Seguridad

Justicia ofrece a empresas públicas asumir plan de brazaletes

Licitación para adjudicar a firma privada falló por el alto costo

Luego de un intento fallido de adjudicar a una empresa privada el sistema de brazaletes electrónicos para reos, debido al alto costo, el Ministerio de Justicia cambió la ruta.

Ahora, esa cartera busca que una entidad pública asuma el proyecto con el fin de hacerlo más expedito y lograr un mejor precio (se estima que pasaría de $30 a $18 diarios por cada sentenciado que use dispositivo).

Para ello, Justicia contactó recientemente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a la Radiográfica Costarricense (Racsa), a Gobierno Digital y a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ((ESPH).

El Ministerio desistió de hacer una licitación y, en su lugar, realizará una contratación directa una vez que conozca las posibilidades que tiene cada una de las instituciones.

Además, el proceso ya no se hará con recursos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sino que, los $1,5 millones destinados para ese fin, ahora serán empleados en la construcción de 200 nuevos espacios carcelarios (el Ministerio prevé que en el 2017 tendrá tres grandes proyectos para un total de 1600 cupos).

El costo de los dispositivos electrónicos se cubrirá con presupuesto ordinario.

Alejandro Redondo, oficial mayor de Justicia, explicó que, además, quedó atrás la idea de ejecutar un plan piloto con 200 presos.

“Eso se iba a hacer con el préstamo BID y este tiene reglas de contratación distintas a las del Gobierno costarricense. Si se hubiera seguido, no se garantiza la trazabilidad porque la empresa adjudicada no hubiese podido seguir si no pasaba por otro proceso de contratación con recursos del Ministerio”, detalló.

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En cambio, el sistema arrancará de lleno con entre 100 y 150 brazaletes. Los primeros en portarlos serán 60 condenados a quienes un Tribunal ya les avaló usar el aparato para cumplir las penas fuera de prisión.

Se proyecta hacer la adjudicación en setiembre y colocar las primeras pulseras en noviembre.

El uso del dispositivo está permitido desde el 2014 por la Ley sobre los Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal (N.° 9271). Empero, Justicia no ha podido implementar la estructura necesaria.

En noviembre pasado, la contratación a una compañía privada fracasó porque la única que cumplió los requerimientos presentó una oferta económica de $3,4 millones, es decir, más del doble de la cifra asignada.

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Mejora. Redondo consideró que la contratación a una entidad estatal tendrá beneficios porque se cobijaría bajo la directriz del Gobierno N° 023-H, la cual establece austeridad en el gasto público y administración de recursos de manera eficiente y eficaz.

Resaltó que los rendimientos que genere la institución que dé el servicio se van a invertir en el mismo Estado costarricense.

Sobre la experiencia de las empresas en este ámbito, el funcionario respondió que carecen de esta por ser la primera vez que se plantea aplicar el sistema en nuestro país.

No obstante, destacó que la compañía que asuma el proyecto comprará los aparatos a un proveedor extranjero y solo ejecutará la programación y el monitoreo para emitir las alertas.

En ese sentido, señaló, los brazaletes usarán dispositivos GPS (de localización global) que ya son empleados, por ejemplo, en vehículos. Además, dijo que el sistema es similar a la telefonía y que las firmas cuentan con la infraestructura.

En proceso. De momento, las instituciones contactadas están preparando los informes sobre su capacidad para entregarlos al Ministerio de Justicia.

La ESPH indicó ayer que tiene competencia para prestar servicios en telecomunicaciones e infocomunicaciones otorgada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), y que esto abarca el de brazaletes.

Añadió que, en caso de ser elegida, trabajará apegada a los requerimientos y tomará las medidas para asegurar el éxito y minimizar los riesgos.

La compañía declinó dar más información para proteger la confidencialidad de los eventuales clientes.

Por su parte, el ICE comunicó que solo su subsidiaria Racsa participará. No obstante, esta última dijo no tener mayores detalles de los requisitos.

Con respecto a Gobierno Digital, el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcelo Jenkins, estaba fuera del país e indicó que hoy podría referirse al tema.