El excandidato presidencial Álvaro Ramos trata de imponer su línea en el Partido Liberación Nacional (PLN), lo que ha generado molestia interna, mientras el Partido Pueblo Soberano (PPSO) impone una “red de cuido” en favor de funcionarios y exfuncionarios del gobierno.
En los días recientes, trascendieron hechos importantes en los dos partidos políticos con mayor representación legislativa en Costa Rica.
Lo del PLN es contradictorio. La agrupación se integró a un autodenominado “bloque democrático” que busca frenar cualquier avance autoritario, pero en casa el excandidato trata de que su tendencia sea la hegemónica.
Según reportaron los periodistas Lucía Astorga y Aarón Sequeira, de La Nación, Álvaro Ramos se reunió el lunes 24 de agosto con los diputados del PLN para pedirles que rechacen la reelección de Ricardo Sancho y Miguel Guillén en los cargos de presidente y secretario general de la agrupación.
El político les solicitó evitar que se repita lo que pasó en la elección de candidaturas a diputado, en la que resultaron electos tres aspirantes que no formaban parte de su línea política. Se trata de los actuales congresistas Salvador Padilla, Eder Hernández y Karen Alfaro.
Según relataron fuentes a los reporteros de La Nación, Ramos cuestionó la actuación y hasta la transparencia de los delegados verdiblancos por escoger a personas que contaban con el apoyo de su grupo.
¿No es ese el tipo de imposiciones que el bloque democrático pretende frenar? ¿Acaso no busca el bloque democrático respetar la independencia, el criterio propio y a las minorías?
Aunque los diputados Eder Hernández y Karol Alfaro no vieron con malos ojos lo dicho por Ramos en la reunión, lo ocurrido desató un fuerte repudio de parte del presidente del PLN, Ricardo Sancho.
Sancho afirmó que el PLN “no acepta dictadores ni concentración de poder, ni afuera ni adentro”.
Sostuvo que el Liberación de hoy “no tiene dueño” y se libró de las prácticas del pasado: “Hubo caudillo y liderazgos muy fuertes, pero eso es cosa del pasado”.
Ricardo Sancho argumentó que, para tomar decisiones, el PLN tiene mecanismos de participación democrática, como las asambleas distritales, la convención abierta, la paridad horizontal y las consultas territoriales.
Tejiendo la red de cuido
Por su parte, la mayor bancada del Congreso, la del PPSO, está tejiendo una “red de cuido” encargada de frenar cualquier investigación o rendición de cuentas sobre presuntas anomalías en el gobierno, tanto de la administración de Rodrigo Chaves como de la de Laura Fernández.
Gracias a la mayoría de 31 diputados, a menos de que ocurra algo imprevisto, la Asamblea Legislativa no investigará formalmente aparentes irregularidades del Poder Ejecutivo durante estos cuatro años. Esta ha sido la tónica en las comisiones especiales de Seguridad y Narcotráfico y de Control del Ingreso y el Gasto Públicos, presididas por el legislador evangélico Gonzalo Ramírez.
¿Qué puede hacer la oposición?
Esto no quiere decir que los diputados de oposición deban renunciar al control político. Les corresponderá ejercer esta labor mediante sus propias investigaciones o bien aprovechar momentos en que sus votos se coticen mucho (en los que se requieren 38 votos) para exigir al oficialismo la apertura de expedientes que permitan convocar comparecencias públicas.
En cuatro meses, por ejemplo, el PPSO ha rechazado investigaciones sobre:
- La deuda de $8,3 millones que una sociedad de Boris Marchegiani, nuevo embajador en ONU, lleva 12 años sin pagar al Banco Nacional (BN), amparado en un escudo judicial.
- Los cambios ejecutados en las policías de Control de Drogas (PCD), de Fronteras y Guardacostas, en el marco de los casos Némesis, Riverside, Leviatán o Clarividente, expedientes judiciales que han revelado presunta cooperación de la Fuerza Pública con organizaciones criminales.
- La declaratoria de secreto de Estado emitida para los temas de seguridad nacional.
- Un informe de inteligencia sobre 116 miembros de la Fuerza Pública que estarían vinculados con el crimen organizado
Lo que los oficialistas sí aceptaron fue investigar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el operativo que dio con la captura del presunto narcotraficante conocido como Diablo, un hecho que recrudeció la ofensiva del gobierno contra el Poder Judicial.