La iniciativa impone 15 años de prisión a quien robe combustibles, derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos manejados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Esta sanción es igual a la que impone el artículo 213 del Código Penal para el delito de robo agravado.

Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) y presidenta de la Comisión de Ambiente, sostuvo que el proyecto resolvería un vacío legal dado que en la actualidad no existe una sanción específica para esos delitos.

Al respecto, Gustavo Viales, legislador del Partido Liberación Nacional (PLN), explicó que, ante el vacío, los tribunales procesan a los sospechosos según lo establecido por el Código Penal para los delitos de robo simple o robo agravado.

El artículo 212 del Código fija penas diferenciadas para el robo simple. Según la fuerza con que se comete el robo, las penas oscilan entre seis meses y nueva años de cárcel. Además, impone sanciones económicas, según el monto de lo sustraído.

Mientras tanto, el robo agravado, contemplado en el artículo 213 de dicha normativa, se castiga con prisión de cinco a 15 años.

“Ahora las autoridades tienen herramientas jurídicas tanto las jurisdiccionales como policiales para decomisar y sancionar”, aseveró Viales.

Por su parte, Vega indicó que el robo de combustible no solo genera un problema grave a las finanzas del Estado, "sino que pone en riesgo a las poblaciones por un posible derrame de esos líquidos y también está financiando el crimen organizado”.

El robo de combustibles generó ¢1.152 millones de pérdidas al Estado en el año 2018. De acuerdo con las autoridades, al menos 10 organizaciones delictivas se dedican a robar esos líquidos del poliducto de Recope.

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Con la nueva ley, la sanción por robo de combustibles se agravaría en un tercio si el robo pone en peligro la salud o la vida de alguna persona, si genera daños ambientales, si fuese para el crimen organizado o implique a algún funcionario público.

También, se aumentarían en la misma proporción las siguientes penas contenidas en el proyecto:

- Daño al Sistema Nacional de Combustibles: de seis meses a cuatro años de prisión.

- Derrame por daño al Sistema Nacional de Combustibles: de cuatro a seis años de prisión.

- Transporte y distribución ilegal de combustibles: de uno a cuatro años de prisión.

- Importación ilegal de combustibles e hidrocarburos: de tres a cinco años de prisión.

- Apoderamiento, alteración o manipulación ilegítima de marcadores de hidrocarburos: de uno a tres años de prisión.

- Apoderamiento, alteración o manipulación ilegítima de sistemas e instrumentos de control: de tres a ocho años de prisión.

- Receptación de combustibles obtenidos de forma ilegal: de uno a cinco años de prisión.

- Favorecimiento ilegal: Pena de dos a cinco años de prisión para quien, conociendo el origen ilícito de procedencia, destine, autorice, tolere o facilite bienes muebles o inmuebles para la sustracción, apoderamiento, adquisición, almacenamiento, transporte, conservación, tenencia, venta, ofrecimiento, suministro o comercialización de combustible obtenido ilegalmente

- Disposición ilegal: de tres a cinco años de prisión para quien compre, venda, distribuya o comercialice combustible exonerado para uso pesquero a personas no beneficiadas legalmente por esa exoneración; la pena aumentará un tercio si se vende para narcotráfico o piratería

- Disuasión e intimidación: de tres a cinco años a quien, por cualquier medio, intimide o disuada a otra persona para evitar la denuncia, el testimonio, la investigación, la promoción y el ejercicio de la acción penal o el juzgamiento de las actividades delictivas descritas en dicha ley

Respaldaron la iniciativa en su primer debate 15 diputados del Partido Liberación Nacional (PLN); nueve del Partido Acción Ciudadana (PAC); seis del Partido Restaurarión Nacional (PRN); y cuatro del bloque Nueva República.

Otros legisladores que votaron a favor fueron tres del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); dos del Partido Integración Nacional (PIN), dos del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC); uno del Frente Amplio (FA) y tres independientes.

Esfuerzos

La diputada Paola Vega explicó que el texto unifica esfuerzos de la comisión de Ambiente y de la comisión de Seguridad y Narcotráfico que discutía un proyecto para castigar la importación ilegal de hidrocarburos.

Vega destacó la creación de un grupo interdisciplinario con diputados de ambas comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y cámaras empresariales.

“Tenemos un texto suficientemente fortalecido desde lo técnico y suficientemente consensuado que, básicamente, lo que hace es crear nuevos tipos penales para sancionar actividades ilícitas de apoderamiento ilegal de combustibles derivados del petróleo, y sanciona y crea nuevos tipos penales para la introducción ilegal combustibles de derivados del petróleo con sus agravantes”, explicó la legisladora.

Aseveró que, además de resolver el vacío legal y que el Estado tutele mejor sus oleoductos y combustibles, el plan procura evitar masacres como las que ocurren en otros países por el robo de estos productos y las explosiones.

Cambios de forma

El plan aprobado en primer debate es el mismo que dictaminó, en febrero, la Comisión de Ambiente, el cual contiene el concepto de “derivados de combustibles” en vez del de “hidrocarburos” que estaba planteado en una versión de texto sustitutivo.

Los diputados Vega y Viales comentaron que volver al texto anterior fue un requerimiento planteado por varias cámaras empresariales y por Recope.

Vega señaló que la intención era lograr una mayor precisión en el texto "y para que no se interpretara que estaríamos habilitando a Recope a incursionar en otros tipos de combustibles que no son los que la ley hoy le autoriza”.