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El conflicto por las tierras ocupadas por personas no indígenas en Cabagra llevó a la quema de una vivienda la tarde del viernes y obligó a movilizar a oficiales de la Fuerza Pública a esa región en Buenos Aires de Puntarenas, en la zona sur de nuestro país, donde desde años atrás existe hostilidad entre indígenas y no indígenas.
La quema fue responsabilidad de un grupo indígena que denuncia violaciones de los derechos humanos, violencia psicológica y racista, amedrentamiento y hostigamiento, por parte de un hombre de apellidos Pérez Jiménez. A este último, la Coordinadora de Lucha Sur Sur le achaca haber disparado al aire y haber amenazado de muerte a la familia Sandí Morales, del clan Duri Wak, así como irrespetar las medidas cautelares de no acercarse a esa familia que lo denunció judicialmente.
La familia Sandí Morales afirma que el desalojo de Pérez Jiménez, de una propiedad ubicada 600 metros al suroeste de la Escuela de Las Juntas de Cabagra, es respaldada por el Concejo Iríria Sätkök, organización propia del pueblo bribri que habita dicho territorio.
Agregan que la recuperación se inició el 28 de abril del 2021, día en el que 104 hectáreas regresaron a manos del pueblo bribri. Con el desalojo de Pérez estiman que debe aumentar la protección para la familia bribri.
Piden el acompañamiento de la Fuerza Pública en el lugar y que el Poder Judicial, teniendo conocimiento de las denuncias públicas y judiciales interpuestas por personas que pertenecen a la familia Sandí Morales, haga respetar y cumplir las medidas cautelares contra Pérez, así como la ejecución del desalojo administrativo en su contra.
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La defensa de las tierras ha llegado a extremos tales que el año pasado un integrante de la familia Sandí Morales, de 30 años, fue detenido por la Policía Judicial en Buenos Aires como sospechoso de balear dos veces en el brazo a otro miembro indígena con el que tiene disputas, identificado como José Lupario Mayorga. Luego hubo dos allanamientos por parte de oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fiscales y la Fuerza Pública en Cabagra, en busca de armas de fuego.
Ánimos caldeados
Por su parte, allegados del desalojado también acudieron a redes sociales para decir que un grupo de indígenas invasores atacó a la familia de Pérez Jiménez y sus trabajadores indígenas en Las Juntas de Cabagra, violando el debido proceso.
Agregan que además de quemar la casa, destruyeron corrales a vista y paciencia de los policías presentes, por lo que han convocado a fuerzas vivas de los territorios indígenas y el resto del cantón para una movilización y cierre de carreteras.
Ante estos hechos, el Gobierno hizo un llamado al cese a la violencia en Cabagra, ya que esas acciones ocasionan un ambiente hostil, que impide avanzar con los mecanismos legales establecidos. Afirman que, mediante la Directriz N.° 003-MJP se instauró la Mesa Técnica Interinstitucional para tratar los temas indígenas, con un plan para las recuperaciones de territorios en manos de personas no indígenas.
Además, se está a la espera del texto íntegro del fallo de la Sala Constitucional, (N.° 2022-024725) que permitirá al Gobierno iniciar la investigación, alcances y dimensiones para realizar ajustes al plan de recuperación acordado. La administración insistió en evitar daños materiales y humanos por causa de esos conflictos y en el diálogo para reestablecer el orden y la sana convivencia.
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