar esta ruta en la que lamentablemente estamos de violación de derechos humanos y violencia, y volver a la forma en que debe ser. Es una apuesta importante de la Defensoría, pero es necesario".