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Amparada en el músculo político de sus 31 votos, la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) está imponiendo una especie de “red de cuido” en la Asamblea Legislativa para impedir la apertura de cualquier investigación o que se obligue a rendir cuentas a los jerarcas del gobierno de Laura Fernández o de la administración anterior de Rodrigo Chaves.
Los principales bastiones de ese muro de contención creado por el PPSO para proteger a figuras cercanas al expresidente Chaves son las comisiones permanentes especiales de Seguridad y Narcotráfico y de Control del Ingreso y el Gasto Públicos. Ambas son lideradas por el diputado oficialista Gonzalo Ramírez.
De hecho, una de las primeras acciones tomadas por Ramírez al asumir el mando en la Comisión de Gasto Público, fue ordenar el archivo, de oficio, de una serie de expedientes de investigaciones que estaban abiertos en ese órgano parlamentario.
Entre las figuras beneficiadas por este blindaje figuran el exmandatario, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda; Boris Marchegiani, embajador designado del actual gobierno ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York; el exministro de Seguridad Mario Zamora; y el ex viceministro Manuel Jiménez Steller.
Pueblo Soberano también ha bloqueado mociones para exigir respuestas de Gerald Campos, actual ministro de Seguridad; Erick Lacayo, ex viceministro de esa cartera, y Marlon Cubillo, exdirector de Fuerza Pública.
Lo mismo ocurrió con la actual gobernante y otros de sus jerarcas, cuando la oposición propuso que respondieran por la declaratoria de secreto de Estado emitida para los temas de seguridad nacional.
Adicionalmente, todo pronunciamiento dirigido a censurar, cuestionar o llamar la atención a algún jerarca del Poder Ejecutivo ha caído en suelo infértil en el plenario legislativo. Lo mismo ha ocurrido con las comisiones investigadoras de las diferentes provincias y los órganos especiales que se han estado negociando entre oficialismo y oposición, tanto para estudiar reformas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como sobre el Poder Judicial.
La posibilidad de que Pueblo Soberano aplicara esta estrategia se vislumbraba desde que logró amarrar 31 diputaciones en las pasadas elecciones.
Sin embargo, los diputados chavistas del anterior periodo legislativo ya habían mostrado esa línea contra la supervisión y la rendición de cuentas cuando bloquearon, en dos ocasiones, el levantamiento de la inmunidad del entonces presidente.
Pese a contar con una cantidad mínima de diputaciones, la fracción liderada por Pilar Cisneros aprovechó sus alianzas con el Partido Nueva República y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como con legisladores desligados del Partido Liberación Nacional y del Partido Liberal Progresista (PLP), para impedir el desafuero.
La politóloga Carolina Ovares explicó que no necesariamente todo rechazo podría implicar una red de cuido. Recordó que, desde el inicio de este periodo, el PPSO había anunciado que no querían más comisiones.
Sin embargo, admitió que en comisiones legislativas como la de Seguridad y Narcotráfico se han dado múltiples rechazos a investigar o llamar jerarcas.
“Si el patrón se sostiene o se mantienen reiteradas negativas a fiscalizar al Ejecutivo, sí podría pensarse que estamos frente a una conducta de obstrucción y de rechazo al control político y la rendición de cuentas horizontal”, manifestó Ovares.
16 mociones rechazadas
Entre mayo y agosto pasados, la bancada de Pueblo Soberano ha utilizado su músculo político para rechazar u obstruir 16 mociones sobre diferentes temas.
Por ejemplo, entre el 16 y el 30 de julio, se rechazaron las propuestas de Salvador Padilla, del PLN, para exigir cuentas al embajador Boris Marchegiani. El exsecretario del PPSO fue el financiasta de las vallas publicitarias que exigían las renuncias de los “enemigos políticos” del chavismo, en marzo del 2025, entre ellos el exdiputado Rodrigo Arias, los magistrados Orlando Aguirre y Patricia Solano, y el fiscal general, Carlo Díaz.
Los oficialistas alegaron que los hechos señalados sobre una deuda de $8,3 millones que una sociedad mercantil de Marchegiani mantenía con el Banco Nacional (BN) y que llevaba 12 años sin pagar no ameritaban una investigación. Además, justificaron que se trata de un asunto que ya está en conocimiento de las autoridades judiciales.
Así lo defendieron los diputados Gonzalo Ramírez, Stephan Brunner, María Isabel Camareno, Antonio Barzuna y Cindy Blanco, en una nota difundida por el PPSO. Todos ellos son miembros de la Comisión de Gasto Público.
También se rechazó una moción de Sigrid Segura, legisladora del Frente Amplio (FA), para revisar las denuncias hechas por el exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge, sobre la intención que habría tenido Rodrigo Chaves de dar a la polémica firma mexicana Tradeco la concesión del proyecto para ampliar el tramo Barranca-Limonal, en la carretera Interamericana Norte.
En diciembre pasado, revelaciones de Monge y de Mónica Araya, expresidenta del INS, encendieron las alarmas sobre una aparente intromisión de Chaves en contrataciones del gobierno, pero también de Federico “Choreco” Cruz, exasesor presidencial, para que supuestamente se aceptaran inversiones de dudosa procedencia en el puesto de bolsa del INS.
Sin embargo, los chavistas rechazaron abrir la puerta a esas pesquisas. Más bien, lo primero que hizo Gonzalo Ramírez al tomar la presidencia de la Comisión de Gasto Público fue archivar ese expediente, en junio.
El analista político Daniel Calvo señaló que la negativa a investigar se podía vaticinar desde la conformación que logró la fracción oficialista.
“Cualquier moción de censuras o condenas, como se han visto en el plenario, se va a rechazar, porque tener mayoría les permite proporcionalmente la mayoría de todas las comisiones; también las de control político”, aseveró Calvo.
En cambio, el arsenal oficialista se ha dirigido hacia instituciones cuestionadas por el Ejecutivo, como las universidades públicas o el Poder Judicial.
Fuertes discusiones en la Comisión de Seguridad
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso ha sido escenario de fuertes desencuentros y numerosas mociones bloqueadas de parte del oficialismo.
Allí se rechazó, por ejemplo, una moción que exigía pedir cuentas al expresidente Chaves, así como al exministro Mario Zamora y al ex viceministro Manuel Jiménez Steller por los cambios operativos ejecutados en el pasado gobierno en las policías de Control de Drogas (PCD), de Fronteras y Guardacostas, en el marco de los casos Némesis, Riverside, Leviatán o Clarividente.
Estos expedientes judiciales han revelado presunta cooperación de la Fuerza Pública, en numerosas partes del país, con organizaciones criminales.
Una moción idéntica, pero que excluyó a Rodrigo Chaves, sí fue aprobada, el 30 de junio, pero no se ha ejecutado en dos meses. Incluso, fue revisada y rechazada el 6 de agosto, decisión que ahora enfrenta a los diputados Marco Badilla, del PLN, y Sigrid Segura, del FA, con el oficialista Gonzalo Ramírez, presidente de Seguridad.
El liberacionista Marco Badilla evitó calificar de alguna forma lo que están haciendo los oficialistas al rechazar todas las propuestas de investigación.
Sin embargo, enfatizó: “Los costarricenses tienen todo el derecho de conocer las razones que han motivado estas actuaciones policiales, no solo en la pasada administración sino también en la actual, y las personas responsables deben responder al respecto y dar una rendición de cuentas efectiva”.
El 11 de junio se aprobó una audiencia de Gerald Campos, ministro de Seguridad, para hablar sobre la seguridad y el impacto social de la situación de minería ilegal en Crucitas de Cutris, San Carlos, a instancias del liberacionista Eder Hernández. Hasta la fecha, esa sesión no se ha realizado.
En forma reciente, también se rechazaron propuestas para pedir cuentas a las autoridades por un informe de la inteligencia policial que señaló el posible vínculo de 122 oficiales de la Fuerza Pública con organizaciones criminales de la zona sur.
Los diputados del PPSO rechazaron las mociones del liberacionista Marco Badilla para exigir cuentas al ministro Campos y a los exjefes policiales por ese informe, en la sesión del 13 de agosto de la Comisión de Seguridad.
Igual suerte corrieron las mociones de Sigrid Segura, apoyadas por el PLN y el PUSC, para pedir explicación a la presidenta y sus jerarcas por el decreto de secreto de Estado sobre la información de seguridad del Ejecutivo.
La frenteamplista aseguró que, inicialmente, le daba el beneficio de la duda al PPSO, pero ahora considera que hay una línea hacia ocultar algunos intereses e imponer una red de cuido de las figuras del gobierno.
“Hemos insistido en investigar el uso de los recursos públicos en varios sentidos, pero no nos aprueban absolutamente nada”, cuestionó Segura, quien dijo que es mentira que los oficialistas quieran investigar el uso de los recursos públicos. “Es indefendible y lamentable su actitud”, añadió.
