Las penas de hasta 15 años de cárcel a quienes sustraigan combustibles del poliducto de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), no parecen amedrentar a un grupo que la madrugada de este martes estuvo a punto de ser capturado por oficiales de la Fuerza Pública.
De acuerdo con Hannia Cubillo, subdirectora Regional de Cartago, a las 9:34 p. m. del lunes, se recibió en la delegación de Turrialba una información en el sentido de que en el distrito La Isabel, en la zona montañosa cercana al poliducto, habían varias personas con combustible.
De inmediato se mandó una patrulla, que al llegar encontró abandonadas 24 pichingas llenas y 24 vacías. Cada una con capacidad de 20 litros.
Sin embargo, pese a las rondas de búsqueda que se extendieron hasta la madrugada, los sujetos escaparon en medio de la oscuridad.
La Policía tampoco encontró el camión en el que aparentemente se iba a cargar el combustible hallado.
De inmediato se alertó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se hizo cargo de lo encontrado y lo entregó a Recope.
Como no hay detenidos, la Refinadora no interpuso ninguna denuncia ante el OIJ, por lo que no se siguió con el caso.
Ley protege oleoducto y ambiente
Desde el 16 de junio entró en vigencia la ley que la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate el 26 de mayo de este año y que castiga hasta con 15 años de cárcel a quienes atenten contra el poliducto con el objetivo de sustraer combustibles.
Se trata de la Ley para Sancionar el Apoderamiento y la Introducción Ilegal de los Combustibles Derivados del Petróleo y sus Mezclas (N.° 9852).
Esa normativa tiene como fin fortalecer la lucha contra ese flagelo que afecta una infraestructura pública estratégica para el país.
Los constantes cortes, perforaciones y tomas ilegales que utilizan los delincuentes para apropiarse del combustible trasegado, causan daños al medio ambiente y ponen en riesgo a las comunidades aledañas en zonas rurales y urbanas por las que pasa el oleoducto.
Según los registros de Recope, del 2016 a marzo del 2020 se robaron 16.702.000 litros de diversos combustibles, cuyo valor estimado asciende a ¢8.500 millones (precio en el plantel con impuestos).
Aunque se dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley en un plazo máximo de seis meses a partir de su vigencia, deja claro que la falta de reglamentación no impedirá su aplicación ni su obligatoria observancia.
El robo de hidrocarburos y sus derivados se castiga con cárcel de cinco a 15 años, mientras que el transporte y la distribución ilegal de hidrocarburos será castigado con cárcel de uno a cuatro años.
La ley también dispone cárcel de seis meses a cuatro años contra quien cause cualquier daño al sistema nacional de combustibles y si el acto ocasiona un derrame la pena irá de cuatro a seis años.
Entre las comunidades afectadas por la contaminación de fuentes hídricas el año pasado estuvieron Siquirres y Pacuaritos. luego de que vándalos cortaron la tubería.
En adelante se dispone cárcel contra la complicidad de quien, aún sin haber tomado parte en vulneración del oleoducto, pero a sabiendas de su origen ilícito reciba, oculte o almacene combustibles.
Los funcionarios o servidores públicos que participen directa o indirectamente ayudando o no denunciando las conductas ilícitas se exponen a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas de 1 a 5 años.
Los robos en el poliducto han sido perpetrados en su gran mayoría por grupos organizados.
