Una maleta con comida para niño como cereal y colados confirma intención de una pareja por secuestrar el jueves anterior a menor de dos años y tres meses, en Santa Ana de San José.
Así lo confirmó este viernes en la tarde, Wálter Espinoza Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien agregó que para las autoridades la intención de los sospechosos detenidos era mantener privado de su libertad al menor para, posteriormente, cobrar algún rescate económico.
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Para Espinoza se trata de un plan preestablecido para cometer un delito de secuestro. “Este no es un grupo que anda azarosamente secuestrando menores, en la calle. Es un grupo que definió y eligió un objetivo que de acuerdo a su perspectiva podría resultarles de interés económico”, afirmó.
Lo anterior permitió al jerarca policial a descartar de que los implicados formen parte de alguna banda dedicada al robos de niños que caminen por la calle, ya que ninguno de ellos tiene nexos con la trata de personas.
Aunque por el momento solo se tiene a la pareja como únicos sospechoso de cometer este delito, para el OIJ no descarta que en este caso se cuente con la participación de otras personas.
Los sospechosos son una nicaragüense de apellido Oporta, de 22 años, y un francés apellidado Mirc, de 38, quienes deberán descontar tres meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación bajo el expediente 18-031298-0042-PE.
Oporta ingresó a Costa Rica en el 2008 y tiene la condición de residente en el país. Es originaria del departamento de Boaco, en Nicaragua, está soltera y tiene como lugar de residencia Quebradilla de Cartago. Durante el 2018 no registra movimientos migratorios.
Por su parte, Mirc tiene entradas y salidas del país desde el 2005. Este año tiene un ingreso el 8 de abril por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, luego una salida el 20 de junio a Estados Unidos y regresó el 10 de julio procedente de España.
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Sospechosos dedicados a bienes raíces
El director del OIJ detalló que este viernes a las 2 p. m. se allanó el apartamento en el que vive la pareja detenida, ubicado en La Uruca, San José, con el objetivo de localizar indicios para el caso.
“Localizamos el documento del arrendamiento del automóvil utilizado el jueves, pertenece a una empresa dedicada a rentar carros. También ubicamos cilindros de gas que se usan para cargar las armas no letales que encontramos en el carro el jueves”, precisó Espinoza.
Según los datos recolectados por las autoridades, Mirc y Oporta pagaban $800 mensuales de alquiler por el inmueble donde habitaban y ambos se dedicaban al negocio de bienes raíces.
Ellos mantenían una relación de pareja y ninguno registraba antecedentes.
Por otra parte, Espinoza explicó que todavía está pendiente determinar cómo los sospechosos encontraron información que les permitiera obtener datos sobre la familia, tomando en cuenta que hasta ahora no se ha encontrado ningún tipo de relación entre los sospechosos y las víctimas.
El caso
Los hechos que se investigan se registraron el jueves a las 8:45 a.m. en calle La Chispa (también conocida como Gavilanes), en Pozos de Santa Ana, cuando el padre se dirigía a un centro educativo a dejar al menor.
El establecimiento está situado a unos 800 metros de distancia de la vivienda de los afectados, también en ese cantón josefino.
De acuerdo a lo establecido por agentes judiciales, el padre viajaba solo y el niño iba en el asiento trasero en una silla de seguridad para bebés.
Los implicados simularon un retén policial con el objetivo de detener el carro y lograron que el padre, quien conducía, bajara la ventana.
“Los secuestradores tenían el carro estacionado con un cono, vestían camisetas negras sin ningún signo o descripción de Policía. Aparentemente, el hombre se aproxima, le pide los documentos, como la cédula de identidad, y aprovecha para rociarle el gas al señor, al tiempo que la mujer sacaba al niño por la puerta de atrás”, mencionó Espinoza.
Los imputados huyeron en un automóvil con el menor, pero el padre les dio seguimiento en su vehículo. A dos kilómetros del sitio del secuestro, este último les dio alcance y los colisionó.
De esta forma, el hombre logró rescatar a su hijo y las autoridades concretaron la captura de los sospechosos, en cuyo vehículo se encontraron dos armas no letales (pistolas de balines), una sandalia para bebé y tres camisetas que dicen Policía con letras blancas.
Espinoza reiteró que los indicios que han recolectado les hacen presumir que lo ocurrió es un secuestro extorsivo.
“Tenemos que reconstruir los escasos minutos que duró la sustracción del menor y tratar de establecer algunas circunstancias adicionales. Algún contacto, un tercero participante, alguien con interés, algún sujeto cercano a la familia que hubiese podido filtrar información porque en general estos delitos requieren pensamiento, planificación y la toma de decisiones que no puede ser inmediata, sino que requiere de articular acciones para que se alcance el fin, que es el secuestro”, concluyó.
El Código Penal en el artículo 215 bis, establece que el secuestro de una persona menor de 12 años será reprimido con prisión de 10 a 15 años “quien sustraiga del poder de sus padres, guardadores, curadores, tutores o personas encargadas a una persona menor de doce años de edad o a una persona que padezca de una discapacidad que le impida su defensa”.
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Información actualizada a las 6:09 p. m. con más datos del caso.