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La Contraloría General de la República confirmó a la Empresa de Servicio Públicos de Heredia (ESPH) como la entidad responsable de poner a funcionar el plan que permite usar brazaletes electrónicos en reos que están fuera de una prisión, pero que tienen restricción de los movimientos.


El diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, le pidió a la Contraloría General de la República investigar “ a fondo” la adjudicación del proyecto de brazaletes electrónicos para reos, porque tiene “serias dudas” sobre el procedimiento usado.