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En los últimos tres años se han descubierto 356 tomas ilegales a lo largo de los 533 kilómetros de tubería del poliducto de Recope.
Mediante esas tomas, se han robado unos 12 millones de litros de combustible con un valor de ¢6.000 millones. Solo en el 2017 la cifra fue de ¢1.537 millones.
Debido al alto costo, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) buscará incluir el hurto de carburantes en sus tarifas, es decir, que quienes pagarán serán los compradores finales. Lo incluiría como parte de sus costos de operación.
La solicitud fue planteada a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, (Aresep) y la audiencia pública para conocer la gestión se realizará el lunes 10 de junio.
El peso del problema en las finanzas de Recope se agravó el año pasado, cuando el Instituto Nacional de Seguros (INS) decidió dejar de incluir el robo de combustible en la póliza vigente (del 30 de junio del 2018 al 30 de junio del 2019).
La principal justificación del Instituto es que las sustracciones dejaron de tener carácter accidental.
En los primeros 150 días de este año, por ejemplo, se registraron 106 saqueos según informes de la Refinadora.
Al inicio, la mayoría de golpes se daban en el tramo Limón-Siquirres; sin embargo, se han extendido a sectores como Siquirres-Turrialba, Alto de Ochomogo y La Garita-Barranca.
Frente a estas circunstancias, es que la Refinadora optó por incluir el hurto como una partida de la cuenta “otros gastos” de su Estado de Resultados.
Por el momento, Aresep dijo que no se referirá a la petición por estar pendiente la audiencia pública.
La Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (N.° 7593) dispone en el artículo 31 que toda petición de los prestatarios sobre tarifas y precios debe estar justificada y que no se aceptarán como costos de las empresas reguladas, las erogaciones innecesarias o ajenas a la prestación del servicio público.
Uno de los parámetros que la Aresep valorará tiene que ver con la forma en que otras entidades de servicios públicos cubren los robos, por ejemplo de electricidad y agua potable, por la vulneración que muchas personas hacen de las redes energizadas y acueductos.
Vigilancia difícil
En Recope indican que los robos persisten, pese a que aumentaron las medidas de vigilancia del poliducto y a la coordinación de acciones con la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Por esa razón, trabaja en un texto de un proyecto de ley para incrementar las sanciones por ese delito, que actualmente se tipifica como robo agravado, con penas que van desde los cinco hasta los 15 años de cárcel.
También pidieron al Ministerio de Seguridad valorar si es posible crear un cuerpo policial exclusivo para la custodia del oleoducto.
En ese sentido, Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública, dijo que de momento no ve ninguna posibilidad. “No es posible, porque eso significaría sacar un grupo de policías y destinarlo solo al poliducto. Eso tendría un impacto muy alto en términos de personal, presupuesto y tiempo”.
Según Calderón, ellos incluyen en sus patrullajes normales las áreas del poliducto, principalmente en las zonas de riesgo de las diferentes regiones por donde pasa. Las patrullas atienden con respuesta inmediata cualquier incidente, pero se les ha hecho ver que Recope debería hacer mayor inversión en seguridad privada y tecnología.
“A veces la Fuerza Pública ha sorprendido en sus patrullajes a gente robando combustible del poliducto”, recordó.
Alejandro Muñoz, presidente ejecutivo de la Refinadora, recordó que esas acciones también ponen en riesgo la vida de muchas familias de poblaciones cercanas al poliducto, pues las tomas incluyen perforaciones de tubos empleando instrumentos como esmeriles, que generan chispas y pueden ocasionar incendios de grandes proporciones.
